Similitudes procesales y diferencias de fondo
La mecánica procesal resulta idéntica en las dos causas. Tanto en el litigio petrolero iniciado por el CECIM La Plata como en la demanda pesquera presentada el 9 de octubre de 2026 por la Fundación Agustina Lerena —con el patrocinio del abogado Eduardo Barcesat—, la jueza exigió informes detallados bajo declaración jurada en un plazo perentorio de 10 días. Mientras que a las petroleras se les ordenó suspender tareas hasta tramitar la Evaluación de Impacto Ambiental argentina, a las pesqueras se les exige obtener permisos y cuotas nacionales bajo la Ley Federal de Pesca (N° 24.922).
Sin embargo, el expediente pesquero presenta una complejidad superior por la naturaleza del daño. El fallo contra Sea Lion actúa de forma estrictamente preventiva antes del inicio de la extracción comercial prevista para 2028. Por el contrario, la cautelar pesquera interviene sobre una actividad continua de más de tres décadas e incorpora un reclamo resarcitorio por daño ambiental acumulado. La demanda calcula extracciones por 4.101.131 toneladas entre 1989 y 2025, valuadas en 12.351 millones de dólares a precios FOB y en 26.465 millones de dólares (unos 24.000 millones de euros) a valores mayoristas.
La jueza federal de Río Grande, Mariel Borruto, dictó una medida cautelar.
La lupa sobre firmas locales
La orden de abstención alcanza de forma nominada a los principales grupos armadores de Galicia: Armadora Nores, Armadora Pereira, Chymar, Copemar, Lafonia Sea Foods, Marfrío, Pescapuerta, Pesmar, Pesquera Moradiña, Pesquera Vaqueiro, Rampesca y WOFCO. También abarca a estructuras vinculadas con operadores como Argos Group, Beauchene Fishing, Fortuna, Red Back Consultants, Seaview y Southern Cross, además de firmas mixtas como Orion Fishing, Jupiter Fishing, South Atlantic Squid, Petrel Fishing, Beagle Fishing, Kalamar, Castelo Fishing, Polar Seafish y Golden Touza.
Un aspecto diferencial respecto del caso Sea Lion radica en el impacto interno. Si bien la magistrada rechazó por ahora dictar cautelares contra empresas nacionales, solicitó antecedentes sobre permisos y cuotas para evaluar posibles infracciones a los artículos 27 bis y 28 de la Ley 24.922 (incorporados por la Ley 26.386). Esta normativa establece la caducidad automática de las autorizaciones en el continente para las firmas que mantengan vínculos societarios o comerciales con operadores que trabajan sin permiso en Malvinas.
Respaldo científico y alarma
La cobertura de los medios locales de Tierra del Fuego, como Radio Fueguina y Aire Libre, destacó el peso de la prueba técnica incorporada al juicio ordinario. El INIDEP aportó informes sobre la dinámica biológica de especies transzonales y migratorias como el calamar Illex argentinus, el calamar Loligo, la merluza común y la merluza de cola, demostrando que la pesca sin control alrededor del archipiélago compromete la biomasa de toda la Zona Económica Exclusiva argentina.
Paralelamente, la Prefectura Naval Argentina sumó registros satelitales del Sistema Guardacostas y la jueza dictó una orden de no innovar documental para impedir la destrucción de diarios de pesca y reportes de posicionamiento.
En el plano internacional, diarios españoles como La Voz de Galicia subrayaron la inquietud financiera en Vigo y Marín frente a una demanda multimillonaria que golpea en un momento crítico para las islas. Con la pesca representando cerca del 60 % del PBI isleño y tras la reciente suspensión de la temporada de calamar loligo por escasez del recurso, el cerco judicial argentino introduce un severo riesgo legal y comercial para toda la cadena de valor que opera en el Atlántico Sur.
FUENTE: Redacción +P
