El programa se enmarca en el proceso de ajuste de la administración pública nacional que el Ejecutivo viene desarrollando desde el inicio de la gestión libertaria. Semanas atrás, el Gobierno también había puesto en marcha un esquema similar para trabajadores de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), otro de los organismos alcanzados por las políticas de reducción de personal.
Un mecanismo previsto en la normativa estatal
La resolución del INTA establece que el sistema de retiro voluntario se encuentra respaldado por el artículo 38 inciso h) del Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional, homologado por el Decreto Nº 214/06. Esa normativa reconoce el retiro voluntario como una causal válida de finalización del vínculo laboral para el personal comprendido en la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional Nº 25.164.
De acuerdo con el documento oficial, solamente podrán adherirse los trabajadores que formen parte de la planta permanente del organismo. Además, el esquema contempla condiciones específicas para determinar tanto la elegibilidad como el cálculo de la compensación económica que recibirán quienes opten por desvincularse.
El cálculo económico del beneficio toma como referencia los salarios liquidados a enero de 2026 y la antigüedad reconocida hasta el 31 de marzo de este año. Según explicó el organismo, el incremento salarial acumulado utilizado para actualizar la base de cálculo asciende al 10,30%.
“El incremento salarial acumulado considerado para el cálculo de las compensaciones asciende a 10,30% sobre la base de referencia de enero de 2026”, detalló el INTA en la resolución. El dato surge de la última estimación elaborada por la Gerencia de Liquidación de Haberes, Asistencia y Mejora a la Administración.
Cómo será el cálculo de la compensación
El régimen establece que quienes adhieran al retiro voluntario recibirán una gratificación extraordinaria equivalente a 1,5 veces la remuneración bruta mensual por cada año trabajado —o fracción superior a tres meses— computado hasta el 31 de mayo de 2026.
Sin embargo, únicamente serán reconocidos los años desempeñados como personal de planta permanente dentro de la Administración Pública Nacional, conforme lo establecido por el artículo 8° de la Ley Nº 25.164. Esto significa que quedarán excluidos del cálculo los períodos trabajados bajo modalidades transitorias, contratos temporarios, becas o designaciones no permanentes.
Tampoco se tendrán en cuenta servicios que ya hayan sido indemnizados previamente mediante otros programas de retiro voluntario.
El monto final variará de acuerdo con la edad del agente. Para los trabajadores de hasta 60 años no habrá restricciones adicionales y se aplicará la fórmula completa. En cambio, entre los 61 y los 63 años existirá un tope máximo equivalente a 24 haberes brutos mensuales. Para quienes tengan 64 años o más, el límite se reducirá a 12 haberes brutos.
La base de cálculo incluirá únicamente conceptos remunerativos mensuales, normales y permanentes. En consecuencia, quedarán excluidos viáticos, movilidad fija, ayuda escolar, reintegros de guardería, conceptos no remunerativos y el Sueldo Anual Complementario (SAC).
INTA apinta-protesta
El Gobierno avanza con el ajuste del Estado y pone en marcha un nuevo plan para reducir personal dentro del INTA.
En los casos de trabajadores que se encuentren bajo licencia extraordinaria sin goce de haberes, el cálculo se realizará tomando como referencia la última remuneración percibida antes del inicio de esa licencia, incorporando las actualizaciones salariales correspondientes al cargo.
Según se informó oficialmente, el pago se efectuará en una única cuota dentro de los treinta días posteriores a la desvinculación formal del trabajador.
Quiénes no podrán acceder al retiro voluntario
La resolución también detalla una serie de exclusiones específicas. El régimen no alcanzará a empleados que hayan cumplido 65 años antes del 31 de mayo de 2026, ni a quienes ya hayan iniciado trámites jubilatorios o presentado renuncias previamente.
Asimismo, quedarán afuera del programa los trabajadores procesados o condenados por delitos contra la Administración Pública y quienes mantengan reclamos administrativos o judiciales contra el Estado nacional vinculados a cuestiones laborales, salvo aquellas causas relacionadas con riesgos del trabajo bajo la Ley Nº 24.557.
También estarán excluidos los agentes sometidos a sumarios administrativos o investigaciones disciplinarias por faltas graves que pudieran derivar en cesantía o exoneración. La misma restricción se aplicará sobre quienes estén sujetos a determinaciones de responsabilidad patrimonial.
La continuidad del ajuste y la reestructuración del INTA
La implementación de este esquema se produce en medio de una fuerte reorganización interna del INTA. Desde el inicio del gobierno de Milei, el organismo atraviesa un proceso de reducción de estructura, revisión presupuestaria y reordenamiento patrimonial.
En los últimos meses, el Ejecutivo incluso evaluó la posibilidad de avanzar con cambios más profundos sobre el instituto, aunque finalmente no logró reunir el consenso político y administrativo necesario para concretar una transformación de mayor alcance.
Paralelamente, el Gobierno impulsó la transferencia de terrenos y edificios del organismo hacia la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), con el objetivo de vender inmuebles considerados ociosos o subutilizados. La iniciativa generó preocupación entre trabajadores, investigadores y sectores vinculados al ámbito científico y agropecuario, que advirtieron sobre el posible impacto en la capacidad operativa del instituto.
El INTA posee una extensa red de estaciones experimentales, agencias de extensión rural y centros de investigación distribuidos en todo el país. Históricamente, el organismo cumplió un rol estratégico en el desarrollo tecnológico y productivo del sector agropecuario argentino.
Qué ocurrirá con quienes adhieran al plan
La aprobación del retiro voluntario implicará el cese de la relación laboral a partir del 15 de junio de 2026. Hasta esa fecha, los trabajadores deberán continuar prestando servicios normalmente dentro del organismo.
Además, quienes accedan al beneficio quedarán inhabilitados para reincorporarse al Sector Público Nacional durante un período de cinco años, cualquiera sea la modalidad de contratación o designación.
La restricción alcanza empleos permanentes, transitorios, contrataciones especiales, asesorías de gabinete, cargos extraescalafonarios y programas financiados por organismos internacionales. La única excepción prevista corresponde al ejercicio de cargos docentes en universidades nacionales.
Con este nuevo esquema, el Gobierno profundiza la política de reducción de personal dentro de la administración pública nacional y suma al INTA a la lista de organismos alcanzados por los planes de ajuste, en medio de un escenario marcado por la búsqueda de equilibrio fiscal y recorte del gasto estatal.
A continuación la resolución publicada en el Boletín Oficial.
FUENTE: Gobierno Nacional con aportes de Redacción +P.
