En memoria de los muertos
Guatti planteó que el debate "no se refiere solamente a bienes, penas o estadísticas, sino que tiene nombres, rostros y familias", y trajo a la comisión los casos de dos productores asesinados: Melchor Baltazar Díaz, este año en Corrientes, y Rodolfo "Rudy" Weber, en 2020 en Misiones. En ambos casos, dijo, el patrón se repite: "delincuentes que ingresaron clandestinamente a establecimientos rurales aprovechando el aislamiento y las dificultades de respuesta".
El proyecto que CRA respalda, incorpora al Código Penal una figura específica para castigar el ingreso deliberado y no autorizado a un establecimiento rural —con excepciones para casos de necesidad, auxilio o cuando no sea posible identificar los límites del predio—, y suma el artículo 184 bis, que agrava las penas por daños intencionales contra la infraestructura y la producción agropecuaria: silos bolsa, bombas de agua, sistemas de riego, paneles solares.
"Cuando se rompe un silo bolsa o se destruye una bomba de agua, un sistema de riego o un panel solar, no se daña solamente un bien; se pone en riesgo todo el proceso productivo", sostuvo Guatti, quien cerró su exposición pidiendo dictamen favorable" por Rudy Weber, por Melchor Díaz y por todas las familias que viven y trabajan en el campo".
Bonos de carbono
Un día antes, el 2 de septiembre, fue el turno del Senado. Ante el plenario de comisiones, el dirigente de CRA Ernesto Messina fijó la posición de la entidad sobre el proyecto de marco regulatorio para el mercado de carbono, con la premisa de darle previsibilidad legal para quien produce.
CRA respalda que avance una ley nacional sobre mercados de carbono —la lee como una oportunidad para atraer inversión y financiamiento climático al campo—, pero condicionó ese respaldo a un punto central: el crédito de carbono no puede desligarse del derecho de propiedad que le da origen. Es decir, que el titular del campo conserve la titularidad económica y los beneficios del crédito generado en su tierra, salvo que medie consentimiento expreso o una cesión contractual válida.
Sobre los programas provinciales o jurisdiccionales de carbono, CRA pidió que la sola inclusión de un campo en uno de esos esquemas no se interprete como una cesión automática de derechos: la participación debe ser, en los términos que planteó la entidad, "previa, expresa, específica, informada y por escrito", y el productor tiene que conservar la posibilidad de retirarse.
A eso sumó dos pedidos de diseño institucional: un registro nacional único —para evitar superposición de sistemas, costos duplicados e inseguridad jurídica— y procedimientos de acceso al mercado regulado que sean objetivos, previsibles y no discriminatorios, con requisitos y plazos fijados claramente en la ley y no librados a la reglamentación posterior.
Ninguno de los dos proyectos está, por ahora, a punto de convertirse en ley: el de vandalismo rural busca dictamen en Diputados con el antecedente favorable de 2024 todavía sin convertirse en sanción definitiva, y el de mercado de carbono recién está en la etapa de exposiciones en comisión del Senado
FUENTE: Redacción +P
