Los fundamentos de la Resolución 102/2026 señalan que la actualización fue impulsada para que el INV pueda "asegurar el financiamiento con recursos propios de la totalidad del gasto operativo y de funcionamiento del mismo, sin requerir en tal sentido financiamiento del Tesoro Nacional y con el menor impacto posible sobre el universo de interesados que requieren sus servicios".
El INV actualizó sus aranceles para 2026 mediante la Resolución 102/2026 del Ministerio de Economía.
Además, la norma indica que los recursos obtenidos permitirán afrontar las cuotas de amortización anual de capital e intereses del Convenio de Préstamo Subsidiario N° 540, suscripto en 2010 entre el entonces Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca y el INV. También se mencionó el sostenimiento del plan de obras e inversiones en equipamiento e instalaciones del organismo, autorizado dentro del Presupuesto General de la Administración Nacional para el ejercicio 2026.
El texto oficial sostuvo que la propuesta busca aportar a la competitividad del sector vitivinícola, especialmente de las pequeñas y medianas empresas exportadoras, y mantener los niveles de calidad de las prestaciones del instituto.
"Terminante oposición"
La Unión Vitivinícola Argentina no tardó en pronunciarse y calificó su postura como de "terminante oposición" a la resolución. La entidad cuestionó la contradicción implícita en el texto oficial: "Por otro lado curiosamente habla de mejorar la competitividad de las pequeñas y medianas empresas", señaló en su comunicado, al tiempo que advirtió que "en la práctica es un aumento liso y llano de los costos de las empresas vitivinícolas".
La UVA también planteó reparos sobre el esquema de financiamiento del INV y la transferencia de sus compromisos crediticios al sector productivo. "Creemos que pone en duda la continuidad de este organismo cargar de costos al sector vitivinícola para, como bien expresa la resolución, no solo cubrir los costos operativos sino compromisos crediticios asumidos por el Estado Nacional", indicó.
La UVA rechazó la suba del 90% en los aranceles del INV y pidió derogar la resolución.
La entidad sostuvo históricamente haber defendido "la existencia de un organismo de control moderno, ágil y desburocratizado", aunque cuestionó que sus funciones básicas "han sido desmanteladas y están vigentes mediante recursos judiciales del sector privado". En ese contexto, solicitó la derogación de la Resolución 102/2026 y reclamó una racionalización del organismo adaptada a sus funciones esenciales.
"La competitividad de la vitivinicultura argentina no puede fortalecerse incrementando los costos regulatorios en un contexto de caída del consumo, retracción del mercado interno y creciente competencia internacional", concluyó la UVA.
"INV debe ser revisado"
Bodegas de Argentina se sumó al rechazo y solicitó la revisión de los nuevos aranceles, trazando una comparación con otra carga que el sector ya viene cuestionando. "Así como nos hemos manifestado en contra de sostener contribuciones obligatorias destinadas a financiar una COVIAR con un plan estratégico vencido, también creemos que este aumento de aranceles del INV debe ser revisado", expresó la entidad.
La organización reconoció los mayores costos que enfrenta el organismo y valoró los servicios que presta, pero advirtió que "la vitivinicultura atraviesa una situación de márgenes muy deteriorados y escasa capacidad para absorber nuevas cargas". Y concluyó: "Hoy más que nunca, tanto el sector privado como los organismos públicos debemos redoblar los esfuerzos de eficiencia antes de trasladar mayores costos a una actividad que necesita recuperar competitividad".
Bodegas y viñateros advierten que el sector no puede absorber nuevas cargas regulatorias.
Un aumento de "inoportuno"
El director ejecutivo del Centro de Viñateros y Bodegueros del Este, Mauro Sosa, fue categórico en su evaluación. "Este aumento de aranceles demuestra que lo único que baja en este país es la inflación. Todo lo demás aumenta", afirmó, al tiempo que contextualizó la situación del sector: "Es distinto a aquellos que tienen la posibilidad de autorizarse aumentos frente a un mercado como el de vinos, como el que tenemos hoy, de vinos y uvas, deprimido, con precios bajos, corridos de cualquier posibilidad de alcanzar una rentabilidad".
Sosa calificó la decisión de "absolutamente inoportuna" y reclamó la derogación de la resolución. "Lo rechazamos a ese incremento, que no es menor, es bastante importante, y solicitamos que se derogue esa resolución", afirmó. También vinculó el incremento de aranceles con el proceso de reducción de funciones del organismo: "Este desmantelamiento, indudablemente, no se corresponde con este aumento".
Los nuevos aranceles establecidos
La actualización abarca una amplia gama de servicios del INV. Entre los valores aprobados se destacan los siguientes:
Las inspecciones requeridas al INV tendrán un costo de $50.000 por día laborable y por inspector. Las solicitudes de medidas de excepción a la Ley General de Vinos N° 14.878 y a la Ley Nacional de Alcoholes N° 24.566 se fijaron en $40.000 cada una. La solicitud para tener en depósito productos ajenos a la industria dentro del establecimiento inscripto costará $30.000, mientras que el cambio de destino de productos adulterados o en infracción implicará el pago del 25% del total facturado, neto del componente impositivo.
Las verificaciones solicitadas por interesados en viñedos se establecieron en $75.000, y la actualización de formularios de viñedos fuera de término en $15.000. Las presentaciones de declaraciones juradas fuera de plazo tendrán un costo de $25.000, y las rectificaciones de declaraciones juradas por ingreso de uva, de $2.000.
El Centro de Viñateros y Bodegueros del Este calificó el incremento de inoportuno e injustificado.
En materia de destilación, la primera destilación de alcohol etílico y aguardiente natural de origen vínico quedó fijada en $1,118520 por litro, mientras que los de origen de cereales u otros orígenes se fijaron en $0,798954 por litro y los de caña de azúcar en $0,556511 por litro. El ingreso de uva declarado tendrá un arancel de $0,019295 por kilogramo.
Los certificados de exportación se fijaron en $5.200, y la verificación de antecedentes para exportaciones en $5.200 hasta 20 operaciones, con un adicional de $520 por cada operación siguiente. Las calibraciones de alcohómetros, aerómetros, termómetros y refractómetros costarán $58.000 cada una.
En cuanto a los cursos de análisis sensorial, el básico tendrá un valor de $60.000, el de nivel superior de $80.000 y el de defectos en vinos de $60.000. El tratamiento de muestras para análisis especiales de alta complejidad alcanzará los $85.000, el de mediana complejidad $44.000 y el de baja complejidad $11.000. La solicitud de uso de Indicación Geográfica (IG) o Denominación de Origen Controlada (DOC) para el titular del establecimiento elaborador quedó establecida en $38.000 y en $19.000 para el titular del viñedo.
FUENTE: Los Andes, Resolución 102/2026 con aportes de Redacción +P
