Tras la devolución de OSPRERA, el gremio toma la ofensiva

La Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) ratificó un contundente y total apoyo a la reciente decisión de la Justicia Federal Pampeana, que declaró nula la intervención de Obra Social del Personal Rural y Estibadores de la República Argentina (OSPRERA), que cuenta hoy con 1,3 millones de beneficiarios de los cuales alrededor de 40.000 se encuentran en Río Negro y Neuquén.

La entidad sindical, en un reciente encuentro federal que reunió al Consejo Asesor Central, al Secretariado Nacional y a los Delegados Regionales del gremio, realizó un fuerte pedido a la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) por el respeto a la división de poderes y la no intromisión en la obra social que les pertenece.

El gremio consensuó una serie de reclamos dirigidos tanto al Poder Ejecutivo como a la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), entre los cuales destacan:

1. La nulidad absoluta del decreto de intervención de OSPRERA, al considerarlo carente de los elementos esenciales de un acto administrativo.

2. La ratificación del fallo de la Justicia Federal del 21 de agosto, que hizo lugar al pedido de UATRE y declaró nula la intervención.

3. El respeto a la resolución previa de la Justicia Federal del 10 de junio, que ordenaba la normalización de OSPRERA a través de sus cuerpos orgánicos.

4. Que OSPRERA quede en manos de sus verdaderos afiliados y beneficiarios, ya que es la UATRE quien mejor conoce las necesidades del sector rural.

5. Que la Superintendencia de Servicios de Salud respete su propia decisión al emitir el certificado de Autoridades y Mandatos hasta el 30 de junio de 2028.

6. Que la Superintendencia de Servicios de Salud no ignore las decisiones de la Justicia y se ajuste a las funciones para las cuales fue creada.

7. Que el Gobierno Nacional respete la división de poderes y la libertad sindical.

José Voytenco, secretario general de la UATRE, volvió a destacar la importancia de que el control de OSPRERA vuelva a estar bajo la administración de quienes mejor conocen las necesidades del sector rural. “Es hora de decir basta a quienes buscan inmiscuirse indebidamente en los asuntos de los sindicatos y sus obras sociales, con el fin de debilitar a los dirigentes populares y al movimiento obrero en su conjunto”, enfatizó el sindicalista.

Cabe recordar que el fallo judicial, emitido a finales de agosto por la Justicia Federal de La Pampa, anuló la intervención decretada por el Poder Ejecutivo Nacional a principios de ese mismo mes, tras señalar irregularidades en el proceso administrativo. La intervención había sido formalizada mediante el Decreto Nº 720/2024, argumentando problemas de liquidez y endeudamiento en la obra social.