En cuanto a los argumentos técnicos, hay un informe que se elaboró la semana pasada y fue revisado por veterinarios de toda la provincia y ya recibió la aprobación para ir contra los argumentos del SENASA. Insistirán, entre otras cosas, que no es cierto que el riesgo de propagar la aftosa es “ínfimo” si se abre la barrera, porque si así fuera, ya hubieran dejado de vacunar en el resto del país.
Desde lo legal, por un lado, van a apelar a disposiciones de la Ley Bases, impulsada por el Presidente Javier Milei, y por otro lado a una resolución de SENASA del año pasado que estipula que, en caso de aplicarse modificaciones a sus regulaciones, se deben hacer consultas públicas internas y también internacionales. Argumentan que esos requisitos no se cumplieron y ya tienen redactado un recurso de amparo.
La situación fue analizada ayer en una reunión de representantes de las sociedades rurales, convocada por la presidenta de la Federación de Sociedades Rurales de Río Negro, Nora Lavayén.
Una de las bases de la ofensiva legal es la Resolución 756/2024 del SENASA, titulada “Programa de Reordenamiento Normativo del citado Servicio Nacional”. En esa normativa se estipula que “todos los proyectos normativos deben seguir el procedimiento de consulta pertinente”, y que cada nueva resolución, una vez confeccionada con todos sus requisitos técnicos, “debe ser puesta en consulta interna a través de la Coordinación General de Comunicación Institucional, con copia a la Coordinación de Documentación e Información al Ciudadano de la Coordinación General de Gestión Documental, dependiente de la Dirección General Técnica y Administrativa, la que tendrá un plazo de hasta DOS (2) días hábiles para enviar una comunicación directa a todo el SENASA, indicando la apertura de dicha consulta y la temática del proyecto en cuestión”.
Barrera sanitaria, a consulta
La otra fuente argumental es la Ley 19.549 de Procedimiento Administrativo, que, luego de la Ley Bases, incorporó el artículo 8º bis, el cual establece: “En los casos en los que la ley exija la participación de usuarios y consumidores en cuestiones tarifarias y de regulación de servicios públicos, deberá realizarse un procedimiento de consulta pública”.
Javier Perrote es productor y abogado, además de integrante de la Sociedad Rural de Guardia Mitre. Actualmente es uno de los asesores legales de los ruralistas de la provincia. Está elaborando un borrador de presentación judicial para impugnar la Resolución 180/25, en el cual, entre otros puntos, detalla las diferencias de costos que existen en la producción de carne entre la Patagonia y el resto del país, y las fallas del Gobierno, como la falta de consulta pública nacional e internacional. Estas deficiencias podrían llevar, según explica, “a un juicio muy largo en el tiempo, donde se mantendría intervenida la resolución hasta que se agoten todas las instancias legales”.
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Nora Lavayén (derecha) es una de las que impulsa la iniciativa judicial.
Para preparar su escrito, también tuvo en cuenta que una resolución —como la N.º 180— no puede contradecir una ley, ya que esta última tiene un rango normativo superior. “Las leyes nacionales dicen que hay que generar una campaña de lucha para la erradicación de la fiebre aftosa. A mí me suena que el terreno ganado —la Patagonia libre de aftosa sin vacunación— es un terreno que no hay que liberar. Estás legislando en contra de una ley nacional desde una resolución chiquita, de un organismo que, si bien no es menor, es un servicio público nacional. No podés legislar en contra de la ley nacional, y esa es nuestra interpretación. Están queriendo intervenir un mercado con una resolución de política sanitaria animal, y no cuadra”, expresó en una entrevista al portal Abriendo Tranqueras de Río Colorado.
Sostuvo que “se olvidaron de hacer la consulta pública, y la consulta pública está dentro de una resolución administrativa del SENASA”. Agregó, en tren de recopilar argumentos a favor de la postura de los patagónicos, que “la Ley de Bases incorporó el artículo 8º bis a la Ley de Procedimiento Administrativo, y ese artículo obliga a todos los servicios del Estado nacional a hacer consulta pública cuando emitan alguna normativa de estas características”.
La estrategia parece ser tomarse las cosas con calma, ya que entienden que “si no la derogan (la flexibilización), seguiremos con los recursos legales que hagan falta, y lo tendrá que definir en última instancia la Corte. Ahora, para cuando lleguemos a la Corte, van a pasar dos años, quizás, y la resolución, durante todo ese tiempo, no va a quedar vigente”.
Tiene la certeza de que “cualquier resolución que resulte objetada en la Justicia automáticamente queda suspendida hasta que se resuelva”, por eso el dirigente se mostró confiado, ya que, a su entender, “tienen que retroceder, hacer lo que la ley les manda hacer, escuchar a todos los que intervenimos en la cadena de producción y hacer la consulta pública internacional a todos los socios comerciales que estén involucrados en la cadena de comercialización”.
Creencias de precios
Para Perrote, “hay una falsa creencia de que hay un valor diferencial de la carne y que está relacionado intrínsecamente con la barrera sanitaria. Nosotros consideramos que no, que no tiene nada que ver con la barrera”. Puso como ejemplo “cualquier producto” de la canasta básica: “Cualquier consumidor de la Patagonia va a encontrar que cualquier producto que compre tiene un valor diferencial con respecto a cualquier otro punto del país”, y adjudicó ese diferencial “a una cuestión de logística, pura y exclusivamente de logística, y de intermediarios. Producir en la Patagonia es más caro”.
Esos mayores costos, en buena medida, están dados por la calidad de los campos a uno y otro lado del río Colorado. Explicó que “producir en la Patagonia implica que necesitás 10 hectáreas por vaca, por ejemplo, en Guardia Mitre. Pero en la provincia de Buenos Aires, en 10 hectáreas podés tener 10 vacas”. Esto representa que “para tener una unidad económica que sea medianamente viable, tenés que tener 200 vacas, y en nuestra zona estamos hablando de arriba de 2.000 hectáreas”. Mientras que en la provincia de Buenos Aires se lograría el mismo resultado en 200 hectáreas.
