“La evasión fiscal y previsional sólo beneficia a los delincuentes, este accionar destruye a las empresas y empleos formales e incrementa la desocupación afectando a toda la sociedad. Esas personas deberán ser sostenidas por el Estado, sea con subsidios, jubilaciones y atención en la salud pública”, agregó en su escrito oficial. Ante lo que consideró un avance del comercio informal, Urcía remarcó que el Gobierno debe llevar a cabo una reforma impositiva ene el comercio minorista de carnes.
Uno de los pedidos pasó por la necesidad de contar con un régimen simplificado (que debe ser instrumentado por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) mediante el cual estos contribuyentes no sean alcanzados por tributos provinciales. “De esa manera la carne que sale en blanco desde los frigoríficos, podrá ser comercializada también en blanco por los matarifes mediante el uso del remito electrónico y las operaciones podrán estar bancarizadas”, explicó.
Urcía también criticó las tasas de introducción o abasto que distintos municipios cobran solo por el tránsito o introducción de mercaderías en sus territorios. “Desde el sector privado sugerimos incluirlo en las facturas, para que los comercios y contribuyentes de esas jurisdicciones sean conscientes de esto”; remarcó. El titular de FIFRA recordó que desde la entidad “estamos a disposición y colaboramos para el sostenimiento de la actividad trabajando a la par de los funcionarios”. Como ejemplo, citó que cuando se realizan inspecciones o auditorías por parte de países compradores como Estados Unidos, México China o Filipinas, los industriales en cada ocasión llevan a cabo inversiones.
Patagonia, no está ajena a ese contexto
Los altos niveles de evasión también se observan en todo el territorio de la Patagonia. Este esquema se observa tanto en la primera venta de la hacienda, como en la industrialización del producto, y la operación final con el consumidor. La falta de controles por parte de los organismos fiscalizadores sumado a la 'vista gorda' que hacen los gobierno provinciales y municipales, no hacen más que estimular este tipo de conductas.
Según un reciente informe elaborados por frigoríficos del sector privado, el 65% del total de la cadena de carne en la Argentina tiene algún tipo de irregularidad fiscal en todo su proceso, desde que sale el animal de la tranquera hasta que llega a las góndolas minoristas.
