El gobierno de Javier Milei sondea al campo para avanzar con una nueva ley de tierras
Funcionarios de primera línea fueron a la sede de CRA para debatir cambios en políticas sanitarias y comenzaron a gestionar apoyos para cambiar la Ley de Tierras para facilitar el acceso de capitales extranjeros.
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, permaneció unas 2 horas en la sede que Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), tiene en el barrio porteño de Monserrat. La “desregulación” del sistema de vacunación contra la aftosa, para ir a un sistema donde el dueño del campo puede contratar a un veterinario privado para hacer las inoculaciones, fue un punto de tensión en el encuentro atento las críticas que formuló el presidente de la entidad, Carlos Castagnani, desde la patagónica expo rural de San Julián, en Santa Cruz.
Pero además se tocó un tema muy sensible (sobre todo en la Patagonia), del que no trascendieron avances de manera oficial. Más bien –contaron asistentes al cónclave-, fue un sondeo del ministro del presidente Javier Milei, para conocer si había apoyo del sector para avanzar con nuevo marco legal sobre la venta de tierras a capitales extranjeros. Una de las necesidades del gobierno es preparar un nuevo marco legal para el momento en que desembarquen los grandes proyectos mineros, que llevan adelante empresas que compran grandes cantidades de hectáreas, muchas en zona de cordillera, cosa que hoy está prohibida.
El dique a esas iniciativas hoy lo constituye Ley N° 26.737 del año 2011, conocida comúnmente como la "Ley de tierras" o de "Extranjerización de tierras”, y que –por ejemplo-, establece que ningún titular extranjero puede poseer más de 1.000 hectáreas (o su equivalente en la "zona núcleo" u otras zonas agrícolas).
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El ministro Federico Sturzenegger junto a la cúpula de CRA en un encuentro marcado por el debate sobre la extranjerización de tierras.
No le fue nada sencillo al funcionario transitar por ese tema. Le contaron algunos dirigentes que hay un problema con el impuesto a las Ganancias. Que el extranjero paga ese tributo en su país, no en Argentina, mientras que los dueños locales tributan en el país, lo que constituiría una primera asimetría o trato desigual.
Pero, además, le hicieron ver que, por cuestiones impositivas, no solo fue el magnate Marcos Galperín, fundador de Mercado Libre, el que se fue a Uruguay a radicar su empresa, sino que hay argentinos (y algunos patagónicos), que compran campos en aquel país para obtener beneficios impositivos.
Pero el caso más resonante de capitales vinculados al agro que emigran se conoció a comienzos del mes pasado, cuando se supo que la familia argentina Buratovich, originaria de Arrecifes, ha construido un imperio ganadero en el norte de Australia, invirtiendo cerca de 95 millones de dólares desde 2019. A través de su empresa Cross Pacific Investments, han adquirido alrededor de 760.000 hectáreas para cría bovina, incluyendo propiedades clave como Aroona Station, Sturt Downs, Manbulloo y Scott Creek Station.
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El dilema de la Cordillera: el plan oficial para habilitar la venta de grandes extensiones de tierra a proyectos mineros extranjeros.
Un anuncio de Adorni
Sturzenegger les hizo notar a sus interlocutores, que el Impuesto a las Ganancias, es un tributo muy sensible y difícil de modificar, atento que es coparticipable y que es vital para la subsistencia de las ahogadas arcas de las provincias.
Por lo que comentaron las fuentes a +P, el ministro no obtuvo el consenso que esperaba, luego que el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anunciara hace menos de dos semanas, que el gobierno al Congreso trabajaba en un proyecto para modificar la Ley de Tierras Rurales, con el objetivo de levantar las restricciones actuales a la venta de campos a extranjeros.
Sostuvo que la idea es facilitar la llegada de inversiones en sectores clave como el agro, la minería y la energía. Según explicó, muchas de esas actividades necesitan grandes extensiones de tierra para poder desarrollarse.
Actualmente, la ley vigente establece límites: la propiedad extranjera no puede superar el 15% de las tierras rurales a nivel nacional y provincial, además de restricciones sobre superficies y zonas estratégicas.
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Tensión en Monserrat: el Gobierno sondea el apoyo del sector agropecuario para modificar la Ley N° 26.737.
Diplomacia
Del encuentro también participó María Beatriz ‘Pilu’ Giraudo, presidenta del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), a quien le hicieron saber que es necesario “sostener y fortalecer los estándares sanitarios que posicionan al país a nivel internacional”, manifestaron luego de la reunión desde CRA resolviera la desregulación del programa nacional de vacunación contra la aftosa, medida que habilita a cada productor a comprar sus propias dosis y a contratar veterinarios particulares.
Todo un cambio respecto del sistema actual de fundaciones o asociaciones que contratan el servicio y compran las vacunas y hacen una trazabilidad de todo el procedimiento. Se teme que productores de muy baja escala, o de rincones alejados, no tomen la iniciativa de vacuna, dejando un flanco débil a este plan sanitario del que depende la apertura o cierre de mercados internacionales.
“Valoramos el espacio de diálogo con el gobierno nacional y los organismos técnicos, subrayando la importancia de construir consensos en torno a reformas estructurales que impactan directamente en la producción. En este sentido, se reafirmó el compromiso de la entidad de continuar trabajando de manera articulada en defensa del productor y en el fortalecimiento de un sistema agroindustrial competitivo, moderno y sustentable”, dijeron desde CRA.
