El acuerdo establece que la producción se centrará exclusivamente en la elaboración de leche en polvo. Asimismo, el contrato incluye una cláusula de responsabilidad solidaria por parte de Copalac SAS, conforme al artículo 30 de la Ley de Contratos de Trabajo. Esto garantiza el cumplimiento de las obligaciones laborales, salariales y de seguridad social para los operarios que se incorporen de forma efectiva a las tareas productivas. Sin embargo, el sindicato remarcó que esta medida constituye una solución parcial y transitoria enfocada en mantener la paz social en la comunidad local.
Alcance geográfico y productivo del acuerdo
La reactivación de la planta de Suardi involucra la convocatoria de entre 80 y 90 trabajadores, quienes regresarán a sus puestos de manera progresiva según los requerimientos de la producción. Esta cifra representa apenas una fracción de la plantilla total de la empresa, que asciende a 700 empleados distribuidos en diversos puntos del país. Es fundamental destacar que las negociaciones actuales excluyeron a las unidades industriales situadas en Lehmann y Clason. Estas plantas concentran el grueso de los trabajadores y continúan paralizadas, lo que mantiene la incertidumbre sobre el futuro laboral de cientos de familias.
La situación en las instalaciones inactivas resulta crítica para las comunidades pequeñas del interior santafesino. Por ejemplo, en Lehmann los operarios manifestaron su desesperación ante la falta de definiciones sobre si la empresa cerrará, se venderá o retomará sus funciones. Muchos de estos empleados sobreviven mediante la realización de tareas informales o "changas" mientras custodian las fábricas a la espera de materia prima. La ausencia de los propietarios, la familia Espiñeira, profundiza el malestar entre el personal que denunció el abandono de la conducción empresarial.
Lácteos Verónica, una de las empresas más emblemáticas de la región, atraviesa una de sus peores crisis.
Una estructura financiera al borde del colapso
Los indicadores económicos de Lácteos Verónica reflejan una crisis de magnitudes sistémicas que excede la parálisis productiva. Según datos del Banco Central de la República Argentina (BCRA) registrados a junio, la firma emitió 3.862 cheques sin fondo. El monto total de esta deuda por instrumentos rechazados alcanza casi los 13.928 millones de pesos. A este panorama se suma un pasivo estimado en US$ 60 millones con productores tamberos de la región, además de deudas acumuladas con proveedores de servicios básicos y diversas entidades bancarias como el Banco Nación, BBVA, Santander y Galicia.
La deuda salarial con los trabajadores también escaló de forma alarmante durante el último periodo. Los empleados denuncian que la compañía adeuda ocho meses de sueldos y dejó de realizar los aportes correspondientes al sistema de seguridad social y la obra social. Algunos testimonios indican que la irregularidad en los pagos comenzó a profundizarse hace más de un año, lo que generó un endeudamiento generalizado de las familias con servicios públicos, alquileres y préstamos personales. Incluso se reportó el cese del pago de cuotas alimentarias en algunos casos.
El rol sindical y las demandas de los trabajadores
La gestión del acuerdo de fasón generó fricciones internas y cuestionamientos hacia la conducción de Atilra. Mientras la cúpula sindical, liderada por Héctor Luis Ponce, se atribuyó el éxito de las negociaciones para reactivar Suardi, diversos sectores de trabajadores criticaron la falta de acompañamiento efectivo durante los meses de conflicto. En varias oportunidades, los operarios organizaron marchas hacia la Secretaría de Trabajo en Rafaela y el Palacio de Justicia para exigir que las autoridades obliguen a los dueños a tomar una decisión definitiva sobre el destino de la firma.
Por su parte, autoridades municipales como el intendente de Suardi, Leandro Gastaldi, señalaron que la crisis fue programada con antelación por la familia Espiñeira. El mandatario local aseguró que los propietarios rechazaron anteriormente múltiples ofertas de compra o alquiler, como la presentada por la firma Bresialat, que ofrecía el valor real de tasación de las plantas. El freno de la actividad productiva genera un impacto económico negativo de aproximadamente 220 millones de pesos mensuales solo en la economía de Suardi, lo que subraya la urgencia de una reactivación integral que devuelva la estabilidad a la cuenca lechera.
FUENTE: Redacción +P
