Riesgo país por debajo de 500 puntos: implicancias y expectativas para la economía argentina
La caída del riesgo país entusiasma a los mercados y al Gobierno, aunque el alivio aún no llega al bolsillo de la gente.
Finalmente, el Gobierno obtuvo una de las señales más esperadas por los mercados financieros y por buena parte del arco político y económico del país. En el transcurso de esta semana, el riesgo país argentino perforó el umbral simbólico y técnico de los 500 puntos básicos, acercándose al nivel que la Argentina necesita para regresar a los mercados voluntarios de deuda. Se trata de un hito relevante no solo desde el punto de vista financiero, sino también desde una perspectiva política y económica más amplia, ya que marca un cambio sustancial respecto de la dinámica que predominó en los últimos años.
El descenso del riesgo país no es un dato aislado ni meramente estadístico. Constituye, en esencia, una señal de confianza del mercado respecto de la capacidad de pago del país y de la consistencia del programa económico que está llevando adelante el Gobierno de Javier Milei. Además, abre la puerta a una serie de consecuencias que, al menos en teoría, podrían facilitar el financiamiento de los vencimientos de deuda que enfrenta la Argentina en 2026, por un monto que supera los 15.000 millones de dólares, y contribuir a reducir el costo del financiamiento tanto para el sector público como para el privado.
Las expectativas del mercado indicaban que este nivel podía alcanzarse hacia el cierre del primer trimestre del año. Sin embargo, una combinación de variables macroeconómicas —entre ellas el fuerte ajuste fiscal, la desaceleración inflacionaria, el superávit financiero y la mejora en el balance del Banco Central— permitió que el objetivo se materializara antes de lo previsto. En ese sentido, el dato adquiere una doble relevancia: no solo por el nivel alcanzado, sino también por la velocidad con la que se llegó a él.
El indicador elaborado por J.P. Morgan se ubica actualmente en torno a los 485 puntos, luego de haber tocado un mínimo cercano a los 475 puntos, el mejor registro desde junio de 2018. En lo que va de enero, el riesgo país retrocedió más de 13%, una caída significativa si se considera el punto de partida y el contexto de elevada volatilidad global. Este índice, utilizado como referencia para medir la percepción de riesgo soberano, funciona como una suerte de termómetro de la credibilidad económica: cuanto más bajo es, menor es la tasa de interés que se le exige a un país para financiarse.
Que la Argentina haya logrado perforar los 500 puntos tiene implicancias concretas. Durante la actual gestión presidencial, los vencimientos de deuda se afrontaron casi exclusivamente con recursos propios, mediante compras de dólares realizadas por el Tesoro o el Banco Central. Este esquema, si bien permitió cumplir con los compromisos, tuvo un costo elevado en términos de reservas y limitó el margen de maniobra de la política económica. De cara al futuro, el acceso al financiamiento externo deja de ser una opción y pasa a convertirse en una necesidad estratégica.
El propio Gobierno ha señalado en reiteradas oportunidades que su intención es volver a los mercados internacionales una vez que el riesgo país se consolide por debajo de los 500 puntos. El objetivo es claro: refinanciar vencimientos, fortalecer las reservas del Banco Central y reducir la dependencia de mecanismos extraordinarios que, en el mediano plazo, resultan insostenibles. Una baja sostenida del riesgo país permitiría, además, evitar cancelar la amortización del capital con fondos propios, ya que la posibilidad de “rollear” la deuda aliviaría las tensiones fiscales y financieras.
En este camino, la administración Milei observa con atención la experiencia reciente de Ecuador, un país que logró regresar a los mercados internacionales con una colocación exitosa de deuda. El caso ecuatoriano funciona como un espejo cercano y, en cierta medida, como un antecedente alentador para la estrategia que busca implementar el ministro de Economía, Luis Caputo.
Ecuador anunció días atrás que recibió ofertas por un monto récord de 18.000 millones de dólares en su reciente emisión de bonos internacionales, cuadruplicando ampliamente la oferta inicial de 4.000 millones. Las colocaciones, con vencimientos en 2029 y 2034, se realizaron a tasas inferiores al 9%, un resultado que sorprendió incluso a los analistas más optimistas. La ministra de Economía y Finanzas de Ecuador, Sariha Moya, destacó que el nivel de interés evidenció la confianza de los inversores internacionales, con una sobresuscripción de 4,5 veces y la participación de más de 340 fondos.
Noboa
Mientras el riesgo país argentino perfora los 500 puntos, Ecuador volvió a los mercados internacionales bajo la gestión de Daniel Noboa (foto), en un espejo que el Gobierno observa de cerca.
Buena parte de los operadores atribuyen este fenómeno a un renovado apetito por activos emergentes, en un contexto global donde los inversores buscan rendimiento en economías que muestran señales de orden macroeconómico. Actualmente, el riesgo país de Ecuador se ubica en torno a los 413 puntos, mientras que el de Argentina ronda los 485. La brecha existe, pero se ha reducido de manera notable, algo impensado apenas unos meses atrás.
Sin embargo, detrás de estos números alentadores emerge una pregunta reiterativa, incómoda, pero inevitable: ¿Cuándo y cómo se traducen estas mejoras macroeconómicas en beneficios concretos para la economía real y para la vida cotidiana de la gente?
El divorcio entre la macro y la microeconomía
El impacto de las buenas noticias macroeconómicas sobre la microeconomía sigue siendo, hasta ahora, limitado. La baja del riesgo país, el superávit fiscal y la estabilidad financiera no se reflejan con la misma intensidad en los bolsillos de las familias, en el nivel de actividad de las pymes ni en la recuperación del consumo. Esta desconexión genera frustración y alimenta la sensación de que existe una “fiesta financiera” que no termina de llegar a la economía real.
La historia económica argentina ofrece múltiples antecedentes de procesos de ordenamiento macro que quedaron a mitad de camino. Durante las últimas siete décadas, no fueron pocos los intentos de corregir desequilibrios fiscales, monetarios y cambiarios que derivaron en largos períodos de ajuste, sin que ello se tradujera en mejoras sostenidas en la microeconomía ni en el bienestar de la población. En muchos casos, el costo social fue alto y el beneficio, efímero.
Para numerosos economistas, el país atraviesa hoy un punto de inflexión. La velocidad y la profundidad de los cambios implementados no tienen precedentes recientes, y los resultados en términos macroeconómicos comienzan a ser visibles. No obstante, el derrame hacia la economía real aún no aparece con claridad, y ese retraso pone a prueba la paciencia social.
Desde una perspectiva estrictamente económica, el vínculo entre riesgo país e inversión es directo. Un inversor que evalúa colocar capital en un país analiza, ante todo, el riesgo. Un riesgo elevado desalienta inversiones productivas, limita el acceso al crédito y encarece el financiamiento. Las estadísticas son contundentes: mientras la Argentina recibió en los últimos años en promedio menos del 15% de su PBI en inversión extranjera directa, países vecinos alcanzaron niveles del 25% o 35% durante etapas de crecimiento sostenido. Dado que la inversión es uno de los motores principales del crecimiento, del empleo y de los salarios, no resulta difícil entender las causas del prolongado empobrecimiento relativo del país.
pyme empresa
La señal que esperaban los inversores ya está, pero el verdadero desafío es transformar estabilidad financiera en crecimiento productivo real.
La baja del riesgo país debería, en teoría, impactar también en las tasas de interés que pagan las familias y las empresas. Créditos hipotecarios, préstamos para la compra de automóviles o incluso financiamiento para bienes durables deberían volverse más accesibles a medida que se reduce el costo del dinero. Sin embargo, esto todavía no se refleja en la práctica. Las tasas que cobran las entidades financieras continúan siendo elevadas, lo que limita la reactivación del consumo y la inversión privada.
Este desfasaje entre expectativas y realidad es, en gran medida, el origen de la insatisfacción social. Para una parte importante de la población, los conceptos de riesgo país, refinanciamiento de deuda o acceso a los mercados internacionales resultan abstractos y lejanos. Lo que se espera, con creciente ansiedad, es una señal concreta que indique que el esfuerzo realizado tiene un correlato en la mejora del poder adquisitivo, en la creación de empleo y en la recuperación del tejido productivo.
El Gobierno sostiene que la macroeconomía ordenada es una condición necesaria —aunque no suficiente— para que la microeconomía se recupere. Argumenta que los efectos positivos requieren tiempo y que cualquier intento de acelerar el proceso podría poner en riesgo la estabilidad alcanzada. No obstante, el desafío político y social consiste en lograr que esa explicación técnica se traduzca en esperanza tangible para una sociedad que viene acumulando frustraciones desde hace décadas.
En definitiva, la perforación de los 500 puntos de riesgo país es una noticia positiva y un logro indiscutible desde el punto de vista macroeconómico. Marca el inicio de una nueva etapa y abre oportunidades que estaban cerradas para la Argentina. Pero el verdadero éxito del programa económico no se medirá solo en indicadores financieros, sino en la capacidad de transformar esa mejora en crecimiento real, empleo de calidad y bienestar social. Mientras ese puente entre la macro y la micro no termine de construirse, la pregunta seguirá latente: ¿Cuánto más habrá que esperar para que las buenas noticias lleguen, de verdad, a la vida cotidiana de la gente?
