Los números que explican el quebranto
Es importante precisar el alcance de los valores informados: los $7.050.000 de inversión por hectárea corresponden exclusivamente a los costos operativos necesarios para sostener la producción durante una campaña. Entre los componentes más relevantes se encuentran la mano de obra, los insumos agrícolas, la energía, el combustible, la maquinaria, la cosecha y el acarreo. Estos valores no contemplan el precio de la tierra, las inversiones en infraestructura, las amortizaciones ni la rentabilidad del capital inmovilizado.
Esta distinción resulta fundamental para comprender la magnitud real del problema: aun sin considerar los costos estructurales del establecimiento, producir vid en el Valle de Uco ya implica trabajar a pérdida. Los productores subrayaron que los precios que reciben por su producción no alcanzan para cubrir ni siquiera la inversión operativa anual, lo que torna insostenible la continuidad de la actividad sin intervención de políticas públicas específicas.
Los costos clave son: mano de obra, los insumos agrícolas, la energía, el combustible, la maquinaria, la cosecha y el acarreo.
Un sector en alerta
Desde CRA se advirtió que esta realidad no es exclusiva de la vitivinicultura mendocina. La pérdida de competitividad, según la entidad, caracteriza a numerosas economías regionales del país, donde el incremento sostenido de los costos no encuentra correlato en los precios recibidos por los productores. Esta brecha creciente desalienta las inversiones, frena el crecimiento sectorial y compromete el empleo y el arraigo de las comunidades del interior productivo.
La mano de obra, los insumos agrícolas, la energía y el combustible registran aumentos sostenidos que erosionan los márgenes en cada campaña. La ausencia de previsibilidad económica agrava el escenario para quienes deben planificar con meses de anticipación cada ciclo productivo.
Frente a este panorama, CRA reiteró la necesidad de avanzar en políticas públicas orientadas a mejorar las condiciones de producción. Las demandas del sector se articulan en tres ejes concretos: reducción de la carga impositiva, eliminación de los costos distorsivos que encarecen la actividad y generación de herramientas que devuelvan previsibilidad y competitividad a las economías regionales.
"Los productores necesitan condiciones para ser competitivos. No puede naturalizarse que trabajar durante todo un año signifique producir a pérdida. Defender a las economías regionales es defender el empleo, el arraigo y el desarrollo del interior productivo argentino", señalaron desde CRA al concluir la recorrida por el Valle de Uco.
La situación plantea un interrogante urgente para el sector y para la política agroindustrial argentina: sin rentabilidad, no hay inversión; y sin inversión, el futuro de una de las principales economías regionales del país queda comprometido.
FUENTE: CRA con aportes de Redacción +P
