La declaración de emergencia comprenderá a más de 190 productores y alrededor de 230 establecimientos, sumando más de 1.900 hectáreas productivas afectadas por los fenómenos climáticos.
La medida se extenderá por un año y durante ese periodo, se dispuso eximir, total o parcialmente, a los productores de las actividades afectadas del pago del impuesto inmobiliario de inmuebles rurales y sub rurales, y del impuesto a los automotores.
Weretilneck solicitó en el decreto la adopción de igual decisión en el orden nacional ante la Comisión Nacional de Emergencia y Desastre Agropecuario (CNEYDA), que dará a los productores la posibilidad de tener otros beneficios de organismos nacionales. La información oficial, detalla que el daño fue evaluado mediante informes y relevamientos realizados por el área de Fiscalización de la Secretaría de Fruticultura, del Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo de Río Negro.