Cuando la economía desmiente al poder: el dólar y el fracaso del relato oficial
El Gobierno apostó a anclar expectativas, pero la dinámica económica expuso una realidad distinta: el dólar no bajó porque no podía bajar.
Durante meses, el presidente Javier Milei y los principales funcionarios de su equipo económico repitieron una consigna que buscaba operar tanto sobre las expectativas del mercado como sobre el humor social: el dólar encontraría un piso, se estabilizaría e incluso podría ubicarse por debajo de los 1.000 pesos hacia fines de 2025. La narrativa oficial, amplificada en entrevistas, discursos y redes sociales, construyó la idea de que la disciplina fiscal, la contracción monetaria y la confianza generada por el cambio de rumbo político serían suficientes para domar definitivamente al tipo de cambio.
Sin embargo, la realidad volvió a imponerse con la contundencia que caracteriza a la economía argentina. Lejos de ese relato, la divisa cerró el año alrededor de un 45% por encima de las promesas oficiales, confirmando que el mercado no convalidó el esquema imaginado por el Gobierno y que las fuerzas estructurales que empujan al dólar siguen plenamente vigentes.
La pregunta, entonces, no es solo por qué el dólar no bajó, sino por qué el Gobierno insistió durante tanto tiempo en un diagnóstico que chocaba frontalmente con los fundamentos macroeconómicos.
Desde el inicio de la gestión de Javier Milei, la política cambiaria fue mutando de manera constante. Lejos de un plan rígido, el Ministerio de Economía se vio obligado a ajustar el esquema en función de una realidad que no siempre acompañó los supuestos iniciales. En ese marco, el sistema de bandas de flotación se convirtió en el principal instrumento para administrar la transición.
Hasta el 31 de diciembre, el régimen establecía que las bandas se actualizaban diariamente hasta converger a un ritmo del 1% mensual. El diseño buscaba ampliar progresivamente la zona de no intervención del Banco Central: la banda superior se ajustaba al alza en torno al 1% mensual, mientras que la inferior se reducía en la misma proporción. Sobre el papel, el esquema pretendía dar previsibilidad y desalentar movimientos bruscos del tipo de cambio.
Pero el problema fue evidente desde el inicio: ese ritmo de actualización quedó sistemáticamente por debajo de la inflación, que en los últimos meses se mantuvo por encima del 2% mensual y, según las proyecciones privadas, difícilmente pueda perforar ese umbral al menos hasta marzo. En términos reales, el techo de la banda se fue atrasando, generando un tipo de cambio cada vez menos competitivo.
El resultado fue una profundización del atraso cambiario, un fenómeno conocido y temido en la historia económica argentina. Cuando el dólar corre por detrás de los precios, las exportaciones pierden rentabilidad, las importaciones se vuelven relativamente más baratas y el equilibrio externo se deteriora. En ese contexto, pensar que la paridad podía bajar de manera sostenida era, cuanto menos, una ilusión.
Un esquema que no controla el dólar
Una de las confusiones centrales del discurso oficial fue presentar el régimen de bandas como un mecanismo de control del tipo de cambio. En la práctica, el esquema nunca tuvo esa función. Su objetivo principal fue ordenar expectativas y alinear la devaluación con la inflación, evitando saltos discrecionales que reavivaran la inercia inflacionaria.
Por eso, la pregunta clave es: ¿se puede pensar que con estas medidas la paridad pueda bajar? La respuesta, desde el análisis económico, es clara: muy difícil. El esquema no está diseñado para forzar una apreciación del peso, sino para administrar una depreciación gradual y previsible.
Con el paso de los meses, incluso dentro del propio Gobierno comenzaron a admitirlo. La batalla por sostener el dólar más cerca del piso que del techo de la banda fue abandonada de facto. El mercado impuso su lógica y el Ejecutivo optó por correrse, evitando gastar reservas o credibilidad en una pulseada perdida.
“Son correcciones que hacemos teniendo en cuenta la dinámica de la economía. No creemos en una política monetaria estática”, se justificó un funcionario cercano al ministro Luis Caputo al ser consultado por el tema este fin de semana. La frase resume el cambio de tono: del voluntarismo inicial a una aceptación pragmática de las restricciones que impone la realidad.
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Con el dólar lejos de las promesas oficiales, la economía enfrenta ahora un escenario más complejo para atraer inversiones y normalizar el mercado cambiario.
Otro pilar del relato oficial fue la expectativa de una masiva entrada de dólares tras la consolidación política del oficialismo, especialmente luego del triunfo en las elecciones legislativas de octubre. Según esa visión, la confianza generada por el rumbo libertario desataría una “lluvia de inversiones” que presionaría a la baja el tipo de cambio y fortalecería las reservas. Nada de eso ocurrió.
Es cierto que las inversiones no llegan de un mes para otro, pero también es evidente que, incluso tras las elecciones, no se produjo un cambio sustancial en la percepción de riesgo por parte de los inversores. La economía sigue frágil, el proceso de estabilización es incipiente y la sustentabilidad del programa todavía está en discusión.
Los dólares no llegan porque, más allá del discurso, aún falta mucho para poner la economía de pie. La liberalización incompleta del mercado cambiario, las reformas de segunda generación (laboral, tributaria, seguridad social y financiera), la persistencia del cepo para las empresas y la elevada carga de vencimientos de deuda funcionan como frenos objetivos a cualquier flujo significativo de capitales.
El cepo, una señal contradictoria
Aunque en abril de 2025 se flexibilizaron algunas restricciones para personas físicas, el cepo cambiario sigue plenamente vigente para las empresas que buscan girar dividendos o cancelar deudas comerciales previas. Esa señal es clave para entender la cautela del capital extranjero.
El propio Banco Central fue explícito al respecto. En su informe para 2026, condicionó la eliminación total de las trabas a dos factores: un fortalecimiento sostenido del equilibrio cambiario y un acceso fluido del Tesoro a los mercados internacionales. En otras palabras, el cepo no se levanta por convicción ideológica, sino cuando las condiciones lo permitan.
Este enfoque gradualista choca con la narrativa libertaria original, pero responde a una restricción ineludible: sin reservas suficientes y con un riesgo país elevado, liberar completamente el mercado podría derivar en una corrección abrupta del tipo de cambio.
Para economistas como Joaquín Cottani, ex viceministro de Economía, el problema es claro: mientras el tipo de cambio se utilice como ancla inflacionaria, la economía permanecerá en una zona de riesgo permanente. El atraso cambiario, advierte, mantiene latente el riesgo de una devaluación futura.
Desde esta perspectiva, la solución sería radical: liberalizar totalmente el mercado cambiario y dejar que el peso flote libremente hasta encontrar su nivel de equilibrio. El argumento no es nuevo, pero choca con los temores del Gobierno a un impacto inflacionario inmediato y a un costo político difícil de absorber.
Cottani señaló que la distancia entre el discurso y los fundamentos económicos quedó expuesta cuando el mercado ignoró las promesas oficiales y llevó al dólar a su propio equilibrio.
Paradójicamente, el propio oficialismo reconoce hoy que un dólar por debajo de los 1.000 pesos habría sido insostenible. “El ajuste lo hubiese hecho el mercado”, admiten en Economía. Esa confesión deja al descubierto la fragilidad del relato inicial y refuerza la idea de que las promesas cambiarias respondieron más a una estrategia comunicacional que a un análisis técnico.
Lo que viene: deuda, riesgo país y credibilidad
Con la batalla del “dólar barato” perdida, el foco del mercado en 2026 se trasladó a otros frentes. El primer semestre del año aparece cargado de desafíos, especialmente en materia de deuda. Solo con los tenedores de bonos, vencen más de 8.400 millones de dólares, a lo que se suman los compromisos con organismos internacionales como el FMI.
La primera prueba es inminente: el próximo 9 de enero, el Tesoro debe afrontar un pago de 4.200 millones de dólares, de los cuales 3.700 millones están en manos privadas. Si bien el Gobierno asegura que cuenta con fondos en el Banco Central, el mercado observa con atención cada movimiento.
Superado ese escollo, el objetivo estratégico será perforar el piso de los 500 puntos básicos de riesgo país. Tras haber alcanzado un pico de 1.450 puntos en septiembre, el índice cerró el año en 571 puntos, impulsado por el resultado electoral. Pero la experiencia reciente demostró que, por encima de los 500 puntos, el acceso al mercado voluntario de deuda sigue siendo extremadamente limitado.
En definitiva, la gestión de Javier Milei enfrenta un año clave. La evolución del IPC y del tipo de cambio será determinante para avanzar en la liberalización cambiaria y en la acumulación de reservas. El Gobierno insiste en que no habrá devaluación y que se mantendrá la hoja de ruta actual, pero el margen de error es cada vez más estrecho.
A estos desafíos se suman la necesidad de generar empleo registrado, garantizar la sostenibilidad de la deuda pública y reconstruir el vínculo con los mercados internacionales. Todo ello, en un contexto donde la demanda de pesos sigue siendo frágil y la credibilidad se construye día a día.
La lección es clara: el dólar no bajó porque no podía bajar. No lo permitían la inflación, el atraso cambiario, la falta de dólares genuinos ni la persistencia de restricciones estructurales. El intento del Gobierno por imponer un relato desconectado de la realidad terminó chocando, una vez más, con la lógica implacable de la economía argentina.
El mercado, como tantas otras veces, tuvo la última palabra.
