La causa tramita bajo el expediente FCR 16446/2026 y se originó en una demanda colectiva presentada por la Fundación Agustina Lerena, presidida por el especialista en política pesquera César Augusto Lerena, con el patrocinio del abogado Eduardo Barcesat.
La letra chica
La nómina difundida por la entidad incluye a Armadora Nores, Armadora Pereira, Chymar, Copemar, Lafonia Sea Foods, Marfrío, Pescapuerta, Pesmar, Pesquera Moradiña, Pesquera Vaqueiro, Rampesca y WOFCO.
La presentación también identifica siete estructuras empresariales hispano-isleñas vinculadas con operadores como Argos Group, Beauchene Fishing, Fortuna, Red Back Consultants, Seaview y Southern Cross.
Además de establecer la prohibición, la jueza ordenó que las compañías extranjeras presenten, dentro de los diez días judiciales posteriores a su notificación, declaraciones juradas respaldadas por documentación sobre sus operaciones. Deberán informar qué embarcaciones utilizan, sus licencias, los volúmenes de captura por especie y temporada, los registros de seguimiento satelital, los puertos de descarga y los destinos comerciales de los productos.
El requerimiento incluye información sobre participaciones societarias y contratos. También establece la obligación de conservar toda la documentación técnica, comercial y operativa vinculada con las actividades investigadas.
La presentación también identifica siete estructuras empresariales hispano-isleñas.
El alcance sobre las empresas argentinas
Uno de los aspectos relevantes de la resolución es que también pone bajo análisis los posibles vínculos comerciales y societarios entre compañías nacionales y operadores pesqueros que trabajan alrededor de Malvinas.
En este punto, la magistrada no hizo lugar, por el momento, a las medidas cautelares solicitadas contra las firmas argentinas. Sin embargo, requirió antecedentes sobre sus permisos de pesca, cuotas de captura, declaraciones juradas y actuaciones administrativas.
La cuestión está relacionada con los artículos 27 bis y 28 de la Ley Federal de Pesca 24.922, que establecen restricciones para acceder a cuotas y autorizaciones de captura cuando existen determinadas vinculaciones jurídicas, económicas o de beneficio con armadores que operan sin autorización en aguas argentinas. Si se comprueban infracciones, la legislación contempla la caducidad de los permisos y las cuotas correspondientes.
Más de 4 millones de toneladas
La demanda de la Fundación Agustina Lerena busca la recomposición del daño ambiental y una reparación económica por la explotación pesquera que atribuye a las empresas demandadas entre 1989 y 2025.
Según los cálculos presentados por la entidad, durante ese período se habrían extraído 4.101.131 toneladas de recursos pesqueros. La estimación económica asciende a unos 12.351 millones de dólares a valores FOB y supera los 26.400 millones de dólares si se consideran precios mayoristas.
Las cifras forman parte del reclamo de la fundación y deberán ser acreditadas durante el proceso judicial.
El planteo también incorpora una dimensión ambiental. Entre los recursos involucrados se encuentran poblaciones migratorias y compartidas de calamar illex y loligo, merluza común y merluza de cola. La entidad sostiene que la explotación sin un esquema coordinado de administración y conservación puede afectar la sustentabilidad de esas especies y comprometer los esfuerzos de investigación y manejo pesquero argentinos.
La cautelar tiene carácter provisional y permanecerá vigente hasta que las empresas obtengan la correspondiente autorización argentina o el tribunal disponga otra cosa. Su aplicación efectiva dependerá de las notificaciones y los mecanismos jurídicos correspondientes.
La resolución vuelve a colocar en el centro de la discusión la administración de los recursos naturales del Atlántico Sur y las herramientas legales disponibles para defender los intereses pesqueros y ambientales argentinos en torno a Malvinas.
FUENTE: Pescare con aportes de Redacción +P