Modelo económico de Javier Milei: empleo, industria y la lógica de la destrucción creativa
El modelo económico de Javier Milei impulsa una reconfiguración productiva, con impacto directo en el empleo y el futuro de la industria argentina.
El modelo económico del Gobierno es claro. Fue anunciado con énfasis durante la campaña electoral y repetido hasta el cansancio en cada acto, entrevista y documento programático. No hay allí una traición intelectual respecto de lo prometido. A diferencia de lo que ocurrió con el expresidente Carlos Menem, quien años después de asumir reconoció que “si yo hubiese dicho lo que iba a hacer no ganaba las elecciones”, la actual administración sostiene que está ejecutando exactamente aquello que anticipó. Esa coherencia, en términos formales, constituye uno de los pilares de su legitimidad política.
Sin embargo, que un programa haya sido anunciado no lo convierte automáticamente en exitoso, ni tampoco en prudente en su implementación. La cuestión de fondo no radica en si el Gobierno cumple o no su palabra, sino en cómo ejecuta ese programa y cuáles son las consecuencias económicas, sociales y políticas del modo elegido.
Intentemos hacer un ejercicio intelectual honesto: comprender la interpretación oficial de los hechos que hoy generan ansiedad en vastos sectores de la sociedad. No se trata de emitir una calificación moral, sino de buscar desentrañar la lógica interna del poder. Cuando uno conversa con funcionarios cercanos al Ejecutivo, la explicación es consistente: lo que está ocurriendo es un proceso de “destrucción creativa”.
El concepto, de raíz schumpeteriana (teorías económicas del austriaco Joseph Schumpeter), implica que el capitalismo avanza eliminando estructuras productivas ineficientes para dar lugar a nuevas actividades más dinámicas. Desde las trincheras de la Casa Rosada, aseguran que el plan está funcionando bajo esa lógica. Se destruyen empleos en empresas que no pueden competir, mientras emergen sectores donde Argentina tiene ventajas comparativas claras. Como ejemplo, señalan los 2.000 millones de dólares de superávit energético derivados de la expansión hidrocarburífera. El mensaje es contundente: “todos aquellos productos cuyas empresas son competitivas se deben fortalecer; aquellos donde no lo seamos, se debe importar”.
Ese mantra resume el corazón del paradigma oficial. La empresa Fate, por mencionar un caso reciente, no tendría cabida dentro de este modelo si no puede competir en igualdad de condiciones con los productores asiáticos. El razonamiento oficial es lineal: Argentina nunca será competitiva industrialmente frente a China o el sudeste asiático en determinados bienes manufacturados. Entonces, carece de sentido intentar producir localmente lo que otros fabrican más barato y en mayor escala. Ese producto debe importarse.
La lógica oficial: especialización y competitividad
Desde esa óptica, el plan funciona. Si el objetivo es reconfigurar la matriz productiva hacia sectores como energía, minería, agroindustria y eventualmente economía del conocimiento, la eliminación de actividades no competitivas es un paso necesario. El Gobierno sabe que bajo las actuales condiciones macroeconómicas muchas industrias no tienen lugar en el país. Y asume que habrá un proceso de destrucción inicial para que luego emerjan sectores dinámicos que compensen los efectos colaterales.
El problema comienza cuando analizamos los tiempos y las condiciones de esa transición. ¿Cuánto dura el pasaje entre la demolición de la “vieja economía” y la consolidación de la “nueva economía”? ¿Años? ¿Décadas? Es imposible prever con exactitud esos tempos. Y mientras tanto, la sociedad transita el costo del ajuste.
Para muchos críticos, si la economía no beneficia a amplias mayorías, entonces no funciona. Para los defensores del modelo oficial, la definición de “funcionar” depende de los objetivos propuestos. Si la meta es equilibrar las cuentas públicas, estabilizar la macro y redefinir la especialización productiva, entonces —según esa visión— el plan avanza. Que un asalariado pierda su empleo no invalida el proceso en términos sistémicos. No existe, sostienen, un “funcionar” homogéneo para todos.
Aquí aparece una primera tensión profunda: la economía como sistema puede mostrar señales de ordenamiento, pero la sociedad como entramado humano sufre fracturas. El mercado laboral expulsó, desde diciembre de 2023, a más de 190.000 trabajadores privados formales y a unos 80.000 empleados públicos. Son cifras que reflejan un proceso de ajuste acelerado. Para quienes perdieron su empleo, la teoría de la destrucción creativa no es una categoría académica; es una realidad concreta.
vaca muerta
Entre superávit energético y crisis industrial, el modelo de Javier Milei expone el dilema central: cuánto empleo puede perderse antes de que llegue la nueva economía.
Ahora bien, más allá de la coherencia conceptual del programa, hay una contradicción evidente entre el relato de campaña y la secuencia efectiva de implementación. El presidente Javier Milei prometió que no habría una apertura total inmediata. Primero se ordenaría la macroeconomía: recomponer precios relativos, sincerar tarifas de servicios públicos, corregir el tipo de cambio, reducir el gasto público, bajar impuestos. Solo cuando la economía estuviera nivelada y las empresas contaran con condiciones razonables para competir, se abriría plenamente el comercio exterior. Entonces, sí, se vería con claridad quién es competitivo y quién no.
Ese era el cronograma. Sin embargo, varios de esos pasos intermedios no se concretaron o se hicieron parcialmente. El Gobierno asumió en diciembre de 2023 aplicando una fuerte devaluación para recomponer la paridad cambiaria. La apuesta era que, al cortar la emisión monetaria, la inflación se desplomaría en pocos meses. La inflación efectivamente descendió, pero no a la velocidad necesaria para consolidar el nuevo tipo de cambio real.
Con precios creciendo aún por encima del 2% mensual, el atraso cambiario reapareció. La inflación en dólares comenzó a impactar negativamente sobre la estructura de costos empresaria. Aquella competitividad inicial otorgada por la devaluación se erosionó rápidamente. El resultado fue una economía cara en dólares antes de haber completado las reformas estructurales prometidas.
La brecha entre el plan anunciado y la realidad ejecutada
Las transformaciones de segundo orden —reforma impositiva, financiera y laboral— no llegaron con la inmediatez anunciada. Sin una reducción sustancial de la carga tributaria ni una flexibilización del mercado laboral, muchas empresas continuaron operando con costos elevados en un contexto de demanda deprimida.
Frente a la dificultad de llevar la inflación por debajo del 1% mensual utilizando solo el ancla cambiaria, el Gobierno optó por abrir importaciones para forzar una baja de precios. Hubo efectos puntuales: deflación en textiles y reducción en algunos bienes de consumo. Pero la medida, hasta ahora, sirvió más para contener aumentos que para generar una baja sostenida del índice general.
El problema es que la apertura comercial se adelantó respecto de la hoja de ruta original. Muchas empresas quedaron expuestas a la competencia externa sin haber recibido las condiciones prometidas para competir. No se trata únicamente de industrias ineficientes. Hay sectores con productividad razonable que hoy enfrentan costos financieros prohibitivos, presión impositiva elevada y ausencia de crédito.
La tasa de interés resulta inaccesible para la mayoría de las empresas argentinas que no tienen acceso al mercado voluntario de crédito internacional. Y Argentina, pese a los esfuerzos de estabilización, aún no recupera plenamente el financiamiento externo. La mayor parte de las empresas se desarrollan con crédito; sin él, apenas sobreviven. La inversión productiva requiere horizonte y financiamiento. Sin esos elementos, el tejido industrial se debilita.
Aquí emerge el dilema central: la destrucción se está acelerando más rápido que la construcción. El Gobierno confía en que los sectores dinámicos —energía, minería, agroindustria, economía del conocimiento— absorberán en el tiempo a la mano de obra desplazada. Pero esos sectores, por su propia naturaleza, son intensivos en capital y relativamente poco intensivos en empleo. No generan, al menos en el corto plazo, la misma cantidad de puestos de trabajo que está expulsando la industria manufacturera tradicional.
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Con caída del empleo formal y apertura comercial en marcha, Federico Sturzenegger emerge como el principal impulsor de que el plan económico se ejecute sin desvíos.
Además, existe un componente social y político que no puede subestimarse. Acelerar el proceso de reconversión productiva sin redes de contención robustas puede derivar en tensiones crecientes. La estabilidad macroeconómica es condición necesaria para el desarrollo, pero no suficiente. La cohesión social también es un activo estratégico.
Es cierto: nadie puede alegar sorpresa respecto del rumbo general. El Gobierno fue explícito. Pero sí hay elementos que no estaban en el libreto de muchos argentinos: la velocidad del ajuste, la simultaneidad de shocks y la falta de gradualismo en ciertas reformas. La política económica no es solo un ejercicio técnico; es también un proceso de administración de expectativas.
El interrogante que sobrevuela es si el país puede soportar el tiempo que demande la transición hacia la nueva matriz productiva. La historia argentina muestra que los procesos de reformas profundas suelen chocar con límites sociales antes de consolidarse plenamente. La paciencia colectiva es un recurso finito.
El oficialismo responde que cualquier intento de atenuar el ritmo implicaría prolongar la agonía. Que cuanto más rápido se eliminen las distorsiones, antes emergerá el nuevo equilibrio. Sus críticos advierten que la economía no es un laboratorio aséptico y que la política no puede desentenderse del impacto humano.
En definitiva, el debate no es sobre coherencia discursiva, sino sobre secuencia y tiempos. La destrucción creativa puede ser un motor de progreso cuando la creación acompaña de cerca a la destrucción. Cuando ambas fases se desacoplan, el riesgo es que el vacío generado erosione la legitimidad del proceso.
Argentina enfrenta una encrucijada histórica. La estabilización macroeconómica es un logro relevante si se consolida. Pero el desarrollo sostenible requiere algo más: una estrategia de transición que articule competitividad con inclusión, apertura con fortalecimiento interno, disciplina fiscal con inversión productiva.
No se trata de negar la necesidad de reformas ni de idealizar un statu quo que demostró sus límites. Se trata de comprender que la economía es un sistema complejo donde los equilibrios no se construyen solo con ecuaciones, sino también con consensos sociales.
Acelerar la destrucción puede parecer virtuoso desde una planilla de cálculo. Pero si en el medio se desencadena un problema social y político de magnitud, el costo puede superar los beneficios esperados. La verdadera prueba del modelo no será únicamente la reducción de la inflación o el superávit fiscal, sino su capacidad de generar un nuevo entramado productivo que incluya a quienes hoy quedan al margen.
La coherencia intelectual es un punto de partida. La sustentabilidad social es la condición de llegada. Entre ambas, se juega el destino del experimento económico en curso.
