"La tortura no es arte ni cultura", subraya el texto en sus fundamentos, al tiempo que denuncia que los cotos de caza promueven la mercantilización de la vida silvestre y contradicen los principios del nuevo derecho animal. Para los impulsores del proyecto, habilitar el sufrimiento innecesario de animales silvestres resulta incompatible con los avances normativos en materia de protección animal registrados en Argentina y el mundo en las últimas décadas.
El negocio: 14 cotos, trofeos y hasta 3.500 euros por pieza
La provincia de Río Negro alberga en la actualidad 14 establecimientos habilitados para la caza deportiva, que integran un exclusivo circuito de turismo cinegético internacional. El atractivo central de estos predios es la posibilidad de cazar fauna silvestre —entre ellas el jabalí europeo, el ciervo colorado y el ciervo dama— y obtener trofeos que se comercializan a precios de elite.
Según datos citados por Odarda, "la matanza de fauna silvestre para obtener trofeos mueve cifras exorbitantes, llegándose a abonar sumas de hasta 3.500 euros por pieza cazada". El dato no es menor: estamos ante una actividad que, lejos de ser un pasatiempo, constituye un negocio de alta rentabilidad orientado en gran medida al turismo extranjero.
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Solo 5 guardafaunas y 3 vehículos controlan los cotos y las áreas protegidas de toda la provincia de Río Negro.
La paradoja del jabalí: plaga invasora y objeto de negocio
Uno de los argumentos centrales que esgrimen los defensores de los cotos es el rol de control poblacional que la caza deportiva cumple sobre especies exóticas invasoras, en particular el jabalí europeo (Sus scrofa). Introducida en Argentina a principios del siglo XX con fines cinegéticos, la especie figura hoy en la lista de las 100 más dañinas del planeta según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).
En Río Negro, el jabalí no es una amenaza menor. Destruye cultivos, rompe alambrados, depreda corderos recién nacidos durante la parición ovina y altera el equilibrio de los ecosistemas nativos. A nivel nacional, las pérdidas económicas vinculadas a esta especie oscilan entre 900 y 1.400 millones de dólares anuales, según estimaciones especializadas. En ese contexto, la Secretaría de Fauna provincial habilitó para la temporada 2026 la caza deportiva del jabalí europeo con un cupo de 4 piezas diarias por operador, con la modalidad de caza con jauría de perros restringida al período comprendido entre el 9 de marzo y el 31 de octubre.
La tensión es evidente: el mismo animal que el proyecto de Odarda busca proteger de la industria del trofeo es, simultáneamente, una especie invasora cuyo control poblacional requiere —según expertos y organismos de manejo ambiental— de métodos letales.
Cinco guardafaunas para 14 cotos y toda la provincia
El punto más contundente del proyecto legislativo no es ideológico, sino estructural. Según información oficial remitida por la propia Subsecretaría de Fauna de la provincia, Río Negro dispone de tan solo 5 guardafaunas y 3 vehículos para fiscalizar no únicamente los 14 cotos de caza habilitados, sino la totalidad de las áreas naturales protegidas del territorio provincial.
La desproporción es alarmante. Con ese escaso personal y equipamiento, el Estado tiene capacidades mínimas para controlar el cumplimiento de las regulaciones vigentes, verificar los cupos de extracción, prevenir el maltrato animal o proteger a las especies en peligro que habitan la región. Entre ellas, el proyecto menciona expresamente al Huemul, el Pudú y el Puma, tres animales con distintos grados de vulnerabilidad cuya presencia en áreas aledañas a los cotos los expone a riesgos concretos.
"Esta falta de fiscalización incrementa significativamente el riesgo de maltrato animal y pone en peligro a especies protegidas", advierte el texto legislativo.
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El jabalí europeo, especie invasora y objeto de caza, genera pérdidas millonarias en la ganadería patagónica.
El bien común frente al negocio privado
Más allá de las consideraciones éticas, el proyecto cuestiona la legalidad del esquema vigente en un plano filosófico-jurídico. La fauna silvestre, recuerda Odarda, "constituye un bien natural común que pertenece a toda la sociedad". Bajo ese principio, permitir que actores privados lucren con la matanza de animales que son patrimonio colectivo —y que los ciudadanos no tienen posibilidad efectiva de controlar— plantea una contradicción que el proyecto busca resolver mediante la prohibición definitiva.
La autora sostiene que eliminar los cotos de caza "es una medida razonable y necesaria para garantizar la protección integral de la biodiversidad y fomentar una cultura de paz", y argumenta que premiar con la cabeza de un animal no humano como trofeo "fomenta un patrón de violencia incompatible con la sociedad actual".
Voces en contra: la caza como herramienta de manejo ambiental
La presentación del proyecto no pasó inadvertida en el sector cinegético. Referentes de la actividad salieron al cruce con rapidez. La crítica más recurrente apunta a que la propuesta "evidencia un enfoque totalmente sesgado", ya que ignora el papel que la caza deportiva cumple en el control de especies exóticas invasoras como el jabalí, el ciervo colorado y la liebre europea, cuya reproducción sin restricciones impacta de forma directa sobre la fauna autóctona, algunas de cuyas especies se encuentran en peligro de extinción.
Desde el sector se advirtió, además, que la iniciativa "va a contramano de las últimas disposiciones que tratan de fomentar la caza, todo el año y con límites grandes, de estas especies exóticas". El debate, lejos de cerrarse, apenas comienza.
FUENTE: Proyecto legislativo de la Legislatura de Río Negro (mayo 2026) e información pública de la Subsecretaría de Fauna provincial con aportes de Redacción +P.
