"La decisión de Chubut demuestra que avanzar en transparencia es posible. Es un paso concreto y un ejemplo: si una provincia puede hacerlo, no hay razones para que la Nación no publique estos datos", afirmó Consuelo Bilbao, directora del Círculo de Políticas Ambientales.
La dirigente remarcó además que Argentina continúa siendo una excepción regional: la mayoría de los países de la región ya cuentan con registros públicos de sus flotas pesqueras, mientras que en el país los datos básicos sobre embarcaciones, titulares, permisos y sanciones permanecen fuera del alcance ciudadano.
El problema de fondo: sin datos, sin control
La ausencia de un registro público accesible tiene consecuencias directas. Hoy, la ciudadanía, la academia y el sector privado debe recurrir a pedidos formales de acceso a la información para obtener datos elementales sobre quién pesca, con qué embarcación y bajo qué condiciones. Esto limita la capacidad de control social e institucional sobre uno de los recursos naturales más valiosos del país.
Esta situación persiste pese a obligaciones legales vigentes: la Ley 27.275 de Acceso a la Información Pública, los compromisos asumidos en el Acuerdo de Escazú y la información que el propio Estado ya recopila en el marco de la Ley 24.922 de Pesca. En otras palabras, los datos existen, pero no están disponibles para quienes los necesitan.
En la actualidad no es posible conocer en tiempo real cuántas embarcaciones tienen permisos para acceder al caladero nacional. Una opacidad que las organizaciones califican como incompatible con una gestión sostenible del Mar Argentino.
Avance real, pero con deudas pendientes
Las organizaciones valoraron la iniciativa provincial, aunque advirtieron que el listado publicado por Chubut todavía presenta limitaciones importantes. El registro no incluye información sobre los propietarios de las embarcaciones, carece de detalles técnicos clave —como eslora o potencia del motor— y no sistematiza de forma completa los datos vinculados a los permisos otorgados.
"Chubut dio un paso muy importante. El desafío ahora es completar la información y garantizar que este avance se sostenga en el tiempo. Para que no dependa de la voluntad de un gobierno, el acceso a los datos pesqueros debería convertirse en ley", señaló Juan Coustet, coordinador de Sin Azul No Hay Verde.
La observación apunta a un punto crítico: la transparencia no puede depender de la voluntad política de cada administración. Sin un marco normativo que la respalde, el acceso a la información puede revertirse con un simple cambio de gestión.
El llamado a la Nación
Las dos entidades emitieron un llamado conjunto a la autoridad pesquera nacional para avanzar en la creación de un Registro Público y Abierto de Embarcaciones y Permisos Pesqueros a nivel federal. El reclamo tiene una lógica simple pero contundente: sin información no hay control posible.
La transparencia no es solo un principio ético. Es una condición operativa para gestionar de manera sostenible el Mar Argentino, combatir la pesca ilegal, fortalecer la confianza en las instituciones y garantizar que el recurso pesquero beneficie al conjunto de la sociedad, no solo a quienes operan en las sombras de la opacidad.
