Impulsan un nuevo RIGI para el campo y sus industrias
Tras la aprobación de la Ley Bases, desde el sector agroindustrial se reflota la idea de poner en marcha un RIGI orientado al campo y sus industrias.
El Gobierno no ocultó su entusiasmo con la aprobación de la Ley Bases que, vale decirlo, también representó un alivio para toda la sociedad al destrabar cantidad de temas que estaban frenados por la demora legislativa. Pero, además de lo político general, uno de los aspectos clave, es que dentro de la mega norma hay otras incluidas, entre las cuales el RIGI, o Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, es el que más expectativas despierta en el Ejecutivo.
Se dice que en “la mesa chica” hay absoluta conciencia de las limitaciones que, por un tiempo más, seguirá teniendo la Argentina, para conseguir fondos de los grandes centros de financiamiento como el Banco Mundial, el BID, la comunidad económica, etc. y que este instrumento podrá suplir buena parte de esos recursos con grandes inversores privados permitiendo, así, que el país se fondee aunque le restrinjan financiación los países desarrollados y sus organismos. Parte de razón tienen.
De hecho, el nuevo régimen (64 artículos desde el 164 al 228 dentro de “Bases”) apunta especialmente a empresas energéticas y mineras que tienen en carpeta anuncios por al menos u$s80.000 millones para la próxima década. En todos los casos, se trata de proyectos de U$S 200 millones o más y, entre otras iniciativas, podrían impulsarse la construcción de gasoductos y oleoductos que transporten gas y petróleo a puertos y zonas alejadas de los yacimientos hidrocarburíferos; construcción de nuevos puertos; obras relacionadas al litio y la energía nuclear; parques solares y eólicos; líneas de alta tensión para abastecer con energías renovables a grandes industrias, pozos petroleros y gasíferos de Vaca Muerta, plantas de tratamientos y minas en la alta montaña; aeropuertos y emprendimientos hoteleros y gastronómicos para fomentar el turismo y los negocios; forestoindustria, la ampliación de hornos siderúrgicos y caleros, y de plantas petroquímicas; o la instalación de polos tecnológicos para el desarrollo de inteligencia artificial y modernización de industrias ya instaladas, entre otras muchas cosas.
Todo esto bajo el paraguas de “incentivos con certidumbre, seguridad jurídica, y un sistema eficiente de derechos adquiridos a su amparo”, como fija el encabezado de la norma.
Sin embargo, desde las propias filas del Congreso se levantaron inmediatamente voces pidiendo que se incluya también a las pymes, que son la gran mayoría del país, en los “incentivos”, para lo cual se “reflotó” un viejo proyecto de, al menos 3 años, del Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), de un proyecto agroindustrial, que ya había sido abordado en el Congreso en varias ocasiones, sin demasiada suerte a pesar de los beneficios que implicaba para nuevos desarrollos.
También, y al mismo tiempo, las propias pequeñas y medianas empresas salieron a reclamar “igualdad” (con los grandes inversores) y, durante su Congreso Nacional (que se produjo casi al mismo tiempo que el debate en el Congreso) pidieron una serie de cuestiones como:
- En Comercio Exterior: eliminar aranceles de insumos específicos, bienes intermedios y de capital que no se produzcan a nivel nacional; aplicar aranceles sobre los productos que producen las Pymes; eliminar retenciones a las exportaciones Pyme, etc..
- Energía: fijar su costo de en base al precio internacional para reducir la incertidumbre;
- Impositivo: evitar embargos excesivos por deudas con AFIP; aplicar la exención del Impuesto al Cheque para Micro y Pequeñas Empresas; permitir la Libre Compensación de Saldos AFIP (Cuenta Única Tributaria); e implementar una "moratoria especial por embargos”;
- Crear un Régimen de Promoción de Inversiones PyME con el objetivo de incentivarlas;
- Promocionar la vinculación con instituciones de ciencia, tecnología e innovación, la incorporación de estudiantes y graduados/as universitarios/as, el desarrollo de capacitaciones para el personal, el fomento del comercio intra-pyme y la vinculación empresarial;
- Laboral: contar con un sistema de actualización de las indemnizaciones que sea justo para ambas partes, en donde las sentencias favorables a los trabajadores sean ajustadas según las paritarias de su categoría, y crear un programa de apoyo para el pago de indemnizaciones a las MiPyMEs que demuestren estar atravesando un proceso de crisis que podría enfrentarse a través de una reestructuración del personal.
Simultáneamente, “ni lerdo ni perezoso”, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, adelantaba que el próximo paso para el Gobierno es impulsar una nueva Ley Pyme, e incluso fue más lejos, al afirmar que “el Gobierno está trabajando en "herramientas clave" para fortalecer a este sector”. Coincidencia…(?)
Lo concreto es que lo más adelantado es el tema de las agroindustrias, incluida la producción agropecuaria, que fue la base para reformatear el ahora Régimen de Inversiones para el Desarrollo Agroindustrial (RIDA) que, en realidad, es un revival de la ley agro(bio)industrial del CAA, y que buscaría convertirse en el nuevo RIGI del campo y sus industrias (entre ellas, la Alimentaria que a mediados e los ´90 atraía inversiones externas superiores a los U$S 10.000 millones).
En el articulado se buscaría incluir algunas partes del tema laboral que quedaron fuera de la Ley de Bases (que había tomado ciertas cuestiones de este), e incluye amortizaciones aceleradas, desgravaciones para quienes usen insumos clave como fertilizantes, semillas fiscalizadas, etc; y otra serie de temas que apuntan a aumentar la producción, bajando al máximo (posible) el costo fiscal.
Obvio que las negociaciones no son fáciles, especialmente por el tema impositivo clave, como son las retenciones, asunto que el Gobierno no estaría dispuesto a modificar todavía. Sin embargo, el hecho de que José Luis Espert sea el titular de la estratégica Comisión de Presupuesto en Diputados, “permite abrigar cierta esperanza” para los promotores de la nueva ley, según reconocen.
Sin embargo, la verdadera carta fuerte va a estar en manos de los gobernadores que, ante la falta de financiación nacional, comienzan a apelar a otros instrumentos más “creativos” para poder avanzar en algunas de sus obras y, además, comenzar a reactivar las economías de cada distrito (los más desconfiados, también creen ver en esto algún interés por las próximas elecciones de medio término del año que viene, y la necesidad de mostrar resultados/obras en los distritos).
Sea por lo que fuere, y considerando que las pymes oscilan entre 75% y 83% del total de las empresas en todo el país, la inquietud es justificable y, junto con el Mercado de Valores de Rosario (que financia obras por montos mucho menores lo que permite avanzar, por ejemplo, con infraestructura que facilite la radicación o ampliación de industrias, desde acceso a puertos, como energía para grandes criaderos, caminos, comunicaciones, etc.), darían una especie de combo capaz de multiplicar posibilidades impensables sin estas herramientas. De hecho, algo de esto dejaron entrever días atrás durante el Día de la Avicultura, cuando se afirmó que solo esta compleja actividad “necesita incorporar 500 galpones de última generación por año”, a fin de mantener el ritmo de crecimiento y exportaciones que traen, y destacaron especialmente al RIDA como el instrumento para lograrlo, algo que ya el Gobernador de Entre Ríos también parece haber detectado. Y es solo un ejemplo.
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