Trump desafía al Congreso y blinda sus nuevos aranceles del 10 %
Tras el revés de la Corte Suprema, el presidente asegura que los nuevos gravámenes no necesitarán aval legislativo y abre un nuevo pulso en Washington.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este martes que los nuevos aranceles globales del 10 % que su administración ha puesto en marcha no requerirán la aprobación del Congreso para convertirse en permanentes, pese a las dudas legales que rodean la medida y a un reciente fallo adverso de la Corte Suprema de Estados Unidos.
Durante su discurso sobre el Estado de la Unión ante el Capitolio, el mandatario defendió con firmeza su estrategia comercial y aseguró que los gravámenes activados “son un poco más complejos, pero probablemente mejores”, lo que, a su juicio, conducirá a “una solución aún más sólida que antes”. En un mensaje directo a legisladores y a la opinión pública, subrayó: “No será necesaria la intervención del Congreso”.
La afirmación resulta controvertida porque la Casa Blanca ha recurrido a la sección 122 de la Ley de Comercio de 1974 como base jurídica para imponer los nuevos impuestos aduaneros. Esa disposición permite al presidente establecer aranceles temporales por un máximo de 150 días sin autorización legislativa, pero exige el aval del Congreso para extenderlos más allá de ese plazo. Actualmente, los republicanos cuentan con una mayoría muy ajustada en ambas cámaras, lo que añade un componente político a la viabilidad de cualquier aprobación formal.
Las palabras del presidente sugieren que no buscará ese respaldo parlamentario para consolidar esta nueva fase de su política comercial. En cambio, parece apostar por una interpretación amplia de sus facultades ejecutivas en materia de comercio exterior, una postura que ya fue cuestionada por el máximo tribunal del país la semana pasada.
Revés judicial y nueva estrategia legal
El pasado viernes, la Corte Suprema dictaminó por seis votos a tres que Trump se había excedido al aplicar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional para imponer los denominados “aranceles recíprocos” a la mayoría de los socios comerciales de Estados Unidos el año anterior. Según el fallo, el mandatario necesitaba autorización expresa del Congreso para recurrir a esa herramienta legal en el contexto en que lo hizo.
La decisión judicial supuso un revés significativo para la estrategia arancelaria de la Casa Blanca. Ese mismo día, visiblemente contrariado, Trump firmó una orden ejecutiva para activar a partir de esta semana un nuevo arancel global del 10 %, esta vez amparándose en la ley de 1974. En un movimiento posterior, anunció su intención de elevar el impuesto aduanero al 15 %, aunque hasta ahora no ha formalizado ese incremento mediante un decreto oficial.
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En su discurso sobre el Estado de la Unión, Trump defendió la legalidad de los aranceles y planteó que podrían reemplazar parte del sistema de impuesto sobre la renta.
En su discurso ante el Congreso, el presidente adoptó un tono algo más moderado hacia la Corte Suprema, calificando la resolución de “desafortunada”, pero sin lanzar críticas directas contra los magistrados. Entre los presentes en el hemiciclo se encontraba el presidente del tribunal, John Roberts, junto a los jueces Elena Kagan, Brett Kavanaugh y Amy Coney Barrett. Ninguno de ellos reaccionó visiblemente a las declaraciones del mandatario. De los cuatro, solo Kavanaugh votó a favor de mantener los aranceles recíprocos en el fallo del viernes.
La apuesta por sustituir el impuesto sobre la renta
Más allá del debate jurídico, Trump fue un paso más allá al defender el papel estructural que, en su visión, deben desempeñar los aranceles en la economía estadounidense. Aseguró que los gravámenes pagados por “países extranjeros” podrían sustituir en gran medida el sistema moderno de impuesto sobre la renta. “Creo que los aranceles pagados por países extranjeros, como en el pasado, reemplazarán sustancialmente el sistema moderno de impuesto sobre la renta, aliviando una gran carga financiera a la gente que amo”, afirmó.
La propuesta supone un giro radical en la política fiscal y comercial del país, al plantear que la recaudación proveniente del comercio exterior pueda compensar o incluso reemplazar los ingresos obtenidos a través de los impuestos sobre las personas físicas. Economistas de diversas corrientes han advertido en el pasado que los aranceles suelen trasladarse parcialmente a los consumidores a través de precios más altos, lo que cuestiona la premisa de que su impacto recaiga exclusivamente en los exportadores extranjeros.
Con esta nueva ofensiva arancelaria, el presidente redobla su apuesta por una política comercial proteccionista, en un contexto marcado por tensiones institucionales con el poder judicial y por un Congreso dividido. El desenlace dependerá no solo de la interpretación legal de sus facultades ejecutivas, sino también de la respuesta de los legisladores y de los socios comerciales de Estados Unidos ante una medida que podría reconfigurar el panorama económico global.
