El sello Vitivinicultura Argentina Sostenible ya figura en etiquetas exportadas a mercados globales.
El esquema se sostiene sobre una articulación entre tres actores centrales: la COVIAR, a través de su unidad ejecutora de Pymes Exportadoras, el Consejo Federal de Inversiones (CFI) y los gobiernos provinciales. Esta estructura tripartita explica por qué el sello logró penetrar en regiones donde la vitivinicultura no constituye el eje productivo tradicional, como Neuquén, Misiones o Tucumán, además de consolidarse en los polos históricos de Mendoza, San Juan y Salta.
El financiamiento del proceso de certificación de las 53 unidades productivas ascendió a 44 millones de pesos, una inversión que cubrió asistencia técnica, implementación de sistemas de gestión y auditorías externas.
La sustentabilidad se transformó en un requisito clave para exportar vino a mercados exigentes.
Qué certifica el sello
Un error frecuente es asociar la sustentabilidad vitivinícola exclusivamente con la ausencia de agroquímicos o con prácticas orgánicas. El protocolo de COVIAR trabaja sobre tres ejes que no son excluyentes entre sí: gestión ambiental, que abarca el uso eficiente del agua, el manejo del suelo, el consumo energético, el tratamiento de residuos y el manejo integrado de plagas; viabilidad económica; y responsabilidad social, que incluye condiciones laborales, equidad de género y seguridad en el trabajo.
La certificación no queda en manos de la propia industria: siete organismos independientes están habilitados para auditar y validar el cumplimiento de la Guía de Sustentabilidad. Entre ellos figuran IRAM, Bureau Veritas, la Organización Internacional Agropecuaria (OIA), Letis, Foodsafety, Lenor Group y Ecocert.
Un respaldo adicional consolidó la herramienta: la Dirección Nacional de Fiscalización del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) aprobó y reglamentó formalmente el uso del sello, otorgándole el aval de un organismo técnico-científico estatal. En paralelo, COVIAR trabaja junto a la Cancillería argentina para que el sello sea reconocido por los principales monopolios importadores de vino, en un esfuerzo por transformar la certificación en una ventaja comercial tangible y no solo en un atributo simbólico.
Patagonia, protagonista inesperada
Uno de los datos más relevantes del programa es su llegada a la Patagonia vitivinícola, una región que representa una porción menor de la producción nacional pero que gana peso como polo de vinos de climas fríos. Tres bodegas patagónicas certificaron el sello: Bodega Trina, en Río Negro; Nant y Fall, en Chubut; y Malma, en Neuquén.
Estas certificaciones se enmarcan en un contexto de fortalecimiento de la identidad vitivinícola patagónica, con provincias como Neuquén, Río Negro y Chubut ganando visibilidad no solo por sus vinos, sino también por el enoturismo y la organización de encuentros sectoriales de escala regional.
Según referentes del sector, el sello ya figura en etiquetas de vinos patagónicos exportados a distintos mercados globales, lo que refuerza la competitividad de bodegas que, por escala, difícilmente podrían diferenciarse solo por volumen frente a los grandes players de Mendoza y San Juan.
La iniciativa cuenta con el apoyo de COVIAR, el CFI y los gobiernos de distintas provincias.
Un eje del plan
La sostenibilidad —ambiental, económica y social— constituye uno de los pilares centrales del Plan Estratégico Vitivinícola 2030 (PEVI). En ese marco, el sello se proyecta como una herramienta de mediano plazo para sostener el acceso a mercados premium, en un momento en que la industria global exige trazabilidad y compromisos verificables más allá del producto embotellado.
La consolidación del programa, con dos convocatorias completadas y una tercera etapa que podría ampliar aún más el mapa de bodegas certificadas, marca una tendencia difícilmente reversible: la sustentabilidad certificada ya no es un diferencial opcional, sino una condición de ingreso al negocio vitivinícola internacional.
FUENTE: Redacción +P
