Los nudos del problema
En el centro del colapso está la ecuación económica. El precio actual de la lana ronda los 5 dólares, un valor que, según explicó Irianni a medios locales, debería ubicarse en al menos 20 dólares para que la actividad sea sustentable. Con esa brecha, sostener una unidad productiva no es una decisión económica racional: es un acto de resistencia cultural.
La pérdida de mercado de la lana como materia prima de valor internacional transformó lo que fue durante décadas un motor económico regional en una actividad sin rentabilidad. Y la mayoría de los productores que aún permanecen no lo hacen desde una posición de solidez: operan al borde de la subsistencia, manteniendo sus establecimientos con márgenes que no justifican la inversión ni garantizan la continuidad intergeneracional.
Por otro lado, el vaciamiento de los campos no es solo un fenómeno económico. Irianni también señaló la persistente campaña de organizaciones ambientalistas contra la producción ganadera como un factor que agrava el despoblamiento. Lejos de promover alternativas sostenibles, estas presiones terminan acelerando el abandono de grandes extensiones de territorio, con todo lo que ello implica para las comunidades rurales que dependen de esa actividad.
La demanda del sector
En este contexto crítico, Irianni valoró el encuentro mantenido esta semana con el gobernador Ignacio Torres, al que calificó como "muy valioso". La reunión reunió a representantes de las sociedades rurales de gran parte de la geografía chubutense y permitió hacer, en sus propias palabras, una radiografía del sector.
Uno de los temas centrales fue la declaración de emergencia agropecuaria por parte del gobierno nacional, que reconoce los efectos de la sequía sobre la actividad. Irianni fue preciso al calificar esta medida como "un gesto": bienvenido, pero insuficiente si no va acompañado de resultados concretos. Para que la ayuda se materialice, los productores deben cumplir una serie de trámites que, en muchos casos, representan una carga adicional para quienes ya operan con recursos mínimos.
Un sector que pide más que gestos
Lo que emerge del diagnóstico del sector es una demanda clara: políticas activas, precios sostenibles y un entorno que reconozca el valor estratégico de la producción ovina para la Patagonia. Siguiendo las palabras de Irianni, no alcanza con declaraciones de emergencia si los mecanismos de asistencia son lentos, burocráticos o inaccesibles para pequeños productores.
En este punto, queda sobre la mesa una situacion crítica: el caso de Telsen es un espejo. Lo que pasó allí —la reducción de 168 a 8 productores— puede repetirse en cualquier otro punto de la meseta patagónica.
FUENTE: LU20
