Los fundamentos del Ejecutivo sostienen que la legislación vigente “adolece de una marcada dispersión y obsolescencia técnica”. En consecuencia, el texto legislativo dispone la derogación de la Ley E N° 2534 y sus modificatorias, así como de las Leyes E N° 3516 y E N° 3889. Al mismo tiempo, jerarquiza al Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo como autoridad de aplicación, en coordinación permanente con el Ministerio de Salud y la Policía provincial.
Uno de los ejes centrales del proyecto consiste en delimitar con precisión las competencias entre el Estado provincial y los municipios. La norma distingue entre establecimientos de tránsito provincial y de tránsito municipal, y habilita la suscripción de convenios de colaboración. Estos acuerdos buscan formalizar la producción artesanal y la agricultura familiar, sectores que hasta ahora operaban en un vacío regulatorio o bajo controles fragmentados.
Los cambios
La reforma incorpora de manera obligatoria la figura del Director Técnico en los establecimientos de escala industrial o de tránsito provincial. Se trata de un profesional matriculado responsable de auditar los procesos de faena, desposte, elaboración, almacenamiento y distribución. Su presencia permanente convierte el control interno en un requisito de habilitación y no en una opción voluntaria.
En paralelo, el régimen exige el registro previo de productos, subproductos y derivados ante el Ministerio de Salud. El objetivo es garantizar la trazabilidad completa y facilitar el retiro preventivo de lotes ante cualquier alerta alimentaria. Esta exigencia cierra un círculo de control que comienza en el establecimiento de faena y se extiende hasta el punto de comercialización.
La reforma se presenta como una respuesta estructural a problemas de larga data vinculados a la faena.
En el plano sancionatorio, la propuesta crea el Fondo de Apoyo Ganadero. El fondo se financiará con aranceles y multas, y tendrá como destino prioritario el equipamiento de los cuerpos de inspección. De esta manera, las sanciones no solo cumplen una función punitiva, sino que también alimentan la capacidad operativa del sistema de control.
La iniciativa no se limita a corregir deficiencias históricas. Busca construir un esquema coherente que articule habilitación, registro, fiscalización sanitaria y coordinación interinstitucional. Al unificar el marco legal, Río Negro pretende reducir los espacios de informalidad que facilitan el abigeato y la faena clandestina, al tiempo que eleva los estándares de inocuidad alimentaria para el conjunto de la cadena.
El texto reconoce que la producción de origen animal constituye un eslabón sensible de la economía provincial y de la salud pública. Por ello, el régimen proyectado combina autoridad provincial con participación municipal, profesionalización de los procesos y herramientas de trazabilidad que permiten actuar con rapidez ante contingencias.
Próximos pasos
La discusión legislativa deberá definir los plazos de implementación, los requisitos de transición para los establecimientos existentes y los mecanismos de capacitación que acompañen la nueva figura del Director Técnico. Mientras tanto, el proyecto ya marca un cambio de paradigma: pasar de un conjunto de normas dispersas y desactualizadas a un sistema único, coordinado y orientado a la prevención.
La reforma se presenta como una respuesta estructural a problemas de larga data. Si avanza, Río Negro contará con un instrumento legal capaz de ordenar la faena, proteger al consumidor y fortalecer la formalización de la producción animal en todo el territorio.
FUENTE: www.quorum.legisrn.gov.ar con aportes de Redacción +P.
