Uno de los puntos más relevantes informados por las autoridades es que la reestructuración se llevará a cabo por decreto y que, pese a versiones anteriores, el INTA no será fusionado con el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). Por el contrario, algunas áreas de investigación del INTI vinculadas con la actividad agropecuaria —como vitivinicultura, foresto-industria y carnes— pasarán a formar parte del INTA.
Desde la Mesa de Enlace manifestaron estar de acuerdo con la necesidad de actualizar ciertos aspectos del funcionamiento del organismo, aunque remarcaron la importancia de mantenerlo operativo y cercano al productor. “Un Instituto que esté al servicio del productor y pensando estratégicamente también para la Nación”, enfatizó Sarnari.
Por su parte, el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, planteó que lo que se busca es una “modernización” del INTA, y señaló que las entidades tendrán un rol clave en la reformulación del actual Plan Estratégico 2015–2030, que deberá adaptarse a las nuevas dinámicas del sector agropecuario y al avance tecnológico.
Desde el Gobierno sostienen que muchas metodologías de investigación y asistencia hoy resultan obsoletas, especialmente en regiones donde la presencia de empresas proveedoras de insumos y servicios ha desplazado el rol histórico del INTA. Sin embargo, también se reconoce que hay zonas donde la presencia del Instituto sigue siendo indispensable. “No es lo mismo la extensión en Pergamino o Venado Tuerto que en Bariloche o en Catamarca”, advirtió uno de los asistentes al encuentro.
Uno de los cambios centrales que se evalúan afecta al Consejo Directivo del organismo. Actualmente, está compuesto por nueve miembros: cuatro representantes de entidades rurales, uno por universidades, uno por los grupos CREA y tres designados por el Ejecutivo. La propuesta sería reformular esta estructura para otorgar un reparto de 4 a 4 entre las entidades rurales y el Gobierno, con un lugar adicional que podría quedar a criterio del Ejecutivo. La intención oficial es tener un mayor control sobre el uso de los recursos.
Aunque el Gobierno y las entidades evitaron hablar de recortes de personal, como denuncia el gremio Apinta, sí se confirmó que se impulsarán nuevos retiros voluntarios, lo que sugiere una intención de reducir la estructura operativa del Instituto.
En este contexto, el debate sobre el rol estratégico del INTA sigue abierto, y tanto el sector público como el privado coinciden en que el desafío será adaptarlo a las demandas del siglo XXI sin perder su esencia de servicio a los productores del país.
