OSPRERA regresa al gremio: los retos de enfrentar una deuda de más de $110.000 millones
Hoy legalmente se pone fin a una intervención. OSPRERA regresa a manos del gremio con pasivos millonarios. Falta saber si se apela la medida.
Con el plazo fijado por la Justicia para que la Obra Social del Personal Rural y Estibadores (OSPRERA) vuelva formalmente a manos del gremio, el escenario que se abre combina alivio institucional, incertidumbre financiera y un enorme desafío de reconstrucción. La resolución judicial que ordenó la restitución inmediata del directorio a la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) puso fin a una intervención estatal que se extendió durante 15 meses y que, según denunció el sindicato, dejó un saldo crítico en términos económicos, administrativos y, sobre todo, sanitarios. Falta saber si la intervención solicitará la apelación de la medida.
Las cifras son elocuentes y reflejan la magnitud del problema. OSPRERA arrastra hoy deudas estimadas en más de 110.000 millones de pesos con prestadores de servicios médicos y otros acreedores, además de un déficit operativo mensual que ronda los 1.700 millones de pesos. Un desbalance que, puertas adentro del gremio, describen como “realmente complicado” y que condicionará cada decisión futura. Lejos de una restitución simbólica, lo que se avecina es un proceso arduo de saneamiento y recuperación.
Fin a 15 meses de intervención
El fallo judicial, dictado la semana pasada, marcó un antes y un después para la obra social del sector rural. No solo ordenó la devolución del control a las autoridades legítimamente constituidas, sino que también restableció un principio clave del sistema sindical argentino: la autonomía de las organizaciones de trabajadores para administrar sus propias herramientas de protección social. Desde UATRE celebraron la decisión como una victoria institucional y política, subrayando que durante más de un año se vulneraron derechos básicos y se atentó contra la libertad sindical.
Durante los 15 meses de intervención, el gremio denunció un fuerte deterioro en el funcionamiento de OSPRERA. La paralización de trámites, el cierre de bocas de atención, la interrupción de pagos a prestadores y el despido de personal administrativo tuvieron un impacto directo en la calidad y continuidad de la atención médica. Miles de trabajadoras y trabajadores rurales, muchos de ellos en zonas alejadas de los grandes centros urbanos, quedaron sin respuestas frente a necesidades de salud urgentes.
Esa realidad se refleja con crudeza en las regiones del interior. Omar Figueroa, titular de UATRE en Río Negro y Neuquén, explicó que la resolución judicial establecía un plazo de 72 horas para la restitución efectiva de la obra social, plazo que se cumple este lunes. “Es una sentencia firme. Si el Estado apela, el juez igualmente va a exigir que entreguen la obra social y que hagan un detalle de cómo la dejan: qué había, qué no había y en qué condiciones queda”, señaló.
En la Patagonia, el impacto de la intervención fue particularmente severo. Según detalló Figueroa, en Río Negro y Neuquén se cerraron al menos siete bocas de atención directa de OSPRERA en localidades como Choele Choel, Conesa, Valcheta, Junín de los Andes, San Martín de los Andes, Piedra del Águila y Bariloche. Esos cierres implicaron el despido de personal administrativo y la pérdida de puntos clave para iniciar trámites, autorizar prácticas o gestionar derivaciones médicas. “No sabemos exactamente cuánta gente quedó afuera, pero como mínimo había una persona por boca”, explicó.
UATRE Figueroa 1
El fallo restituye la conducción legítima de OSPRERA, pero el gremio deberá enfrentar una herencia compleja: deuda millonaria, déficit mensual y un sistema desarticulado.
A esto se suma el virtual colapso del sistema de prestaciones. En el Alto Valle, por ejemplo, hoy no hay atención médica para afiliados de OSPRERA debido a la falta de pago. “Los prestadores cortaron las prestaciones directamente”, advirtió el dirigente sindical. La intervención, afirmó, no solo acumuló deudas sino que además “repartió cargos con sueldos millonarios”, profundizando el desorden financiero.
Una reconstrucción compleja
La restitución del directorio, sin embargo, no implica una recuperación automática. Desde UATRE son conscientes de que el lunes, cuando finalmente se concrete la entrega, se abrirá lo que Figueroa describió como “una caja de Pandora”. Nadie sabe con certeza qué información estará disponible, en qué estado se encuentran los contratos con prestadores ni cuál es la situación real de las cuentas. En ese proceso también deberá intervenir la Superintendencia de Servicios de Salud, encargada de supervisar y auditar el sistema.
En la región, OSPRERA cuenta con entre 28.000 y 30.000 afiliados, de los cuales alrededor de 20.000 corresponden a Río Negro y unos 10.000 a Neuquén. Se trata de un universo amplio y en crecimiento, especialmente en actividades como la ganadería y la piscicultura, que en los últimos años incrementaron la cantidad de trabajadores registrados. Garantizar una cobertura de salud digna para ese colectivo es, hoy, uno de los principales desafíos del gremio.
A pesar del panorama adverso, desde UATRE insisten en que el fallo judicial envía una señal clara: las obras sociales sindicales deben ser administradas por los trabajadores y sus organizaciones, no intervenidas de manera prolongada sin resultados. “OSPRERA vuelve a ser de los trabajadores”, remarcan, dejando en claro que la sentencia no cierra el conflicto, sino que inaugura una nueva etapa.
Esa etapa estará marcada por la reconstrucción institucional, la recomposición del sistema de prestaciones y la recuperación de la confianza de afiliados y prestadores. También implicará revisar responsabilidades y exigir explicaciones sobre lo ocurrido durante la intervención. En un sector históricamente postergado, donde el acceso a la salud es muchas veces una batalla diaria, la restitución de OSPRERA al gremio representa una oportunidad, pero también una enorme responsabilidad.
Hoy será apenas el primer paso. Luego vendrá el trabajo más difícil: volver a poner de pie una obra social golpeada, endeudada y con miles de afiliados que esperan respuestas concretas.
