En el recinto estuvieron los representantes de las cámaras agrícolas de Neuquén, y el presidente de la Federación, Sebastián Hernández. Para la entidad, el amplio respaldo obtenido "demuestra la necesidad de un ordenamiento territorial que permita sostener y reactivar la actividad productiva".
La chacra conserva su destino productivo
El núcleo de la ley es una restricción al cambio de uso del suelo. De acuerdo con el proyecto presentado por el Ejecutivo y los despachos de comisión, dentro de las áreas protegidas la actividad agropecuaria tiene prioridad y se restringe el paso hacia usos residenciales, industriales, turísticos o de servicios.
Quedan, a partir de su promulgación, prohibidos los loteos, fraccionamientos y obras que se hagan sin autorización, y se limitan los nuevos loteos, urbanizaciones, clubes de campo y otros desarrollos residenciales incompatibles con la conservación de las áreas productivas.
La ley no prohíbe vender una chacra: lo que impide es que, vendida o no, deje de ser una unidad productiva. Por eso también fija reglas para la subdivisión, con el objetivo de evitar que el fraccionamiento de un establecimiento lo convierta en parcelas sin viabilidad económica.
El ámbito de aplicación son las tierras con aptitud productiva y bajo riego, de dominio público o privado, estén o no en producción en este momento. El texto acordado en comisión precisó que la aptitud agrícola, ganadera o forestal no alcanza por sí sola: las tierras deben contar con sistemas de riego o con posibilidades efectivas de recibir el servicio, respaldadas por proyectos técnicos, hídricos y financieros.
El proyecto original preveía una cartografía oficial y dos categorías de protección: una zona prioritaria, reservada de manera estricta a la producción agropecuaria, y una zona de uso condicionado, donde otros usos pueden admitirse previa evaluación de eficiencia hídrica y sustentabilidad. La redacción final, según explicó el diputado Francisco Lepore (Avanzar), estableció nuevos niveles de protección y planificación en áreas productivas y de reserva.
Las excepciones contempladas son acotadas: las viviendas familiares vinculadas a la explotación y las obras de interés público debidamente fundamentadas, con dictámenes técnicos y ambientales.
Canales que no se pueden tapar
El segundo pilar de la Ley es proteger la infraestructura hídrica. El proyecto otorga carácter “intangible” a canales, acequias, compuertas, sifones y drenes, y prohíbe cualquier acción —pública o privada— que los altere, obstruya o comprometa. Cualquier intervención que afecte el trazado, la capacidad o el funcionamiento de esa red, requiere autorización de la autoridad provincial competente y debe garantizar la continuidad del servicio. Las obras autorizadas que la afecten deberán incluir medidas compensatorias equivalentes.
Es el punto que más reclamaban los productores. En las reuniones de comisión, las cámaras describieron los problemas que traen los barrios linderos a las chacras: contaminación lumínica, residuos, plagas, líquidos cloacales y afectaciones directas al riego y al drenaje. Mileva Zec, de la Cámara de San Patricio del Chañar, aclaró entonces que el sector no busca frenar el crecimiento urbano, sino evitar que ese crecimiento desplace a las áreas agrícolas.
Grandes pérdidas
Los datos oficiales que acompañaron el proyecto muestran una pérdida sostenida de superficie y una fragmentación creciente de la zona frutícola. Solo en 2025 se contabilizaron 663 hectáreas menos. Entre 2010 y 2020, la población provincial creció un 15%, de 471.409 a 540.909 habitantes, mientras que la huella urbana se expandió un 45%: pasó de 12.460 a 18.083 hectáreas.
El conglomerado de Neuquén capital, Centenario y Plottier perdió en conjunto 605 hectáreas productivas, 309 de ellas de pera. La superficie dedicada a peras y manzanas en la provincia se redujo un 23% en 15 años. A la presión inmobiliaria se suma ahora la expansión de bases petroleras, talleres y servicios logísticos vinculados a Vaca Muerta. Centenario, Vista Alegre y San Patricio del Chañar aparecen como las localidades donde esa convivencia entre expansión urbana y producción es más tensa.
La provincia cuenta hoy con unas 23.000 hectáreas irrigadas, y el Gobierno plantea que la protección de lo existente avance junto con la incorporación de nueva superficie bajo riego, con una perspectiva de planificación a 30 años.
Incentivos fiscales
Del lado de los incentivos, el proyecto crea un Fondo Provincial de Protección y Conservación de Suelos Irrigados, destinado a recuperar drenajes, tecnificar el riego, prevenir la salinización e instalar sistemas de medición y telemetría. Suma asistencia técnica, créditos preferenciales, aportes no reintegrables para tecnificación hídrica, prioridad para obras de electrificación rural, incentivos fiscales y herramientas para regularizar la propiedad de la tierra. También crea un consejo provincial con participación sectorial para la protección de las áreas productivas bajo riego.
La norma entrará en vigencia 30 días después de su publicación en el Boletín Oficial, y el Ejecutivo tendrá un plazo máximo de 180 días para reglamentar los procedimientos técnicos y los mecanismos de fiscalización.
Lo que se negoció para llegar al recinto
La redacción final garantiza la continuidad de los usos no productivos que ya contaban con autorización y establece un régimen transitorio para proyectos urbanísticos y subdivisiones con trámites iniciados, o tierras adquiridas con esos fines, hasta 24 meses antes de la publicación de la ley. También se sumaron mecanismos de consulta y coordinación con los municipios para delimitar las áreas protegidas.
Lepore defendió que el texto busca ordenar el territorio para sostener y reactivar la producción sin perjudicar a quienes compraron tierras para otros emprendimientos conforme a la normativa vigente. Brenda Buchiniz (Cumplir), que en septiembre había cuestionado que una norma provincial avanzara sobre una competencia municipal, terminó calificando el texto como "superador del original".
En el recinto estuvieron los representantes de las cámaras agrícolas de Neuquén, y el presidente de la Federación, Sebastián Hernández.
Hubo reparos aun entre quienes votaron a favor. Marcelo Bermúdez (PRO-NCN) objetó el plazo de 24 meses para reconocer inversiones previas y pidió que no tuviera límite temporal: "Hay que respetarle el uso que tenía la tierra", sostuvo. En comisión, César Parra (PTS-FIT-U) votó en contra: cuestionó la falta de soluciones concretas para la infraestructura de riego y la titularidad de las tierras, rechazó la facultad provincial de delimitar áreas protegidas y calificó de arbitrario el plazo de 24 meses.
Río Negro, el próximo paso
Para Hernández, se trata de "una ley que acompaña a los sectores productivos a mejorar". El dirigente destacó la decisión política del gobierno neuquino, con el acompañamiento del gobernador Rolando Figueroa, el ministro de Economía Guillermo Koenig y el secretario de Producción Diego García Rambeaud.
La Federación, que agrupa a productores de ambas márgenes del río, ya tiene elaborada junto a las cámaras rionegrinas una propuesta de ley equivalente para Río Negro, donde la pelea contra los loteos todavía se libra municipio por municipio. El siguiente paso, según la entidad, es abrir la conversación con el Gobierno de Río Negro para impulsar su tratamiento. Mientras tanto, la Federación anticipó que seguirá actualizando información sobre la ley neuquina durante la semana.