Un deterioro financiero sin freno
SanCor, que arrastra una deuda cercana a los 120 millones de dólares, había admitido en su presentación judicial que no podía afrontar sus compromisos ni formular una propuesta viable para sus acreedores. Este reconocimiento terminó por precipitar una decisión que, si bien esperada por muchos actores del sector, no deja de generar preocupación por su impacto económico y social.
El deterioro de la compañía no es reciente. Según detalló el juez en su fallo, la situación financiera se agravó incluso durante el concurso de acreedores. Lejos de estabilizarse, la empresa continuó acumulando pasivos a un ritmo alarmante: cerca de 3000 millones de pesos mensuales en deuda postconcursal. Esta dinámica se dio en un contexto en el que la actividad productiva no lograba generar ingresos suficientes para cubrir los costos operativos.
Los números reflejan la magnitud de la crisis. Al momento de la quiebra, SanCor acumulaba más de 12.788 millones de pesos en salarios adeudados, más de 6349 millones en obligaciones impositivas y previsionales, y más de 13.313 millones en deuda comercial. A estos montos se suman los compromisos del concurso, que superan los 86 millones de dólares. Para la Justicia, este escenario configura un cuadro de insolvencia estructural, sin posibilidades de reversión en el mediano plazo.
Continuidad operativa y venta de activos
A pesar de la gravedad del diagnóstico, el fallo contempla la continuidad transitoria de las operaciones. El objetivo es evitar un colapso inmediato que profundice el impacto sobre los trabajadores, proveedores y acreedores. En este sentido, se permitirá el funcionamiento de aquellas plantas que actualmente están activas, especialmente las que operan bajo contratos de fasón u otros esquemas que no impliquen la generación de nuevas deudas.
La medida busca proteger a los 914 empleados en relación de dependencia, así como a los acreedores laborales que aún esperan el cobro de sus créditos. También apunta a mitigar el efecto dominó que un cierre abrupto podría generar en la cadena productiva, particularmente en un sector clave como el lácteo.
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El fallo judicial confirmó el peor escenario: crisis financiera irreversible y un futuro incierto para trabajadores y proveedores.
En paralelo, la Justicia avanzará en el proceso de liquidación de los activos. La salida prevista contempla la venta de la empresa, ya sea en su totalidad o por unidades productivas, a través de un sistema de licitación. Esta estrategia abre la puerta a posibles inversores interesados en reactivar parte de la estructura industrial de SanCor.
Fuentes cercanas al proceso indicaron que ya existen interesados en adquirir activos y poner en marcha algunas plantas. La rapidez con la que avance el proceso judicial será determinante. En particular, el calendario productivo del sector impone cierta urgencia: en septiembre comienza el pico de producción en los tambos, y contar con plantas operativas será clave para procesar la leche, especialmente en las provincias de Santa Fe y Córdoba.
El desenlace de SanCor no solo representa la caída de una empresa, sino también un síntoma de las dificultades estructurales que enfrenta la industria láctea en Argentina. Entre costos crecientes, caída del consumo y problemas de financiamiento, el caso expone los desafíos de sostener modelos cooperativos en contextos económicos adversos.
Mientras avanza el proceso de quiebra, el futuro de SanCor queda ahora en manos de la Justicia y del interés que puedan generar sus activos. Lo que está en juego no es solo la continuidad de una marca histórica, sino también el destino de cientos de trabajadores y de una red productiva que durante décadas fue un pilar del desarrollo regional.
Fuente: La Nación con aportes de Redacción +P.
