Desregulación vitivinícola: Qué cambia para el INV y los productores

En un movimiento audaz hacia la desregulación, el Gobierno nacional promulgó la Resolución 37/2025, publicada en el Boletín Oficial, mediante la cual se dejan sin efecto 973 disposiciones que regulaban las funciones del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV). Esta medida redefine por completo el rol del organismo estatal, que abandona el monitoreo exhaustivo de la cadena productiva —desde la vid hasta el embotellado— para concentrarse exclusivamente en la verificación de la calidad del vino terminado.

Para los actores del sector vitivinícola —productores, bodegueros y exportadores—, esta reforma representa el fin de una era de intervencionismo estatal y el inicio de una mayor autonomía operativa. El cambio no solo elimina trámites burocráticos, sino que busca impulsar la competitividad en un mercado global desafiante, marcado por la caída en el consumo y el auge de alternativas como el vino sin alcohol.

Qué cambia para el INV y los productores

Históricamente, el INV intervenía en todas las etapas del proceso vitivinícola: controles en la cosecha, fiscalización durante la elaboración, autorizaciones para el transporte y certificaciones de trazabilidad. Estas instancias, obligatorias hasta ahora, generaban un flujo constante de permisos y visitas inspectivas.

Con la nueva normativa:

• Los productores ya no están obligados a obtener certificación de origen, añada o varietal, que pasan a ser opcionales.
• El INV solo tomará muestras del producto final embotellado para analizar su aptitud para el consumo humano.
• Se eliminan 140.000 permisos de tránsito emitidos en 2024 y más de 5.000 inspecciones, muchas de ellas repetitivas —incluso cada dos días en la misma bodega—.

Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, describió la medida como un "giro estructural": "Se deja atrás un régimen en el que el Estado pretendía controlar cada paso del proceso productivo para pasar a un modelo enfocado exclusivamente en garantizar la aptitud para consumo del vino".

El funcionario criticó la "burocracia absurda" que complicaba un negocio ya de por sí desafiante, afirmando: "La mayoría de las bodegas no tiene problemas; ya bastantes dificultades tiene el negocio en sí mismo para que el Estado complique las cosas".

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Contexto del sector: Competitividad en un mercado global en declive

Argentina se posiciona como el quinto productor mundial de vino, con una producción anual de aproximadamente 900 millones de litros y exportaciones que alcanzan los u$s800 millones. Sin embargo, el sector enfrenta vientos en contra: disminución global en el consumo de vino tradicional, emergencia de tendencias como el vino sin alcohol y presiones climáticas que afectan rendimientos.

En este escenario, la flexibilidad regulatoria emerge como un imperativo. Sturzenegger argumentó: "Es un imperativo darle a la industria la flexibilidad y libertad necesarias para adaptarse a este cambiante entorno". La desregulación busca reducir costos operativos, agilizar logística y fomentar innovación, permitiendo a las bodegas responder ágilmente a demandas internacionales.

Además, la resolución acota el margen de acción de los inspectores para minimizar riesgos de corrupción: "Menos burocracia son menos oportunidades para la corrupción", señaló el ministro. "Los inspectores sólo tomarán muestras de los productos embotellados y los enviarán a analizar, cerrando la puerta a la discrecionalidad". Y agregó: "En otras palabras, ya no andarán los inspectores del INV interfiriendo en la producción de las bodegas, un reclamo de los productores que se repetía sin cesar". Su frase cierre resume el espíritu: "La libertad siempre encuentra su camino".

Alcance de la reforma

La Resolución 37/2025 impacta a todos los eslabones del sector:

• Productores de uvas.
• Bodegas y establecimientos de mosto o espumosos.
• Plantas de fraccionamiento y distribuidores.
• Exportadores e importadores.
• Laboratorios y operadores vinculados al sector.

Este alcance integral asegura una transición uniforme, eliminando asimetrías regulatorias. Para las bodegas pequeñas y medianas, que representan la mayoría en regiones como Mendoza y San Juan, la eliminación de trámites obligatorios podría traducirse en ahorros significativos en tiempo y recursos, redirigidos hacia calidad e innovación.

Expertos del sector coinciden en que, aunque la adaptación requerirá un período de ajuste, la medida alinea a Argentina con estándares internacionales más liberales, como los de Chile o Australia, donde el foco estatal está en la calidad final y no en el proceso intermedio.

Implicaciones a largo plazo

Esta desregulación no solo reduce la carga administrativa —equivalente a décadas de normativas acumuladas—, sino que posiciona al sector para enfrentar desafíos futuros. Con un mercado global en transformación, la autonomía productiva podría acelerar la adopción de tecnologías como vinificación sostenible o variedades resistentes.

Sin embargo, voces críticas advierten sobre la necesidad de mecanismos voluntarios de trazabilidad para mantener la reputación argentina en exportaciones premium. El INV, ahora más enfocado, podría fortalecer su rol en certificaciones opcionales y vigilancia sanitaria, garantizando que la "aptitud para consumo" no comprometa estándares.

En síntesis, la derogación de 973 normas marca un hito en la política económica vitivinícola, priorizando eficiencia sobre control. Para un sector que genera empleo en miles de familias rurales y contribuye al PIB nacional, esta libertad regulatoria podría ser el catalizador para un renacimiento competitivo. El tiempo dirá si, como promete Sturzenegger, "la libertad encuentra su camino" hacia bodegas más prósperas y vinos de excelencia mundial.

Fuente: Agencias con aportes de +P