Reforma histórica en Patagonia: Libre venta de tierras a extranjeros y flexibilización de desmontes
¿Podrá la Patagonia salvar sus bosques nativos si se flexibilizan desmontes, se permite la venta masiva a extranjeros y se levanta la prohibición de cambiar uso tras incendios?
El Consejo de Mayo definió los lineamientos productivos que el Gobierno enviará al Congreso en sesiones extraordinarias. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, confirmó que el paquete incluye la liberación total de la compra de tierras rurales por parte de extranjeros, la actualización de la Ley de Bosques 26.331, cambios en la Ley de Acuicultura y la modernización del régimen laboral agrario.
Se trata de cuatro reformas que ponen en el centro a la Patagonia. Para nuestra región, donde aún sobreviven extensos bosques de lenga, ñire, coihue y ciprés, estas medidas representan el cambio normativo más profundo de las últimas dos décadas.
Liberación de la compra de tierras rurales por extranjeros
El artículo 154 del DNU 70/2023 derogó la Ley 26.737 de 2011, que limitaba la titularidad extranjera al 15 % a nivel nacional, provincial y departamental, y establecía un tope de 1000 hectáreas en zona núcleo.
Aunque una cautelar del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (Cecim) mantiene la restricción, Adorni anunció que el Consejo de Mayo avanza hacia su eliminación definitiva.
En Río Negro y Chubut ya se registran consultas récord de fondos de inversión chilenos, europeos y asiáticos interesados en campos cordilleranos de entre 5000 y 20 000 hectáreas, muchos de ellos cubiertos por bosque nativo categoría II y III.
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Adorni adelantó que se eliminará la prohibición de cambiar la actividad productiva de un campo incendiado por 30 a 60 años.
Actualización de la Ley de Bosques: foco en la Patagonia
La reforma propone flexibilizar los desmontes en zonas verdes (categoría III), donde bastará informar a la autoridad de aplicación en lugar de solicitar autorización previa. En zonas amarillas (categoría II) se exigirán evaluaciones de impacto ambiental obligatorias para desmontes y condicionadas para manejo sostenible. Las zonas rojas (categoría I) mantienen la prohibición absoluta.
En la Patagonia, el 68% de los bosques nativos está clasificado en categoría II y III, según el último Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de 2023. Andrés Costamagna, director y co-coordinador de la Comisión de Sostenibilidad de la Sociedad Rural Argentina, celebró la iniciativa: “La ley actual solo creó pobreza estructural. Nunca se giró más del 7% de los fondos prometidos al Fobosques. Las provincias deben poder decidir su desarrollo sin límites impuestos desde Buenos Aires”.
Fin de la prohibición de cambiar actividad tras incendios
El Gobierno eliminará la restricción que impedía modificar el uso del suelo durante 30 a 60 años después de un incendio forestal, norma impulsada en su momento por el diputado Máximo Kirchner.
En la Patagonia, donde los incendios de 2014-2015 y 2021-2022 afectaron más de 150.000 hectáreas en Chubut y Río Negro, esta prohibición frenaba la reconversión productiva. Ahora los productores podrán pasar rápidamente a ganadería intensiva, forestaciones de pino o acuicultura sin esperar décadas, siempre que cumplan las nuevas evaluaciones ambientales.
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Dos reformas más
Por un lado, la modificación de la Ley de Acuicultura otorga a Nación y provincias la potestad de definir requisitos de explotación sustentable tanto en ambientes naturales como artificiales. En Neuquén y Río Negro ya hay proyectos para instalar jaulas de salmónidos en los lagos Aluminé, Lácar y Traful, que hasta ahora enfrentaban trabas normativas nacionales.
Por otro, aunque aún no se conocen detalles, el Proyecto de Ley de Modernización Laboral incluirá un capítulo específico para el trabajo agrario. En la Patagonia, donde la cosecha de fruta fina y la actividad forestal emplean a miles de trabajadores temporarios, el sector espera simplificación de contratos y reducción de cargas sociales.
El desafío de crecer sin perder el bosque austral
La Patagonia concentra el 42% de los bosques nativos restantes del país y es la región con mayor superficie bajo protección ambiental. Las reformas del Consejo de Mayo prometen atraer inversiones por más de 600 millones de dólares en los próximos tres años, según estimaciones de la Cámara Argentina de Inmobiliarias Rurales.
Sin embargo, organizaciones ambientales advierten que la combinación de flexibilización de desmontes, venta irrestricta a extranjeros y levantamiento de restricciones post-incendio podría acelerar la fragmentación de corredores ecológicos entre Parques Nacionales Los Alerces, Nahuel Huapi y Lanín.
El gobierno asegura que las nuevas evaluaciones de impacto ambiental y los instrumentos de mercado como el crédito de carbono garantizarán la sostenibilidad. Los productores patagónicos, por su parte, celebran el fin de lo que consideran “normas que solo generaron pobreza y policías ambientales”.
La región se prepara para un 2026 de fuerte transformación: queda por ver si el crecimiento económico logrará convivir con la conservación de uno de los últimos grandes bosques templados-fríos del planeta.
