Santa Cruz establece su barrera sanitaria: un desafío a las políticas de SENASA

En una movida audaz que marca un fuerte posicionamiento frente a las políticas sanitarias del Gobierno Nacional, la provincia de Santa Cruz aprobó por unanimidad una ley que la faculta a establecer su propia barrera sanitaria. Esta decisión llega como una respuesta directa a la medida emanada por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) que habilitó el ingreso de carne con hueso a la Patagonia, una región con estatus de "libre de fiebre aftosa sin vacunación".

Durante más de dos décadas, la Patagonia mantuvo una estricta barrera sanitaria que prohibía el ingreso de carne con hueso desde otras regiones del país. Este estatus sanitario diferenciado no es solo un sello de calidad, sino una herramienta para la exportación de productos cárnicos como el cordero, capón y oveja patagónicos con hueso a mercados exigentes de alto valor.

Como anticipamos desde +P, el gobierno nacional impulsaría un cambio de condiciones (sobre lo que se debatió desde comienzo de año) y hoy la Resolución 180/25 del SENASA (inicialmente propuesta y luego suspendida) y posteriormente con la publicación de la Resolución 460/2025 se concretó el nuevo escenario.

La resolución publicada hace minutos en el Boletín Oficial el 27 de junio de 2025, permite el ingreso de cortes específicos como el asado, costillar y esternón, bajo estrictas condiciones sanitarias y de trazabilidad, y exclusivamente para consumo interno dentro del área patagónica. Se mantienen excluidos los cortes con huesos largos.

El fuerte rechazo de las entidades rurales

Mientras la medida es bienvenida por los consumidores -que esperan que los precios bajen en góndola-, generó un rechazo unánime por parte de los gobiernos provinciales y sectores productivos de la Patagonia. Enrique Jamieson, presidente de la Sociedad Rural de Río Gallegos, fue una de las voces más enfáticas. Según Jamieson, las federaciones rurales no comparten el criterio de levantar la barrera por una cuestión de pérdida de mercados de exportación.

"Lo peligroso es que países que nos están comprando la carne con hueso, que es lo que nos habilita a esta región, podrían tomar la decisión de no hacerlo más", advirtió Jamieson. Subrayó que, si bien al norte del Río Colorado se aplica un proceso de vacunación contra la fiebre aftosa, existe un "virus latente". El riesgo principal radica en que un brote de fiebre aftosa podría "clausurar el país" y significaría la pérdida de la capacidad de exportar sus preciados productos cárnicos a destinos que actualmente los aceptan por la condición de la Patagonia como "área de resguardo, libre de aftosa sin vacunación". Las entidades rurales consideran la medida "de alto riesgo".

La barrera de Santa Cruz

Ante esta preocupación, el gobierno provincial de Santa Cruz, impulsado por el diputado Mario Piero Boffi, decidió implementar un Marco Legal de Control Fitosanitario propio. La ley, aprobada por unanimidad en la Legislatura provincial, faculta a la autoridad de aplicación a disponer las medidas necesarias para "controlar, impedir o restringir el ingreso a la provincia de animales en pie, carnes, frutas, hortalizas, productos y subproductos agropecuarios y forestales, así como cualquier otro bien susceptible de representar un riesgo fitosanitario".

Este proyecto, que ya recibió despacho favorable unánime de la comisión de Industria y Comercio, busca blindar los accesos al territorio provincial implementando controles en los puntos de ingreso terrestre, aéreo o marítimo, y estableciendo puestos sanitarios permanentes o móviles en coordinación con fuerzas de seguridad o aduaneras.

La decisión legislativa santacruceña se alinea con movimientos similares en otras provincias patagónicas, como Tierra del Fuego, que también impulsa una medida parecida. El diputado Boffi enfatizó que "Estamos ante una amenaza concreta a una ventaja estratégica que construimos durante años. Esta ley es una herramienta para defender nuestra producción y evitar retrocesos", e instó a que la normativa esté reglamentada antes del 9 de agosto.

A continuación, la resolución de SENASA: