El panorama financiero es crítico. La cooperativa acumula una deuda cercana a los 120 millones de dólares —equivalentes a unos 90 millones de dólares más de 40.000 millones de pesos—, según verificó la Justicia tras analizar los reclamos de 1519 acreedores sobre un total de 2702 denunciados. Además, la empresa arrastra compromisos impagos de carácter salarial, fiscal y comercial, lo que incrementó la presión de los acreedores y terminó por cerrar cualquier margen para presentar una propuesta de pago viable.
Una caída prolongada y conflictos que agravaron la crisis
El deterioro de SanCor no es reciente. Desde 2017, la firma atraviesa un proceso de caída sostenida que la llevó a perder una porción significativa de su participación en el mercado lácteo. Su capacidad productiva se desplomó de unos 4 millones de litros diarios de leche a menos de 500.000. En paralelo, se desprendió de marcas emblemáticas en segmentos como postres y yogures, y redujo en al menos seis sus plantas industriales.
A este escenario se sumaron conflictos laborales prolongados. Uno de los más significativos ocurrió hace dos años, cuando un enfrentamiento con trabajadores nucleados en la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (Atilra) se extendió durante ocho meses y agravó la situación productiva y financiera. Más recientemente, fuentes del sector señalaron que iniciativas de otras empresas interesadas en operar instalaciones de SanCor bajo modalidad a fasón encontraron resistencia gremial, dificultando alternativas para sostener la actividad.
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Tras años de crisis, SanCor no pudo salir del concurso preventivo y enfrenta una deuda verificada por la Justicia.
Actualmente, la láctea emplea a unos 850 trabajadores, quienes se encuentran entre los principales afectados por la crisis. Desde Atilra confirmaron que la empresa adeuda ocho meses de salarios, además de aguinaldos, y denunciaron que SanCor se sostuvo en el último tiempo “con el patrimonio de los trabajadores”, sumado a la asistencia del fondo solidario del sindicato y la cobertura de salud brindada por la obra social OSPIL, pese a la falta de aportes patronales durante años.
En un comunicado difundido tras conocerse la noticia, el secretario general del gremio, Héctor Ponce, afirmó que el pedido de quiebra “no agrega ni quita nada” a una situación que, según sostuvo, ya estaba probada en la causa judicial. En esa línea, calificó la decisión como el cierre de una etapa marcada por la negación de la realidad por parte de la conducción de la cooperativa.
Incertidumbre, actores interesados y un futuro abierto
No obstante, desde el sindicato buscan proyectar un escenario de continuidad. Atilra había impulsado previamente una quiebra con continuidad de explotación, y ahora sostiene que el eventual proceso judicial podría abrir una nueva etapa en la que la marca SanCor, liberada de su actual estructura, pueda reactivarse bajo otro esquema productivo.
La crisis de la cooperativa también estuvo atravesada por decisiones políticas a lo largo de su historia reciente. En 2006, cuando la empresa estaba a punto de cerrar una alianza con Adecoagro, el entonces presidente Néstor Kirchner intervino para frenar la operación, argumentando la participación del magnate George Soros en el grupo inversor. En su lugar, se gestionó un crédito de 80 millones de dólares otorgado por la Venezuela de Hugo Chávez, que fue cancelado posteriormente mediante exportaciones de leche en polvo.
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La empresa pasó de procesar 4 millones de litros diarios a menos de 500.000 antes de pedir la quiebra.
Años más tarde, sin embargo, SanCor terminó vendiendo activos clave, incluyendo plantas industriales y marcas como Las Tres Niñas, a Adecoagro, hoy controlada por el gigante de criptomonedas Tether.
En el plano judicial, el caso tuvo movimientos relevantes en los últimos meses. En diciembre pasado, el juez Gelcich designó como coadministradora a la contadora Lucila Inés Prono, tras observar objeciones de la sindicatura respecto del desempeño de la administración de la empresa.
Mientras tanto, el futuro inmediato de SanCor permanece incierto. Según fuentes gremiales, existen cerca de 400 pedidos de quiebra presentados por trabajadores y otros acreedores, y no se descarta que empresas interesadas en adquirir activos de la cooperativa estén aguardando la resolución judicial para avanzar. En paralelo, se espera que una próxima asamblea extraordinaria de los socios tamberos ratifique la decisión de solicitar la quiebra.
El desenlace marcará el destino de una de las cooperativas más emblemáticas de la Argentina, cuya historia refleja tanto el auge como las dificultades estructurales del sector lácteo nacional.
Fuente: La Nación con aportes de Redacción +P.
