"Es curioso, ¿no? Porque no se le prohíbe a nadie usarlo. ¿Por qué un productor querría obligar a otro a una carga burocrática?", cuestionó el ministro, tras conocerse la demanda presentada ante el Juzgado Federal N.º 2 de Mendoza.
Las "verdades ocultas" de la regulación
Según el análisis de Sturzenegger, la insistencia por mantener el CIU como una obligación y no como una opción responde a dos hipótesis que calificó como la "verdad oculta" del sistema:
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Control y cartelización: El certificado permitiría concentrar información estratégica para facilitar prácticas anticompetitivas en el mercado de la uva.
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Recaudación paraestatal: El instrumento sería la llave para asegurar el cobro de tasas sectoriales en favor de entidades cuyos mandatos, según denunció, se encuentran vencidos hace años.
Un debate histórico
El ministro no solo se apoyó en datos del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) —que respalda la desregulación—, sino que también apeló a la historia. Recordó la prohibición de producir vino fuera de Cuyo en 1934 como un ejemplo de cómo la intervención estatal dañó economías regionales en el pasado.
"Es triste ver cómo algunos se escudan en argumentos delirantes para dañar a sus propios colegas", sentenció el funcionario, cerrando con una de las máximas de la gestión de Javier Milei: "La regulación es un lobo con piel de cordero". Ahora, la decisión queda en manos de la Justicia, que deberá definir si prevalece la libertad productiva o el esquema de control tradicional.
Fuente: Red X con aportes de +P
