Cristian Klingbeil, productor yerbatero e impulsor de la normativa, destaca su alcance en regiones como Misiones y Alto Valle de Río Negro. Sin compatibilidad, obreros prefieren informalidad por temor a perder beneficios, exponiendo productores a sanciones. El Estado no pierde recursos: trabajadores mantienen asistencia y aportan jubilatorios.
Desafíos en economías regionales y producción
El decreto surgió de reclamos durante el gobierno de Alberto Fernández, materializado en 2021 y prorrogado por el Decreto 423/2023. Resolvió conflictos: productores buscan registrar mano de obra, pero trabajadores demoran en recuperar planes post-cosecha. Klingbeil enfatiza: "El productor quiere blanquear y el obrero no pierde beneficio. Ambos tienen razón".
La falta de prórroga genera incertidumbre. Afecta cosechas, logística y ciclos productivos en economías regionales, que representan 70% de la mano de obra rural según la CAME. Eduardo Rodríguez, director de Economías Regionales en CAME, resalta su rol en dinamizar pueblos y urge reforma laboral para empleo genuino.
En el Senado, durante un encuentro convocado por Nora Giménez, Voytenco expuso la urgencia. También lo planteó en reunión con la OIT sobre trabajo migrante. Políticas deben anclarse en realidad de campos, empaques y fincas.
La Secretaría de Trabajo evalúa prórroga, según consulta del diario LA NACION y los sindicatos piden mejorar salarios y competitividad. De hecho, UATRE y RENATRE insisten en continuidad para previsibilidad y certezas. Sin ella, el campo enfrenta retrocesos innecesarios.
Fuente: La Nacion y UATRE, con aportes de +P
