En su rol de presidente de FIAS y también de la Sociedad Rural de Río Gallegos, Jamieson presentó un amparo con el objetivo de frenar la aplicación de la resolución. Argumentó que la apertura sanitaria pone en riesgo la condición diferencial de la Patagonia y, en consecuencia, la competitividad de sus mercados externos. El juez federal Claudio Vázquez rechazó el recurso al considerar que Jamieson no acreditó debidamente su representación legal de la Federación. Según el fallo, su designación como presidente no cumplió con los procedimientos estatutarios ni fue registrada ante la autoridad competente, lo que lo dejaría sin legitimidad para accionar judicialmente en nombre de la institución.
Jamieson apeló esa decisión, defendiendo la validez de su asunción por la vía estatutaria —tras la renuncia del presidente anterior— y señalando que la falta de registro es un trámite meramente declarativo.
La respuesta de SENASA
En línea con la sentencia de primera instancia, SENASA pidió que se declare desierto el recurso de FIAS y reiteró que Jamieson carece de personería jurídica válida para representar a la entidad. Además, remarcó que la política sanitaria frente a la fiebre aftosa es competencia exclusiva del Estado nacional, amparada en la Ley 24.305 y la Ley 27.233. “Es función del Estado Nacional velar por el status sanitario de todo el territorio, sin excepciones ni prerrogativas provinciales”, planteó el organismo en su presentación judicial.
Ahora será la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia la que deberá resolver si Jamieson tiene legitimidad para actuar en nombre de FIAS y, en paralelo, si corresponde revisar la política sanitaria dispuesta por Senasa, una definición que impactará de lleno en la ganadería patagónica.
Fuente: La Nación/Mariela Arias y aportes de la Redacción +P.
