Los condenados son: Reinaldo Elías Escobar de la Hoz, John Paul Olivo, Charles Dennis Keiser, Álvaro Acevedo González, José Luis Valverde Ramírez, Víctor Julio Buitrago Sandoval y Fuad Alberto Giacoman Hasbún. Además de la pena privativa de la libertad, deberán pagar una multa de $13.876 millones de pesos colombianos, equivalente a unos 3,4 millones de dólares.
La juez Monsalve negó beneficios como la suspensión condicional de la pena o la prisión domiciliaria y ordenó la captura inmediata de los implicados, algunos de los cuales ya se encuentran fuera del país. La sentencia se basa en el delito de concierto para delinquir agravado, al demostrarse la colaboración consciente y sistemática de estos altos ejecutivos con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), una estructura armada ilegal reconocida por su responsabilidad en miles de asesinatos, desplazamientos forzados y desapariciones.
Chiquita y la financiación a estructuras criminales
De acuerdo con el fallo, entre 1997 y 2004, la empresa Chiquita Brands, a través de su filial en Colombia Banadex, mantuvo nexos económicos con las AUC. Se demostró que los directivos autorizaron pagos sistemáticos bajo la supuesta justificación de evitar extorsiones y proteger sus operaciones en zonas de alta violencia.
La agencia EFE reseñó que el tribunal concluyó que la Fiscalía General de la Nación probó que Chiquita conocía el carácter delictivo de los destinatarios de los pagos. Aunque en un inicio se intentó presentar las transferencias como resultado de coerción, se estableció que hubo una aceptación tácita y deliberada de esta práctica, incluso con el conocimiento y aprobación de la casa matriz en Estados Unidos.
Un aspecto clave del dictamen fue el uso que la empresa hizo de las llamadas organizaciones Convivir, las cuales, aunque en su momento gozaban de legalidad formal, ya habían sido infiltradas y cooptadas por el paramilitarismo. Según la sentencia, Chiquita utilizó a estas organizaciones como canales para transferir recursos a las AUC, ocultando así la verdadera finalidad del dinero.
Impacto nacional e internacional
Este fallo en Colombia no es un hecho aislado. En junio de 2024, un jurado federal en Florida, Estados Unidos, también responsabilizó a Chiquita Brands por los mismos hechos, y ordenó a la empresa pagar 38,3 millones de dólares en indemnizaciones a víctimas y familiares afectados por el accionar paramilitar.
Ambas decisiones judiciales coinciden en señalar la responsabilidad empresarial de Chiquita en violaciones sistemáticas a los derechos humanos en Colombia, marcando un precedente tanto para otras multinacionales que operan en contextos de conflicto armado como para los sistemas de justicia que buscan sancionar este tipo de conductas.
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Chiquita Brands llegó a pagar hasta 3 centavos de dólar por caja de banano exportada a los paramilitares.
Organizaciones de derechos humanos han celebrado el fallo, considerándolo una victoria en la lucha contra la impunidad y un mensaje claro de que los crímenes económicos cometidos en el contexto del conflicto no quedarán en la sombra. Asimismo, asociaciones de víctimas han pedido que las reparaciones económicas sean destinadas directamente a proyectos de reparación colectiva en las zonas más afectadas.
El caso representa una compleja intersección entre economía, política y violencia, y vuelve a poner bajo la lupa la forma en que grandes empresas operan en territorios donde el control social y territorial lo ejercen actores armados ilegales. La condena de los exdirectivos de Chiquita Brands reafirma que el lucro no puede estar por encima de los derechos humanos.
