ver más

Argentina, el único país de la región que oculta los datos de su flota pesquera nacional

Ocho países de la región publican sus datos pesqueros. Argentina no. Organizaciones civiles exigen un registro público y abierto de embarcaciones y permisos.

Un conjunto de organizaciones de la sociedad civil presentó formalmente ante el Consejo Federal Pesquero (CFP) una petición para que Argentina avance en la creación de un Registro Público y Abierto de Embarcaciones y Permisos Pesqueros. La iniciativa apunta a fortalecer la transparencia e institucionalidad del sector, y a combatir la pesca ilegal en aguas nacionales.

La solicitud fue presentada el 13 de abril en Buenos Aires y tiene como sustento jurídico la Ley 27.275 de Acceso a la Información Pública y el Acuerdo de Escazú, que obliga al Estado argentino a generar y publicar datos ambientales de manera proactiva. Según las organizaciones firmantes, el acceso a información sobre identificación de buques, permisos, titulares de licencias y antecedentes administrativos no es una concesión del Estado: es un derecho garantizado.

Una deuda de transparencia

"Pese a que la Subsecretaría de Recursos Acuáticos y Pesca recopila estos datos tal como exige la Ley Federal de Pesca, hoy no existe un registro público, abierto y en línea. Esta ausencia limita el control del Estado, bloquea el escrutinio ciudadano y debilita la transparencia institucional y la rendición de cuentas, elementos esenciales para un sector exportador", señaló Consuelo Bilbao, directora del Círculo de Políticas Ambientales.

El diagnóstico es contundente: Argentina es el único país de la región con flota pesquera significativa que no publica estos datos. Brasil, Chile, Perú, Ecuador, Uruguay, México, Guatemala y Panamá cuentan con sistemas abiertos donde cualquier ciudadano puede consultar embarcaciones, permisos, historial de licencias y sanciones.

"La resistencia a transparentar información básica coloca al país en una situación de excepcionalidad que debilita la gobernanza pesquera y la sostenibilidad de un recurso natural que es de todos", advirtió Juan Coustet, coordinador de Sin Azul No Hay Verde.

pesca merluza-buque-pesca

Argentina es el único país de la región con flota pesquera que no publica sus datos oficiales.

Qué cambiaría con un registro abierto

El documento presentado ante el CFP detalla con precisión los beneficios concretos que tendría la apertura de estos datos. En primer lugar, permitiría optimizar la eficiencia administrativa y el control interjurisdiccional sobre una flota que opera en un vasto territorio marino. También reduciría los riesgos de irregularidades y el uso indebido de licencias, un problema que distintos actores del sector reconocen pero que hoy resulta difícil de documentar públicamente.

Además, un registro abierto facilitaría el seguimiento ciudadano, académico y empresarial de la actividad pesquera, y fortalecería la trazabilidad de la flota frente a las crecientes exigencias internacionales para combatir la pesca INDNR (Ilegal, No Declarada y No Reglamentada). Este último punto no es menor: los mercados de destino de las exportaciones pesqueras argentinas —Europa y Asia, principalmente— exigen cada vez con mayor rigor que los productos provengan de cadenas de valor transparentes y verificables.

Una obligación legal, no una opción

Las organizaciones solicitaron al CFP que incorpore el tema en su orden del día y avance en la discusión para modernizar el acceso a la información sectorial. El tono del reclamo es firme: no se trata de una solicitud discrecional, sino del cumplimiento de marcos legales ya vigentes.

"Cuando un Estado se niega a publicar datos tan básicos como quiénes son los barcos que pescan en aguas nacionales, la pregunta inevitable es: ¿qué se está ocultando? Abrir esta información no es una opción, es una obligación legal y una condición mínima para un sistema pesquero sano y confiable", concluyó Bilbao.

El reclamo llega en un contexto global en que la presión por la trazabilidad pesquera no para de crecer. La opacidad no solo es un problema de gobernanza interna: es un riesgo comercial y reputacional para uno de los sectores exportadores más relevantes de la economía argentina.

Fuentes: Círculo de Políticas Ambientales, Sin Azul No Hay Verde con aportes de Redacción +P.