En términos concretos, durante 2025 se realizaron 7.437 mareas, de las cuales 6.322 se desarrollaron sin inspector a bordo. Es decir, el 85% de los viajes de pesca no tuvo fiscalización física. En el primer semestre de 2026 la proporción fue similar: el 84,8% de las mareas se realizaron sin inspector.
La brecha también se observa en la cantidad de inspectores disponibles. El informe señala que la dotación pasó de 94 inspectores embarcados en 2021 a 64 en 2025/2026, mientras aumentó el número de viajes pesqueros.
En 2021 había 94 inspectores para 5.272 mareas. Cuatro años después, 64 inspectores deben cubrir más de 7.400 viajes. El promedio pasó así a unas 116 mareas por inspector, más del doble que en 2021. La situación adquiere especial relevancia en las empresas pequeras de mayor importancia económica.
El calamar, el caso más evidente
El calamar Illex concentra una de las mayores diferencias entre volumen económico y nivel de fiscalización. Durante 2025 fue el producto pesquero de mayor volumen exportado, con 193.385 toneladas y USD 550 millones, según el informe.
Sin embargo, apenas el 9,1% de sus mareas contó con un inspector a bordo ese año. Durante el primer semestre de 2026 la cobertura fue todavía menor, del 8,2%. En otras palabras, más de nueve de cada diez viajes de pesca de calamar se realizaron sin control físico.
Asimismo, el langostino y la merluza hubbsi, también presentan niveles de cobertura cercanos al 20%. En contraste, especies de menor volumen comercial, como la merluza negra, la merluza de cola, la merluza polaca, la centolla y la vieira, registran niveles de fiscalización cercanos al 100%.
El problema de la falta de información
El informe señala además que el problema no se limita a la cantidad de inspectores. Según CPA y SANHV, el sistema electrónico de cámaras a bordo SICON, establecido hace más de 15 años, nunca llegó a funcionar de manera efectiva.
A esto se suma una baja presencia de observadores científicos. El documento cita coberturas que no superaron el 2,3% de las mareas de la flota merlucera en 2022 ni el 6,5% en la pesquería de calamar en 2024.
Para las organizaciones, la combinación de escasa fiscalización presencial, ausencia de monitoreo electrónico efectivo y limitada información pública hace que una parte importante de los datos sobre las operaciones dependa de las declaraciones de los propios operadores.
Frente a este escenario, el informe propone aumentar la fiscalización de acuerdo con el crecimiento de la actividad, asignar inspectores considerando el volumen y riesgo de cada pesquería y garantizar información pública y trazable sobre embarcaciones y permisos.
La discusión plantea así un desafío para la actividad pesquera argentina: acompañar el crecimiento económico de un sector estratégico con mecanismos de control capaces de garantizar un seguimiento efectivo sobre la extracción de un recurso que pertenece a todos.
FUENTE: Círculo de Políticas Ambientales (CPA) y Sin Azul No Hay Verde (SANHV).
