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Chiquita sigue involucrada en un caso de financiación paramilitar

La empresa Chiquita Brands International está acusada de financiar fuerzas paramilitares en zonas de producción de banana en Colombia.

La resolución sigue sin definirse en un caso multidistrital de dos décadas que involucra a la empresa Chiquita Brands con el presunto pago a un grupo paramilitar colombiano. Este mes, el juez federal de distrito Kenneth A. Marra desestimó a tres peritos ofrecidos tanto por la compañía bananera como por los demandantes.

La firma está acusada de financiar al grupo paramilitar colombiano de derecha Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), un grupo vinculado a la tortura y muerte de civiles a finales de los años 80 y principios de los 2000.

Mientras el caso continúa en Florida, el juez Marra se pronunció sobre tres de los 11 peritos impugnados. El copresidente de la facultad del Centro de Derechos Humanos de Duke, Robin Kirk, de quien los demandantes esperaban que testificara sobre la violencia de las AUC contra civiles, fue rechazado por Marra porque el testigo no presentó un informe pericial.

Los otros dos testigos rechazados fueron presentados por Chiquita e incluían al investigador privado Andrés Otero Leongómez y al ex agente de la DEA David Gaddis. Se esperaba que Otero Leongómez desacreditara a dos ex comandantes de las AUC sobre la cuestión de si los pagos de Chiquita al grupo paramilitar eran voluntarios o producto de una extorsión. El juez Marra determinó que el testigo carecía de interacciones personales con los dos ex miembros de las AUC.

En cuanto a Gaddis, Marra decidió limitar su testimonio a su experiencia. Los demandantes argumentaron que Gaddis desconocía los pagos de Chiquita a las AUC durante su estancia en la DEA.

Un compromiso de 30 años

Los tribunales determinaron que la empresa bananera mundial había realizado varios pagos entre 1997 y 2004 a las AUC, catalogadas como “servicios de seguridad”. Chiquita argumentó que dichos pagos eran, en realidad, una extorsión en respuesta a amenazas violentas contra los trabajadores y la propiedad de la empresa en Colombia.

Las AUC fueron declaradas oficialmente organización terrorista por el Departamento de Estado de Estados Unidos en 2001. Sin embargo, las pruebas contrapuestas presentadas por los demandantes esperan demostrar que la empresa actuó más por interés material que por instinto de autoconservación.

A lo largo de años de litigios, las AUC han sido declaradas responsables de numerosos ataques contra civiles, así como de “represalias” contra sindicatos de trabajadores.

La cuestión central del caso es si Chiquita “actuó razonablemente al tratar con las AUC y si los pagos realizados a las AUC ayudaron materialmente a las AUC a llevar a cabo sus acciones ilegales”, según documentos judiciales.

El caso de larga data se ha topado con múltiples obstáculos. El 30 de marzo, el abogado de Chiquita presentó una moción de emergencia en relación con un seminario web titulado “La verdad sobre Chiquita”, que se anunció en el sitio web de EarthRights.

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Muchos fueron los sindicalistas, trabajadores bananeros y activistas sociales perseguidos por las AUC en las décadas del 70 y 90.

Muchos fueron los sindicalistas, trabajadores bananeros y activistas sociales perseguidos por las AUC en las décadas del 70 y 90.

EarthRights representa a familiares de sindicalistas, trabajadores bananeros y activistas sociales perseguidos por las AUC. El grupo presentó una demanda colectiva contra Chiquita en nombre de las familias colombianas afectadas en 2007.

La moción urgente argumentaba que el seminario web podría ser “visto en cualquier parte del mundo, incluidos los medios de comunicación y los posibles jurados en este caso”.

Los argumentos de Chiquita se enmarcan en la Regla Local 77.2(g) del Distrito Sur de Florida, que establece que “un abogado o firma de abogados asociada con una acción civil no podrá, durante su investigación o litigio, hacer ni participar en la realización de una declaración extrajudicial”. La decisión del juez Marra se produce antes de dos juicios importantes programados para el 22 de abril y mediados de julio. El caso contra Chiquita está pendiente desde 2008.

Fuente: Carla Espinoza Gutiérrez/Fresh Fruit Portal

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