Hay que recordar que las autoridades de la Argentina aceptaron el pedido de la UE, pese a que desde las distintas organizaciones rurales cuestionarion la medida ya que en el futuro podría limitar la colocación de productos en ese mercado.
El ministro brasileño le entregó el miércoles una carta al comisario europeo para la Agricultura y el Desarrollo Rural, Januz Wojciechowski, pidiendo la suspensión de la ley antideforestación y "la revisión del abordaje punitivo a los productores". Según Fávaro, el comisario europeo le "relató que tiene problemas en el bloque" por esa ley, puesto que varios países miembros han pedido un aplazamiento de la aplicación de las medidas.
La ley de deforestación entra en vigor a fin de año
"Para evitar un impacto en nuestras relaciones comerciales, solicitamos que la UE no implemente la normativa a partir de finales de 2024 y que revise urgentemente su abordaje sobre el asunto", afirma la carta.
La normativa comunitaria, aprobada en 2023 y que entrará en vigor el próximo diciembre, pretende evitar que las importaciones de la UE de ciertas materias primas y productos derivados, como el aceite de palma, el vacuno, la soja, el café, el caucho, la madera o el chocolate, causen deforestación en los países exportadores.
La legislación establece que los exportadores de terceros países que quieran colocar sus productos en la UE tienen que atender una serie de complejos procedimientos de verificación para comprobar que su producción no proviene de áreas desforestadas. Según el Gobierno brasileño, la complejidad de las exigencias hace inviable las exportaciones brasileñas, especialmente las de pequeños y medianos productores. Por ese motivo, Brasil considera la normativa como "unilateral" y "punitiva", y asegura que puede afectar hasta a la tercera parte de sus exportaciones.
La EUDR requerirá que las empresas importadoras demuestren la trazabilidad de estos productos mediante datos de geolocalización proporcionados por los agricultores y corroborados con imágenes de satélite. Esta medida pretende asegurar que los productos no procedan de áreas deforestadas, pero generó preocupación entre varios países y sectores que temen por sus exportaciones y la viabilidad de cumplir con los requisitos.
En junio de este año, Estados Unidos también solicitó a la UE el retraso en la implementación de la ley, y en septiembre de 2023, un grupo de 17 países, que incluye 11 latinoamericanos, tres asiáticos y tres africanos, advirtió sobre las repercusiones negativas de la normativa.
Fuente: EFEAgro.
