A mayor tamaño, es más fácil afrontar los costos de sumar conocimiento y tecnología. Y describe primero un panorama desafiante: “Los mercados internacionales evolucionan a una velocidad creciente: nuevas exigencias de calidad, disrupciones logísticas, cambios tecnológicos, crisis bélicas y cambios en políticas de comercio exterior. Adaptarse a ese entorno ya no es opcional, y ahí es donde la escala marca la diferencia”.
de blasi
Ernesto De Blasis asegura que en Chile “más de 2.600 huertos (dedicados a todo tipo de frutas) han desaparecido en menos de una década".
Así llega, antes de su conclusión, al punto central de su análisis, que a la vez es una advertencia que sirve a ambos lados de la cordillera: “La fruticultura moderna exige perfiles cada vez más especializados en áreas como I+D (Investigación y Desarrollo), comercialización, tecnología, gestión y finanzas. Una explotación de 100 hectáreas puede distribuir ese costo entre un volumen de producción que lo justifica. Un huerto de 20 hectáreas, simplemente, no puede”.
El especialista dice, sin decirlo, que está llegando a su fin el establecimiento tradicional de escala familiar que atesoramos en la memoria con nostalgia: “El resultado es un círculo que se retroalimenta: quien no alcanza la escala (tamaño) para profesionalizarse pierde competitividad, acelera su salida del mercado y concentra aún más la producción”.
Las estadísticas oficiales de Argentina le vienen dando la razón, aunque aquí influyeron otros factores para que se cayeran del sistema decenas de productores, como la falta de crédito, de rentabilidad y, hasta, las retenciones.
Pero, sumados los reportes de los últimos 15 años (2009-2023), la superficie que perdió la fruticultura se acerca a las 15.000 hectáreas. En el cierre de la estadística del año 2023 del SENASA, se da cuenta de que solo en ese año se perdieron otras 533 hectáreas de montes frutales, entre pomáceas y fruta de carozo. Esto, según el informe estadístico del año 2024.
El chico es el más débil
Del total de los que se salieron del sistema productivo entre 2009 y 2022, el 95% tenía menos de 30 hectáreas. En el otro extremo, de los productores con más de 50 hectáreas, solo uno fue expulsado del sistema: en 2009 existían 127 en ese rango; en 2022 eran 126. Todo basado en los anuarios estadísticos de SENASA, que realiza sus relevamientos tomando en cuenta a quienes se inscriben cada año para seguir en la actividad. El golpe más duro lo afrontaron los productores con menos tierras (0 a 9 hectáreas), que se redujeron casi a la mitad entre 2013 y 2022 (un 45,7%).
En Chile, en base a informes del Catastro Frutícola, las pequeñas aceleran su retroceso a un ritmo de -3,8% anual. En O'Higgins, la principal región frutícola del país, con casi 100.000 hectáreas plantadas (26% del total nacional), el crecimiento anual compuesto de explotaciones grandes desde 2008 es de +6,8%, el mayor a nivel nacional.
En el Maule, segunda región en importancia, con cerca de 97.400 hectáreas (25% del total), se muestra una aceleración más aguda en el período reciente: los huertos de explotaciones pequeñas registran -7,6% anual entre 2020 y 2025, reduciéndose de casi 2.900 a menos de 2.000 unidades.
Manzana protección
Adaptarse o salir del sistema: la escala y la tecnología dejaron de ser una ventaja y pasaron a ser una obligación.
Durante los últimos nueve años, las explotaciones grandes crecieron a una tasa anual compuesta de +1,3%, pasando de 3.131 a 3.518 unidades, mientras las pequeñas cayeron un -2,2% anual, de 14.223 a 11.614 unidades; es decir, 2.609 unidades menos.
De Blasis concluye su repaso estadístico afirmando que “al aplicar un modelo de proyección estadística sobre la serie nacional, las explotaciones de escala incorporarían unas 43 unidades al año, mientras las pequeñas perderían alrededor de 290 anuales”.
No muere, se transforma
Su conclusión es que “la fruticultura chilena no está en crisis, está en transformación. Y los datos sugieren que esa transformación continuará profundizándose. Para los actores del sector, la pregunta ya no es si la concentración seguirá avanzando, sino cómo adaptarse a una industria donde la escala dejó de ser una ventaja competitiva para convertirse en un requisito”.
Así, el tamaño y la capacidad de un establecimiento son determinantes para contratar el asesoramiento de un ingeniero agrónomo, para tecnificar procesos, pagar los servicios de un asesor contable y financiero, y para incorporar tecnología más actualizada.
La escala del Estado
Pero en Argentina tal vez no sea solo una cuestión de tamaño lo que saca a los productores del sistema, sino que también es determinante el modelo económico. Chile es una economía abierta e integrada al mundo. Cuenta con 33 acuerdos comerciales que involucran a 65 economías alrededor del globo, lo que le permite acceder al 88% del Producto Interno Bruto (PIB) mundial.
Es necesario, entonces, no cargar todo el peso de la eficiencia sobre las espaldas del productor y de su escala. Aunque los que sí tienen escala compran chacras de contado, como ocurre por estos días en el Alto Valle.
Para explicar en parte lo que vino sucediendo, se puede tomar como referencia una herramienta que por estos días está en boca de todos, como el dron para pulverizar. Un modelo de entrada de gama en Chile, como el DJI T10 o T20P, cuesta 7.370 dólares aproximadamente. En Argentina, el DJI Agras T10 / T25 (entrada/medio) se consigue en un rango de 12.000 dólares a 18.000 dólares. Es decir, casi el doble que el escalón más bajo en Chile.
En Chile, un gama alta (DJI Agras T50 - equipo completo) cuesta unos 29.470 dólares. En Argentina, el mismo modelo puede oscilar entre los 38.000 dólares y 45.000 dólares.
Así las cosas, para un productor chileno acceder al modelo más avanzado (T50) requiere una inversión de 29.500 dólares. Para un productor argentino, ese mismo salto tecnológico requiere desembolsar cerca de 40.000 dólares. Para uno de los dos, más que una herramienta moderna y eficaz, es un lujo inalcanzable.
Vale la pena detenerse en algunas variables que explican las consecuencias de que Argentina haya sido un país cerrado por años y con impuestos altos. Chile, gracias a sus múltiples Tratados de Libre Comercio (TLC), especialmente con China (de donde proviene DJI), tiene un arancel de importación para drones agrícolas que suele ser del 0%.
El único impuesto relevante es el IVA (19%), que en el caso de los productores agropecuarios funciona como crédito fiscal, por lo que no termina siendo un costo hundido para el negocio.
En Argentina, el precio de un dron no solo cubre el equipo, sino una larga cadena de costos estatales y distorsiones macroeconómicas, porque, dependiendo de la posición arancelaria (a veces clasificados como aeronaves o maquinaria agrícola), pueden pagar aranceles que van del 10% al 35%.
pera cosecha cargando en camion
La histórica chacra familiar enfrenta su mayor desafío en un negocio que exige tecnología, inversión y volumen.
A eso se suma la tasa de estadística, que es un tributo del 3% ad valorem (sobre el valor de la mercadería). Esta alícuota ha sido prorrogada por el Decreto 1140/2024 hasta el 31 de diciembre de 2027. Se aplica a importaciones definitivas para consumo para financiar el servicio de procesamiento de datos comerciales. Es decir, el productor paga sus impuestos para sostener a la administración pública, que, cuando la necesita, le cobra un impuesto aparte.
Luego afronta una carga impositiva en cascada: al IVA (que puede ser del 10,5% para bienes de capital o 21%) se le suman percepciones de Ganancias e Ingresos Brutos que encarecen el precio final en la factura.
Además, está el “riesgo país local”, porque los importadores argentinos suelen cubrirse ante la incertidumbre de acceso a divisas. Esa “prima de riesgo” se traslada directamente al precio final para el productor.
Pregunta final
Y pensar que la fruticultura del Alto Valle nació, paradójicamente, sobre la base de la pequeña propiedad. El capital británico —a través del Ferrocarril del Sud— optó por controlar el empaque, el transporte y la comercialización, pero evitó integrar la etapa productiva. Eso resultó en una fragmentación deliberada en pequeñas explotaciones individuales, dando lugar al chacarero como sujeto social característico de la región: propietario de una porción de tierra bajo riego de siete a diez hectáreas promedio. Y los ingleses, como sostienen estudios históricos, no fraccionaron la tierra en esos tamaños por antojo: era la unidad que podía llevar adelante una familia de colonos compuesta por padre, madre e hijos.
En un trabajo titulado “Prospectiva frutícola del Alto Valle del río Negro al 2035”, editado por el Centro Regional Patagonia Norte del INTA en el año 2022, los autores (Adalberto Santagni, Walter Nievas, Susana Di Masi, Fernanda Menni), sobre el final, se hacen una pregunta: “El estado actual del sistema muestra la reducción de la actividad a la mitad en estos últimos 20 años (mitad de fruticultores, mitad de superficie implantada, menor cantidad de exportaciones; la mitad de los productores ya supera los 60 años de edad), orientando la línea base del escenario tendencial, haciendo obvia la respuesta a la pregunta ‘¿qué sería de la fruticultura si siguiera exactamente el mismo curso que hasta hoy?". Tal vez, al menos la fruticultura que hoy conocemos, podría ya no existir.
