Intervención en SanCor: la Justicia tomó el control de las decisiones económicas
Desde ahora, los directivos de SanCor no podrán decidir solos sobre movimientos financieros o contables. ¿Intervención para salvarla de la quiebra?
La crisis de la histórica cooperativa láctea SanCor sumó ayer un nuevo capítulo clave. El juez a cargo del concurso preventivo de la empresa, Marcelo Gelcich, resolvió la intervención de la compañía y designar una coadministradora judicial con amplias facultades de administración, representación y auditoría. La medida apunta a reforzar el control sobre el manejo de la firma, que atraviesa un delicado proceso concursal desde febrero pasado, en medio de fuertes cuestionamientos por la falta de información, deudas salariales y denuncias sobre presuntas irregularidades laborales y contables.
Gelcich, magistrado del Juzgado Civil y Comercial de Rafaela, Santa Fe, nombró para ese rol a la contadora Lucila Inés Prono, quien deberá presentarse dentro de las próximas 24 horas para aceptar formalmente el cargo. La designación tendrá una vigencia inicial de 60 días, prorrogables, y si bien no implica una intervención total, sí limita de manera sustancial la autonomía de los actuales administradores de la empresa.
Un control compartido con la Justicia
En un escrito judicial de diez páginas, el juez explicó que, a diferencia de una intervención plena, SanCor no perderá el control ni la dirección formal de la compañía. Sin embargo, aclaró que desde ahora sus administradores “ya no pueden decidir solos”. En ese sentido, estableció que cualquier acto con impacto económico o contable deberá contar con la firma conjunta de la coadministradora judicial, bajo apercibimiento de nulidad. “Sin esta participación, los actos de la empresa serán considerados nulos”, remarcó Gelcich.
La resolución se apoya en el artículo 17 de la Ley de Concursos y Quiebras, que habilita al juez a desplazar o limitar a la administración de una empresa cuando se detectan ocultamiento de bienes, omisión de información requerida o actos que perjudiquen de manera evidente a los acreedores. Días atrás, el magistrado ya había intimado a SanCor a presentar documentación clave, advirtiendo que, de no hacerlo, avanzaría con una medida de este tipo.
Según surge del fallo, tanto la Sindicatura como el Comité Provisorio de Control informaron problemas graves y reiterados en la conducta de la empresa. Entre los puntos más sensibles, se destacó la ausencia de información clara sobre el funcionamiento real de las plantas industriales ubicadas en Sunchales, Gálvez, Devoto y otras localidades. Tampoco se habrían brindado datos precisos sobre contratos con terceros, niveles de producción, modalidades de comercialización, montos cobrados ni el destino de esos fondos.
La coadministradora tendrá facultades de administración, representación y auditoría en forma conjunta con los órganos naturales de la concursada. Además, contará con el apoyo de hasta seis auxiliares especializados, entre ellos técnicos en lechería, informáticos, abogados y contadores, con el objetivo de lograr un control integral y efectivo sobre la operatoria de la empresa.
Deudas salariales, denuncias laborales y pedidos de quiebra
El conflicto laboral es otro de los ejes centrales que explican la decisión judicial. El Comité Provisorio de Control informó que SanCor adeuda sueldos desde junio de 2025 y el aguinaldo completo correspondiente al presente año. A esto se suman denuncias sobre el presunto uso de recibos de sueldo con datos falsos, lo que habría tenido como finalidad evadir aportes a la seguridad social.
Desde la apertura del concurso preventivo, los trabajadores enviaron alrededor de 3800 telegramas reclamando el pago de salarios adeudados, una cifra que refleja la magnitud del conflicto interno y la tensión social que atraviesa la cooperativa. En este contexto, el juez consideró imprescindible avanzar con una herramienta que permita un seguimiento más estricto de la situación económica y laboral de la firma.
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La láctea atraviesa una profunda crisis financiera, con deudas salariales y múltiples pedidos de quiebra.
La resolución judicial también le otorga a la coadministradora amplias atribuciones operativas. Podrá ingresar a todos los inmuebles donde funcione SanCor o donde se desarrollen actividades vinculadas a su proceso productivo, requerir el auxilio de la fuerza pública, solicitar habilitación de feria judicial, intimar la entrega de documentación a la empresa, a sus dependientes y a terceros, y requerir información o instrucciones a la Sindicatura para el mejor desempeño de sus funciones.
Gelcich aclaró que la medida no busca reemplazar a la administración actual, sino “disponer un control real y efectivo” que permita encauzar el proceso concursal y resguardar los intereses de los acreedores. No obstante, el escenario sigue siendo complejo: SanCor enfrenta varios pedidos de quiebra, entre ellos uno presentado por el gremio Atilra, que solicitó esa instancia con continuidad de la explotación para preservar las fuentes de trabajo.
En ese marco, la intervención parcial mediante una coadministración judicial aparece como un intento de la Justicia por ordenar una situación cada vez más crítica y ganar tiempo para evaluar si la histórica láctea puede evitar un desenlace definitivo.
