“Nos plantearon la necesidad, con cierta lógica, de armar una mesa nacional de economías regionales que sean, como la fruticultura, mano de obra intensiva, porque tienen una realidad diferente al resto”, confió Cervi luego del encuentro, del que participaron los productores Carlos Carrascós (Movimiento de Productores Autoconvocados), Horacio Pierdominici (Cámara Productores Cipolletti), Carlos Zanardi del consorcio de riego de Fernández Oro, y José Luis Bunter, presidente Cámara de Industria y Comercio de Cipolletti y vicepresidente primero de Federación de Entidades Empresarias de Río Negro (FEERN).
Otro reclamo puntual fue el impacto que tiene el costo de las ART, y expusieron que para el caso de la fruticultura el empleador paga el 7,5% sobre el salario del trabajador, y en algunos casos el 12%, mientras que las compañías petroleras pagan el 2,5% sobre las remuneraciones de su personal.
“También nos plantearon temas como la industria del juicio, aunque ese tema, para su solución, demanda una reforma laboral que estamos dispuestos a debatir”, señaló Cervi, quien además escuchó las críticas al gobierno actual, porque los productores señalaron que, en la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, no tiene reparticiones que atiendan a las economías como la del Alto Valle, que es mano de obra intensiva.
En cuanto a una mesa nacional para este tipo de actividades, Cervi explicó que se debería conformar en torno a diputados del interior del país y de dirigentes con situaciones similares, para unificar los planteos.
Una vez más, los dirigentes “díscolos” pusieron sobre la mesa el viejo reclamo de que el Estado nacional les garantice un precio mínimo por su producción, como alguna vez lo regulaba el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) para los yerbateros de la Mesopotamia. Este organismo establecía “precios de referencia”. En el actual contexto político “libertario”, esas ideas estarían muy lejos de poder plasmarse.
Los dirigentes habrían gestionado el encuentro porque no se sienten representados por la gestión del productor de Allen, Sebastián Hernández, al frente de la Federación de Productores, a quien le habrían cuestionado sus “compromisos” con los gobiernos provinciales, sobre todo por la relación comercial generada por la venta de fruta para abastecer a los establecimientos educativos.
