Pesca artesanal: el arduo camino para terminar con la ilegalidad
Con un nuevo y acotado “auge” del langostino, y el hundimiento de una lancha pesquera, volvió a dejar en evidencia un mundo al margen de toda regla.
El horizonte monótono del Golfo San Matías, de vez en cuando, es alterado por el paso de una pequeña lancha amarilla. Son pescadores. Su derrotero es apenas una muestra visible de un mundo que tiene un lado oscuro, que lleva años de clandestinidad, de tripulaciones que juegan con la muerte y de una explotación del recurso natural que por mucho tiempo fue más allá de límites razonables. Un episodio, ocurrido el domingo 19 de enero pasado, cuando se hundió “La Checha”, una de las 77 embarcaciones con permiso de “pesca artesanal” que operan en las costas de Río Negro, destapó una gran olla a presión y, a partir de ese momento, se fueron tomando medidas para poner en regla una actividad que está rodeada de aristas políticas, sociales y económicas.
El “accidente” fue denunciado por las autoridades locales de la Prefectura Naval Argentina (PNA) ante la Justicia Federal de Viedma. Medios de San Antonio Oeste reprodujeron declaraciones del prefecto principal Pablo Hernández, quien dio cuenta de que solo 4 lanchas tenían los registros en orden y reportaban sus salidas (y llegadas) a las autoridades.
El subsecretario de Pesca de la provincia, Gustavo Gualtieri, dijo en ese momento que operaban en el golfo unas 30 embarcaciones de ese tipo. Así salió a la luz un universo de casi 25 lanchas que no reportaban a nadie sus actividades. Un verdadero mundo paralelo.
Luego de finalizada una reunión de gabinete del Ministerio de Desarrollo Productivo, que encabeza Carlos Banacloy, Gualtieri confirmó a este medio que se implementaron algunas medidas que en la última semana comenzaron a tener efecto en el mundo de la pesca artesanal.
En primer lugar, se les anunció a los pescadores que, en caso de no pasar a completar los registros por Prefectura y poner embarcaciones y tripulaciones en regla, la Policía de Pesca de la provincia no les iba a permitir descargar su producción.
Es que, cada vez que arriban a la costa, un agente provincial certifica la cantidad de cajones y la especie. Labra un acta y, con esa documentación, los camiones que levantan el producto de la captura deben pasar por la terminal pesquera de San Antonio Oeste, donde funcionarios del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) extienden las certificaciones sobre las condiciones sanitarias. Sin esos documentos, la pesca no puede salir hacia las plantas procesadoras.
No es lo mismo que un barco
Gualtieri deja aclaradas dos cosas. Por un lado, que “la ley de pesca artesanal establece muy claramente que para tener el permiso de pesca deben cumplimentar con las exigencias de Prefectura”; y, por otro lado, también admite que “las exigencias de Prefectura, en algunos casos, dejaron sin posibilidad alguna de ponerse en regla a este tipo de embarcaciones”.
Así se llega a lo que es uno de los aspectos cruciales del conflicto, porque el operar al margen de las reglamentaciones se explica “por el simple hecho de que Prefectura no diferencia un barco de una lancha. O sea, para ellos son lo mismo y las exigencias que les piden son idénticas”.
Rasante sobre el mar
El día que desde Prefectura tomaron conocimiento del hundimiento de “La Checha” (se supone que fue por exceso de carga), convocaron al avión patrulla que la fuerza tiene asentado en Viedma.
Frente a Playa Orengo, ubicada pocos kilómetros al norte de la ruta que conduce al puerto de San Antonio Este, lograron detectar 14 lanchas pesqueras que nunca habían informado de sus movimientos a las autoridades. De esas, 9 fueron identificadas por los oficiales de la fuerza, pero otras 5 “no se pudo acreditar de cuál se trata”, dijeron las fuentes consultadas.
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Entre presiones políticas, falta de controles y riesgos en el mar, la provincia avanza para poner límites a la informalidad.
“Les volaron al ras”, detallaron, y agregaron que hasta ese momento solo 4 pescadores cumplían con el requisito mínimo de acatar el “despacho a pesca”, un manifiesto ante Prefectura sobre la hora de salida, reportes frecuentes durante la operación, informe de arribo y si realizarán tareas diurnas o nocturnas.
La medida del Gobierno provincial, más el patrullaje aéreo, hizo que los pescadores se presentaran en las oficinas de San Antonio Oeste. “Ya tenemos 27 que vinieron a regularizar la situación”, confiaron a +P, y detallaron aspectos de un pasado reciente donde se cruzaban “cuestiones políticas”, que tuvieron lugar desde el año 2017 hasta el año 2021, cuando comenzó a mermar la captura de langostino.
Injerencias
“El sector se politizó porque había un grupo, con una diputada a la cabeza, que equiparaba a los pescadores artesanales con trabajadores de una economía rural, porque decían que era una economía de subsistencia”, comentó alguien que lleva años siendo testigo de esta actividad en el golfo.
“Pasa que, por ejemplo, el cardumen da para que pesquen veinte lanchas. Pero aparecían cinco dueños de lanchas y un político pedía que las habilitaran, y aparecía otro político y decía: habilitame otras cinco. Y lo que era un recurso para 20 lanchas terminaba con 40 lanchas, y ahí sí no hay recurso que aguante”, dijo, trazando con claridad el panorama de los últimos años.
Para Gualtieri, según informes de esta semana, “ya son más de 30” los pescadores que fueron a iniciar la normalización de sus embarcaciones. Recordó que esta actividad “es un trabajo donde generalmente las familias que van a bordo subsisten de la pesca”, pero al mismo tiempo reconoce que “todo ha ido evolucionando y ya no son más embarcaciones a remo o con un motorcito chiquito. Ya pasan a ser embarcaciones más grandes, inclusive con dos motores”, todo al calor de la llegada del langostino al golfo, que en cada salida representaba, en bruto, unos 10.000.
“Entonces, se empezaron a modernizar, pero lo que no se hizo nunca fue modernizar la ley o adaptar la ley a los nuevos tiempos. Y es a partir de ahí que empieza todo el desbarajuste, por decirlo de alguna manera”, resumió el funcionario.
Sobre las exigencias de Prefectura, dijo que “ahí nosotros no podemos intervenir”, y precisó que entre los requisitos están la obligación de llevar balsas salvavidas, chalecos, bengalas, “y se les exige el despacho a pesca (reportes), que el personal a bordo tenga libreta de embarco vigente y realice el rol de salida, que es una declaración jurada de las personas que van a bordo con su número de libreta”.
Reconoció que a algunos pescadores “se les hizo muy difícil cumplir con todo, pero lo único que dijimos fue: señores, hay que cumplir con la ley”.
Decisión histórica
Sobre la medida impuesta hace poco más de dos semanas, y que se demoró años en adoptar, aseguró que “al que no tenga los requerimientos de Prefectura al día no le vamos a recibir la carga, y el policía de pesca no le va a hacer la guía de tránsito para que ellos se puedan mover con su mercadería”.
De persistir “en la clandestinidad”, como comentan desde Prefectura, “va a llegar un momento en que se la vamos a tener que decomisar”. El subsecretario resaltó que notificaron esta decisión a los pescadores “y se lo tomaron a bien, y a partir de ahí se empezaron a poner en regla”.
El lunes pasado volvió a patrullar toda la costa de San Antonio Oeste el avión de Prefectura “y estaba todo normal”, dejaron trascender desde la institución, donde la rigidez de los reglamentos no deja mucho margen de maniobra.
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Más de 30 pescadores iniciaron el proceso para ponerse en regla en una actividad que dejó víctimas y polémica.
Entienden que la pesca artesanal “podría decirse que hoy no es familiar y no es artesanal porque no es con método de palangre (un espinel con varios anzuelos) o manual, sino que ya usan métodos más industriales (poseen guinches para elevar las redes). Son casi barcos pesqueros a una escala pequeña”.
Era tal la informalidad, que las lanchas ni siquiera tenían hechos los controles de estabilidad, y eso se debía a que “muchos propietarios no quieren informar la cantidad de cajones que llevan a bordo”, una información clave para que los peritos oficiales (ingenieros en algunos casos) puedan efectuar las pruebas de estabilidad, básicas para medir la capacidad de maniobra y el límite de sobrecarga.
Pasa que, en vez de sacar 20 cajones, para ahorrar combustible y bajar costos, en una sola salida se suele regresar con el doble de esa carga, afrontando situaciones de riesgo.
Mejor trato
Gualtieri sostiene que “el diálogo con ellos (los pescadores) es el mejor, y siempre estamos tratando de buscarle la solución a toda la problemática. No es que estamos ni enfrentados ni mucho menos”, y reconoció que la Subsecretaría hace de nexo con las autoridades de Prefectura. “Cuando ellos tienen algún inconveniente, algún impedimento, vamos y lo planteamos juntos”, destacó, y además manifestó que “tenemos el mejor de los diálogos con Prefectura”.
Una muestra de esos avances, y un paso de acercamiento de Prefectura, fue la decisión de abrir para fines de este mes un curso orientado a todos los pescadores artesanales, para que tengan la habilitación de “patrón motorista de tercera de zona especial”. Así estaban las cosas. Algunos no tenían ni licencia.
Desde el gobierno además dejaron aclarado que “los permisos de pesca artesanal son individuales e intransferibles y se otorgan cumpliendo los requisitos de la ley, como ser de Río Negro, tener libreta de embarco e ir el propietario a bordo de la embarcación, la cual no puede superar los 9,90 metros de eslora”.
Por el momento no se otorgan nuevos permisos por la vigencia de la emergencia pesquera, ante la disminución de los stocks, “pero eso de que pasa del abuelo al padre y del padre al hijo no es así”.
Si bien en Prefectura comentan que en los últimos días “se ve que tomaron conciencia y se solucionaron un montón de cuestiones administrativas, más que nada”, persisten en la memoria de algunos uniformados hechos trágicos del pasado.
Jugando con la muerte
En julio de 2016, un joven buzo de 17 años, llamado Cristian Lagos, se descompensó mientras recogía mariscos frente a la playa “Las Conchillas” y perdió la vida. No se había reportado la salida como dedicada al buceo.
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Con controles más estrictos, buscan evitar nuevas tragedias en una actividad donde muchos trabajaban al margen de la ley.
A comienzos de noviembre de 2020, murió por asfixia el buzo Gustavo Lázaro, de 40 años y padre de 3 niños, cuando trabajaba para el patrón de la lancha “Andrés Felipe” en la zona de “Las Coloradas”. “Se ve que no está en condiciones ni siquiera para salir a navegar”, dijo en ese momento la fiscal federal Mariela Coy en relación con la lancha, mientras que los equipos para suministrar oxígeno al trabajador eran “totalmente precarios”.
El jueves 9 de febrero de 2023, en una noche de viento, dio una vuelta de campana, cerca de Caleta de los Loros, la lancha pesquera “Paola Andrea”. De los 4 tripulantes, 3 fueron rescatados por Prefectura, pero Matías Roco (22 años) desapareció en el mar. La lancha no estaba habilitada y no había reportado su salida de pesca.
Y como casi todos operaron por años en la ilegalidad, ese hecho dejó al descubierto cómo son las cosas más allá del horizonte, donde el viento no pide permiso y donde hablar o informar un accidente implica delatar la propia ilegalidad.
De ese hecho se supo que la lancha debía regresar a la costa a las 20, pero no llegó. La última vez que la vieron fue a las 10 de la noche, pero nadie dijo nada. Recién a las 4 de la madrugada otros pescadores informaron a Prefectura de la situación. Salió la lancha de patrulla y rescató a 3 sobrevivientes: Lisandro y Ezequiel Pil y Guillermo Coullán, quienes tenían principio de hipotermia y estaban deshidratados. Roco, padre de una niña que estaba por cumplir un año, nunca apareció.
“Lo que esperamos es que sean solidarios ante una cuestión de rescate por una emergencia, que acudan a la autoridad, porque tal vez se hubiera logrado evitar una muerte”, razonan quienes participaron en los rastrillajes.
