El precio de la ineficiencia

Mientras las entidades del campo volvían al Congreso para explicar por quintésima vez por qué se justifica eliminar las retenciones, y, sobre un cálculo hipotético, pronosticaban los U$S 20.000 millones más que, según ellos, podría generar la Argentina sin este gravamen; en la plaza frente al Parlamento se preparaba una nueva marcha de protesta (que obliga a todos los negocios de la zona a cerrar sus puertas y proteger vidrieras), antecesora del nuevo “paro general” que varias organizaciones, incluyendo la CGT, habían decretado para el jueves pasado.

Por supuesto que no tiene ninguna justificación evaluar el “sentido de oportunidad” de una medida de esta naturaleza en medio del tembladeral económico mundial que se está produciendo por los aranceles de EE. UU. y la falta de libertad de comercio (que es, en realidad, lo que se estaría jugando). Lejos de eso, algunos dirigentes políticos que se autodefinen como “oposición” (no se sabe muy bien cuál), y buena parte de los sindicalistas, decidieron volver a parar el país todo un día para protestar por la política interna, justo en el momento en que el FMI terminó de aprobar el nuevo acuerdo con la Argentina, que implica una renegociación del anterior, más una suma adicional que permitirá completar el saneamiento del país y hasta “salir del cepo”. Tema que sorprendió, ya que en realidad eso se esperaba que sucediera bastante más adelante, al punto que algunos vaticinaban que sería, incluso, recién después de las elecciones. No fue así. Nuevamente el Gobierno logró sorprender a casi todos, y hasta retomó el manejo de la agenda pública que parecía debilitado.

Veremos cómo sigue.

Pero, volviendo a lo anterior, hay que ser muy claro. Nadie va a negar el derecho de protesta, el reclamo fundado, ni la prerrogativa individual para tomar decisiones. Pero cada uno deberá ser consciente del impacto y hacerse cargo de los costos “colectivos” de su conducta “individual”, o corporativa en algunos casos.

Por supuesto que, para el campo, ya jaqueado por las condiciones climáticas de excesos y defectos de los últimos ciclos, cada día menos de operatoria significa, al menos, tres o cuatro más, ya que un día no se carga ni se envía, porque al día siguiente habrá “paro”. Y, en este caso concretamente, tampoco se cargó ni se envió el viernes porque no hay comercialización durante los fines de semana.

De hecho, se estimaron en más de 7.000 los camiones que no llegaron a puertos de exportación, y eso a pesar de que la medida de fuerza no tuvo el nivel de adhesión que habían calculado los organizadores. Realmente, ¿alguien serio cree que el país está para semejante desperdicio de tiempo, dinero y oportunidades?

Seguro que no. Y peor aún por la continuidad de estas situaciones. En lo que va del año ya hubo cerca de una docena de días hábiles no trabajados, por feriados, asuetos, “puentes”, carnavales, y ahora Semana Santa. Pero si a esa cantidad se le agregan los paros sectoriales y los bloqueos (Urgara, Atilra, los aceiteros, los gremios del río, etc.), la cifra sube en forma exponencial.

¿Qué monto de pérdida representa todo esto para el campo y para el país? ¿Cuánto más pagan los consumidores por todas estas pérdidas?

Por supuesto que hay otras cuestiones, como las controvertidas “tasas”, verdaderos impuestos o “peajes”, que siguen instaurando ciertos municipios, creando simultáneamente aduanas interiores que determinan que un comercio o empresa pague una cifra en un lugar y un monto muy distinto en otro. Hay casos en que hasta se cobra “por pasar” por el municipio en cuestión. De acuerdo con un relevamiento hecho por CARBAP, que nuclea a rurales de Buenos Aires y La Pampa, midiendo solo 103 municipios rurales bonaerenses, la carga de las tasas de este 2025 ascenderá a U$S 160 millones. Cifra más que significativa, que justificaría que la mayoría de los caminos estuvieran en excelentes condiciones, aunque no fueran pavimentados, y eso está muy lejos de suceder.

Pero hay muchas otras cuestiones que no se explican (tal vez porque tampoco se controlan), como las diferencias de costos de las vacunas contra la aftosa, y no solo a salida de laboratorio, sino también por el precio final (¿de aplicación?) que cobra cada ente/fundación, que parecen ser autárquicos aunque, teóricamente, son de los propios productores.

Por supuesto que todo esto se agrega a las cargas comunes que tiene el resto del espectro tributario, como el inexplicable Impuesto al Cheque (o a las transferencias), los costos extra que imponen los bancos y los adicionales que quieren agregar en estos días; la carga que implican los IVAs que no se recuperan, y toda una serie de etcéteras que, si efectivamente se midieran, permitirían entender el famoso “costo argentino” y el porqué del recorte de competitividad que aqueja al conjunto de la producción local, y del que nadie habla (y mucho menos mide) desde hace casi 30 años.

Entonces, si bien es cierto que los impuestos a la exportación (más conocidos como “retenciones”) son regresivos, lamentablemente no son los únicos, y hay muchas otras cuestiones para preocuparse y ocuparse.

Pero ahora, por caso, el turno le tocará a la “salida del cepo”, a cómo quedan los mercados, a cuánto liquidan los productores o la exportación, en qué nivel queda el nuevo dólar, y un montón de temas que se van a usar de justificación para no abocarse al resto de las otras cuestiones que, mal que pese, también tienen impacto negativo y también tienen costos extra para la producción pues, en general, termina absorbiéndolos el primer eslabón de la cadena.

Como dijo alguien a mediados del año pasado: “Si se mantiene la tendencia de baja de la inflación, no solo vamos a tener que producir, sino que tendremos que ser muy eficientes. Los pasivos ya no se van a licuar, ni se va a ganar por mera tenencia” (!).

Y ese momento parece estar llegando. Esperemos que después no aparezcan los “sorprendidos” por el costo de la ineficiencia…