Para financiar el aumento en las jubilaciones, la norma incorpora una serie de medidas que incluyen: modificaciones en el régimen tributario, reasignación de partidas presupuestarias, utilización de fondos provenientes de los registros del automotor y los colegios de escribanos, así como un eventual ahorro por la reducción de tasas en los préstamos con el FMI.
Entre los cambios impositivos más relevantes, se establece la eliminación de la exención del IVA para los honorarios percibidos por directores, síndicos y miembros de consejos de vigilancia de sociedades anónimas, así como para cargos equivalentes en otras sociedades, asociaciones, fundaciones y cooperativas.
Asimismo, se introducen modificaciones significativas al régimen de las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR), eliminando los beneficios fiscales de que gozaban hasta ahora. Puntualmente, se deroga la exención del impuesto a las ganancias sobre sus utilidades, la exención del IVA en sus operaciones y la posibilidad de deducir en el impuesto a las ganancias los aportes realizados por los socios protectores.
Cabe destacar que las SGR cumplen un rol fundamental en el financiamiento de las pequeñas y medianas empresas. A través del aval que otorgan, permiten a sus socios acceder a crédito en condiciones más competitivas. De hecho, se estima que aproximadamente el 35 % del stock de préstamos del sistema financiero cuenta con aval de SGR. Además, estas sociedades movilizan cerca de 3,8 billones de pesos en financiamiento, con una tasa de morosidad de apenas el 2 % y más del 70 % de sus garantías dirigidas a micro y pequeñas empresas.
En términos de costo fiscal —entendido como la recaudación que el Estado deja de percibir—, los beneficios de las SGR representan un 0,2 % del PBI, es decir, unos 136 millones de dólares anuales, según distintos informes.
Las modificaciones propuestas podrían alterar el esquema de financiamiento para las PYMES, al encarecer la estructura fiscal de las SGR. Este sobrecosto probablemente se traslade al precio final del aval, incrementando la comisión que deben afrontar las empresas para acceder al financiamiento.
El objetivo de mejorar los haberes jubilatorios resulta loable, especialmente frente al notorio atraso que han sufrido. No obstante, destinar parte del costo fiscal de esa mejora a un sector clave como el de las SGR podría tener efectos negativos sobre la economía real, en particular sobre el financiamiento de las PYMES, que constituyen el motor productivo del país.
* Contador Público Nacional, Estudio Contable CSBYA.
