Investigan por lavado de dinero a José Voytenco, titular de OSPRERA
La denuncia por lavado de dinero llegó de un dirigente de OSPRERA. Voytenco también es el titular del gremio UATRE.
Nuevamente la Obras Social del personal Rural y Estibadores (OSPRERA), la más importante del país, aparece denunciada por irregularidades en el manejo de sus fondos y presunto lavado de dinero. La Justicia allanó sus oficinas centrales ubicadas en pleno microcentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Las acusaciones apuntan al titular de OSPRERA y del gremio de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), José Voytenco.
De acuerdo a cifras de la Superintendencia de Servicios de Salud, la obra social recibió 26.090 millones de pesos del Estado en los últimos cuatro años, pero no logró regularizar deudas que se incrementaron y que hasta agosto ascendieron a 43.949 millones de pesos. Por este motivo, en el Gobierno hablaron de “serias dudas” sobre el manejo del dinero. Pero no fueron funcionarios sino un dirigente del mismo gremio en La Plata quien denunció a Voytenco y señaló que lleva una vida con “lujos que no se condeciría con la actividad sindical”.
Tal cual se desprende del texto presentado a la Justicia, el denunciante, Marcelo Andrada, que es el secretario general de la UATRE en La Plata, describió una supuesta disonancia entre el patrimonio atribuido al secretario general del sindicato a nivel nacional, Voytenco, y su actividad como representante de los trabajadores rurales. La denuncia le atribuye la construcción de una “mansión” en un club de campo en Cañuelas, una colección de relojes de lujo y vuelos en aviones privados.
"Es todo parte de lo mismo. De aquellos que quieren hacerse del control de la obra social y del gremio, peses a haber perdido las últimas elecciones", destacó un referente del sector, aliando a Voytenco. "Con el respaldo del Gobierno de Milei, pretenden ensuciarnos para volver a judicializar e intervenir la obra social...más de lo mismo...", detalló la fuente.
Sin embargo, la Justicia investiga el supuesto lavado de activos y en consecuencia, aplicó la estrategia del “follow the money” (sigue al dinero) y ordenó la inhibición general de bienes y la inmovilización de las cuentas bancarias de Voytenco. En relación a sus ingresos, fuentes oficiales indicaron que registraba ingresos por 14.005.643, de pesos en calidad de presidente de OSPRERA.
La denuncia pide investigar el flujo de dinero a través de tres posibles entradas: su obra social, OSPRERA; el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores, (RENATRE), a cargo de los recursos del fondo de desempleo; y los contratos con empresas por los seguros por sepelios. A propósito de esta última, lanzó la acusación de “posibles retornos de dinero en efectivo” de parte de compañías también vinculadas al fútbol de primera división.
El Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°1 de Lomas de Zamora, a cargo de Federico Villena, puso la lupa sobre la obra social y no sólo dispuso allanarla sino también suspendió a todo su directorio y resolvió que la Superintendencia de Servicios de Salud adopte “las medidas de control, supervisión y gestión que estime necesarias, en particular, ejecutar las acciones pertinentes, a fin de garantizar la normalización y continuidad del servicio de cobertura”. Además, el juez le requirió al organismo que depende del Ministerio de Salud elaborar un informe sobre “los libros de actas del directorio de la OSPRERA, los inventarios y balances, y las operaciones realizadas”. Es decir, le solicitó analizar qué pasó con el dinero.
“La Justicia decidió avanzar en la obra social porque es lo más visible, los afiliados querían atenderse y no podían”, analizó uno de los representantes que impulsa la denuncia. Además, el magistrado ordenó la inhibición general de bienes y la inmovilización de las cuentas bancarias de Voytenco.
De esta manera, la Superintendencia de Servicios de Salud volverá a tomar el control de OSPRERA luego de la frustrada intervención que intentó realizar en agosto. De hecho, mediante la Resolución 1612/2024 publicada hace casi dos meses en el Boletín Oficial, el organismo había dispuesto el desembarco de sus propias autoridades. Sin embargo, dos semanas después, la gestión de Voytenco celebró un fallo judicial que le devolvió el manejo de la obra social y dejó inactiva a la decisión del Gobierno.
La realidad es que hoy OSPRERA no está cumpliendo con los afiliados que se acercan a los locales de la obra social para que les habiliten las prestaciones médicas o los descuentos en la compra de medicamentos. Según datos cargados en el Registro Nacional de Amparos en Salud, se observan 172 acciones judiciales contra OSPRERA por falta de entrega de medicamentos y problemas en la prestación de servicios como cirugías, prótesis y otras prestaciones médicas. En paralelo, el Gobierno afirmó que “en la última auditoria social realizada -correspondiente al período 2022/2023- se identificaron 16.410 reclamos que beneficiaros de la obra social formularon en todo el país”.
Nueva intervención de OSPRERA
OSPRERA fue intervenida por la Justicia en marzo de 2023. En aquel entonces, un juzgado federal de La Pampa dispuso esa medida después de episodios violentos asociados a una puja por el control de su caja. De hecho, dicha disputa incluyó al asesinato a tiros del chofer de Pablo Miguel Ansaloni, en ese momento vicepresidente de la obra social y opositor a Voytenco. Ansaloni actualmente se desempeña como diputado de La Libertad Avanza.
La intervención de la Justicia le quitó a UATRE la administración de OSPRERA, en ese entonces bajo tutela de Ansaloni, y se la devolvió al sindicato, es decir a la facción de Voytenco, en julio de este año, según detallaron. Por esta razón, rechazaron ser responsables de la deuda multimillonaria, así como también de la absorción de fondos públicos.
“La sospecha es que la determinación (del Gobierno por la nueva intervención) está digitada políticamente”, señalaron desde la facción de Voytenco, a propósito del vínculo entre el Poder Ejecutivo y Ansaloni, quien disputó la mencionada interna violenta. Este último negó cualquier tipo de irregularidad durante su gestión al frente de la obra social.
Fuente: Redacción +P Con aportes de La Nación e Infobae.
En esta nota
