El dirigente puso el foco en la diferencia entre lo que cuesta producir y lo que finalmente se obtiene por la venta de la materia prima. Según explicó, actualmente se necesitan entre $400 y $500 para producir un kilo de uva, mientras que los valores ofrecidos al productor se ubican entre $180 y $200, con pagos en seis cuotas y hasta un año de demora.
"Si uno tiene que invertir $400 o $500 para producir un kilo de uva y después le pagan $180 o $200 en seis cuotas de un año después, es insostenible", planteó.
La ecuación económica resulta especialmente compleja porque la inversión en las fincas comienza varios meses antes de la cosecha. Los productores deben afrontar gastos desde abril o mayo, entre labores culturales, mantenimiento de los viñedos, insumos y mano de obra, hasta obtener los primeros ingresos con la recolección de enero.
A esa diferencia entre costos e ingresos se suma el costo financiero de esperar meses para cobrar una producción que ya fue entregada. En ese período, el productor debe continuar sosteniendo la actividad y preparar la siguiente campaña sin contar necesariamente con capital de trabajo suficiente.
El impacto sobre las fuentes de trabajo
Para Córdoba, la crisis no se limita a los números de cada establecimiento. El abandono de las fincas también compromete una estructura laboral y social históricamente vinculada con la vitivinicultura.
El dirigente recordó que las explotaciones suelen contar con viviendas destinadas a obreros y contratistas, por lo que el cierre de una unidad productiva afecta directamente a las familias que dependen de esa actividad.
«Se pierden fuentes de trabajo genuino», remarcó, al describir un proceso que, según señaló, se profundizó respecto de años anteriores. Mientras antes el abandono de una finca podía aparecer como un hecho puntual, ahora la preocupación pasa por la posibilidad de que el fenómeno se multiplique.
La situación también pone en riesgo la continuidad de productores que durante generaciones sostuvieron la actividad y forman parte de la identidad económica y cultural de las localidades vitivinícolas.
Reclamo de intervención provincial
Frente a este escenario, la Asociación de Viñateros reclama que el Gobierno de Mendoza se involucre en la búsqueda de respuestas. Córdoba destacó el acompañamiento de intendentes del Este provincial y anunció la conformación de una mesa vitivinícola provincial para discutir la problemática.
El objetivo es reunir a representantes del sector con el ministro de Producción en San Martín, en un encuentro destinado a analizar en profundidad la situación y evaluar posibles herramientas de asistencia.
La discusión sobre los precios de la uva, las condiciones de pago y el acceso al financiamiento aparece entre los principales puntos de preocupación. Para los productores, no alcanza con sostener la cosecha si los valores obtenidos por la materia prima no permiten cubrir los costos de producción y garantizar la continuidad de las explotaciones.
El reclamo vuelve a poner sobre la mesa uno de los problemas estructurales de la cadena vitivinícola: la desigual capacidad de negociación entre quienes producen la uva y quienes la industrializan y comercializan.
En una provincia donde la vitivinicultura representa una actividad económica central y sostiene miles de empleos directos e indirectos, el deterioro de la rentabilidad de los viñedos plantea un desafío que excede a cada productor. La continuidad de las fincas, advierten desde el sector, dependerá de que puedan establecerse condiciones de comercialización y financiamiento que hagan viable seguir produciendo.
FUENTE: MDZ Mendoza