Jubilaciones: el Gobierno impulsa cambios en el sistema, ¿Vuelven las AFJP?

Una de de las reformas importantes que está elaborando el Gobierno para el 2025 es la modificación del sistema previsional contemplando, entre otros aspectos, la eliminación de los regímenes especiales y esquemas mixtos de aplicación.

Desde el Gobierno aseguran que si se suprimieran todos los regímenes de privilegio existentes en el sistema se podría triplicar la jubilación mínima. Distintos trabajadores como los de la construcción, docentes, investigadores, del Poder Judicial y del Servicio exterior, entre otros, cuentan con regímenes especiales que les permiten jubilarse con requisitos de edad y años de servicio de aportes menores.

Según los últimos datos de la ANSES en la actualidad se pagan unas 250.000 prestaciones correspondientes a regímenes especiales, sobre un total de algo más de 7 millones. Es decir, representan 3,4% del total de los beneficios contributivos, pero implican 10,9% de las erogaciones del total de beneficios contributivos ya que tienen haberes considerablemente mayores al promedio del régimen general.

Uno de los proyectos que está siendo estudiado en Economía es continuar con el sistema de reparto, con los ajustes necesarios, pero incentivar en paralelo el desarrollo de seguros privados de retiro. El otro de los trabajos que impulsa la cartera de Luis Caputo es la vuelta, aunque con varios retoques, de las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP) creadas en 1993, durante el gobierno de Carlos Menem, con Domingo Cavallo al frente del Palacio de Hacienda. En este caso específico el estudio establecería un sistema previsional ampliado con un mix entre público -como está ahora- y privado -a través de una herramienta muy parecida a las AFJP- que permita al ciudadano elegir hacia donde dirige sus aportes y como es que pretende cobrarlos. La elección quedaría en manos del contribuyente y futuro jubilado.

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El sistema de AFJP fue impulsado durante la gestión del expresidente Carlos Menem. Luego la expresidenta Cristina Fernández incautó los fondos de las empresas y volvió a estatizar el sistema.

Desde ya que para que para cualquiera de los sistemas a aplicar tengan sustentabilidad en el tiempo, se necesita que aumente la cantidad de trabajadores en blanco. Se estima que en la actualidad la proporción de aportantes es de apenas 1,5 por cada jubilado, muy por debajo de los 3 trabajadores por pasivo que se necesitan para asegurar la sostenibilidad del sistema en el largo plazo. Por esta razón, la reforma previsional se presentará junto con una reforma laboral. La intención es que esta iniciativa contemple la adopción de medidas orientadas a incentivar la formalización laboral. Cabe recordar que el trabajo informal se estima representa casi un 30% de la fuerza laboral.

Lo actuado hasta ahora con las jubilaciones, no alcanza

Solo las jubilaciones representan el 35% del presupuesto y son el gasto más importante del gobierno nacional. El Gobierno no ha hecho una propuesta de política previsional en forma clara: “Ha corregido algún problema como el de la movilidad, ha planteado que no está de acuerdo con el esquema de moratorias, pero aún no ha dado señales claras sobre una visión de mediano y largo plazo”, destaca Rafael Rofman, especialista en temas previsionales e investigador principal del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC).

Por su parte, Laura Caullo, economista del Instituto de Estudios Económicos sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL) de la Fundación Mediterránea, consideró, ante este medio que “las modificaciones en la reforma previsional que el Gobierno vetó actualmente se están implementando mediante un DNU, lo que ha permitido introducir ajustes en la fórmula de movilidad y en beneficios especiales”. Sin embargo, aclaró que, “al no contar aún con la aprobación del Congreso, sigue siendo un instrumento transitorio”.

Para la especialista, una ley -de sancionarse- “podría contribuir a darle sostenibilidad al equilibrio fiscal”, ya que “contribuye a evitar la generación de juicios que, aunque no se registren en la contabilidad pública como pasivos, actúan como compromisos implícitos que erosionan la solvencia de las finanzas públicas”.

Entre los aspectos que se necesitan trabajar para tener un sistema previsional más ordenado, Rofman destacó:

- Modificar la estructura del régimen general y la definición de beneficios considerando esquemas para quienes no alcancen a cubrir los 30 años de aportes.

- Revisar las pensiones por fallecimiento, por considerarlas “muy antiguas, con beneficios vitalicios para viudas y viudos jóvenes y duplicación de haberes para jubilados”;

- Revisar las pensiones no contributivas por invalidez ya que, consideró, “es un esquema con pocas reglas y control”.

- Modificar los regímenes de excepción: “Hay cerca de 200 regímenes que explican un 40% de los beneficios y más de la mitad del gasto en todo el país. Deberían eliminarse e integrarse al régimen general”.