Entre la estadística y la geopolítica: la Argentina que festeja y la que preocupa

La Argentina atraviesa un momento paradojal. Mientras los problemas cotidianos que afectan a la economía real, al empleo y al ingreso de los hogares siguen acumulándose, la agenda pública quedó copada por dos acontecimientos de fuerte impacto político y simbólico. Por un lado, la salida de Marcos Lavagna del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), un episodio que reavivó viejos fantasmas vinculados a la credibilidad de las estadísticas oficiales. Por el otro, la firma de un acuerdo comercial histórico con Estados Unidos, presentado por el Gobierno como una puerta de entrada a un salto exportador sin precedentes.

Ambos hechos son relevantes, sin duda. Pero también funcionan, voluntaria o involuntariamente, como una cortina que desplaza del centro del debate cuestiones mucho más urgentes: la fragilidad económica persistente, la caída del poder adquisitivo, la destrucción del empleo formal, el deterioro de la recaudación y una estructura productiva cada vez más desequilibrada entre los sectores que miran al exterior y los que dependen del mercado interno.

La salida de Marcos Lavagna del INDEC fue, en el mejor de los casos, una decisión equivocada. En el peor, un error que la Argentina ya cometió demasiadas veces como para no haber aprendido sus consecuencias. La razón formal del conflicto fue la decisión del Gobierno de posponer la aplicación de los nuevos ponderadores en la medición del Índice de Precios al Consumidor (IPC), una actualización largamente anunciada y técnicamente necesaria para reflejar una canasta de consumo más cercana a la realidad actual.

La postergación no es neutra. Nunca lo es cuando se trata de estadísticas oficiales en un país con el historial argentino. La confianza es un activo frágil, difícil de construir y muy fácil de destruir. Y en materia inflacionaria, la confianza no es un lujo: es una condición indispensable. Sin credibilidad en los números, cualquier programa antiinflacionario pierde eficacia, incluso aunque las políticas macroeconómicas vayan en la dirección correcta.

El primer mes del año mostró una variación de precios que, según estimaciones de consultoras privadas, se ubicó entre el 2,2% y el 2,5%. En su último informe trimestral, el Banco Central reconoció la existencia de factores inflacionarios transitorios que, en los próximos meses, podrían operar en sentido estabilizador. Entre ellos, el ajuste de tarifas, que continuará por encima del nivel general para reducir los subsidios aún remanentes.

Justamente por eso, estaba prevista para el 1° de enero de 2026 la aplicación de los nuevos ponderadores del IPC. La nueva canasta asigna mayor peso a los servicios, reflejando un cambio evidente en los patrones de consumo de los hogares. Nadie ignoraba que este cambio podía alterar marginalmente la medición del índice, pero la diferencia cuantitativa hubiera sido poco relevante y, sobre todo, perfectamente explicable y justificable desde el punto de vista técnico.

El Gobierno, sin embargo, optó por posponer la actualización. Una decisión casi infantil, que terminó generando un problema donde no lo había. La renuncia de Lavagna no solo expuso tensiones internas, sino que volvió a instalar una sospecha que la Argentina conoce demasiado bien: la tentación de manipular el termómetro para que la fiebre parezca menor.

La discusión sobre el IPC no es un debate académico. Tiene consecuencias directas sobre el poder adquisitivo, las paritarias, las jubilaciones y la percepción cotidiana de la realidad económica. Cuando la inflación está mal medida, o cuando la canasta no refleja el consumo real, el resultado es una pérdida silenciosa pero persistente del ingreso.

Caputo luis con hombre de barna

Hoy, los hogares gastan menos en bienes discrecionales —ropa, salidas, consumo recreativo— y cada vez más en gastos fijos: luz, gas, transporte, prepagas. Estos rubros ganaron peso en la canasta real de consumo, aun cuando no siempre lo reflejen las estadísticas oficiales. El resultado es que incluso quienes logran actualizaciones salariales alineadas con la inflación “oficial” sienten que su poder adquisitivo se erosiona.

Este fenómeno explica buena parte del malestar social latente. No se trata solo de números, sino de experiencia cotidiana. Y en ese contexto, cualquier señal que ponga en duda la transparencia de las estadísticas no hace más que profundizar la desconfianza.

El acuerdo con Estados Unidos: una oportunidad real

En contraste con el episodio del INDEC, el acuerdo comercial con Estados Unidos representa, sin lugar a dudas, un hito histórico. Dejando de lado interpretaciones ideológicas, la Argentina consolida una alianza estratégica con uno de los mercados más importantes del mundo, en un contexto global cada vez más restrictivo por la política arancelaria impulsada por el presidente Donald Trump.

Según datos de la Cancillería, Estados Unidos eliminará aranceles para 1.675 productos argentinos y ampliará la cuota de carne bovina de 20.000 a 100.000 toneladas anuales. El Gobierno estima que el beneficio potencial superará los 1.800 millones de dólares en exportaciones. Para un país crónicamente escaso de divisas, el dato no es menor.

Sin embargo, el acuerdo también tiene límites claros. Trump no cedió en acero y aluminio, sectores que considera estratégicos, y mantendrá un arancel del 50%. Del lado argentino, se eliminarán aranceles para 221 productos estadounidenses y se reducirá a un mínimo del 20% otra veintena. Además, se abrirá el mercado al ganado bovino vivo, a la carne aviar en un plazo de un año y se flexibilizará la entrada de lácteos.

Un punto particularmente sensible es la cesión, sin contraprestación, de atribuciones de control de calidad en industrias como la farmacéutica, la alimentaria y la automotriz. Es un aspecto que merece un debate más profundo, porque involucra no solo comercio, sino también soberanía regulatoria y estándares sanitarios.

Las expectativas son positivas, pero conviene ser prudentes. Los resultados reales de este tipo de acuerdos se ven con el tiempo. El impacto sobre el entramado productivo, el empleo y la balanza comercial dependerá de la capacidad de la Argentina para aprovechar el acceso preferencial sin desproteger sectores vulnerables.

¿Priorizar el mundo o resolver lo propio?

Para muchos analistas, el dilema es claro: antes de pensar en el contexto internacional, la Argentina debería ordenar sus propios problemas. La economía sigue siendo frágil. Los ingresos tributarios caen en términos reales desde hace meses. En enero, la recaudación se contrajo cerca de siete puntos reales, marcando el sexto mes consecutivo de caída. Al mismo tiempo, el margen para seguir recortando gastos se reduce.

El ajuste más fuerte ya se hizo. Con ingresos reales en baja y una desaceleración en la capacidad de recortar el gasto, el déficit fiscal no tardará en reaparecer. Una opción es acelerar el recorte de subsidios energéticos, con impacto directo en tarifas, lo que a su vez presiona sobre la inflación y el poder adquisitivo.

Todo esto se conecta, nuevamente, con la discusión del IPC. Si la inflación se mide por debajo de lo que realmente sienten los hogares, la pérdida de poder adquisitivo se profundiza, aun en contextos de aparente estabilidad macro.

Si se observa el EMAE y los sectores que traccionan la actividad, el patrón es claro: el crecimiento proviene mayormente de sectores orientados al exterior, mientras el consumo interno permanece débil. Esto refuerza una economía dual, donde algunos sectores prosperan y otros se hunden.

Desde el inicio de la gestión de Javier Milei, se perdieron alrededor de 180.000 puestos de trabajo privados registrados, según datos oficiales del Ministerio de Trabajo basados en el SIPA. La destrucción de empleo se concentró en la industria y en sectores intensivos en mano de obra ligados al mercado interno, en algunos casos los más afectados por la apertura importadora.

construcción trabajo

La construcción lidera las pérdidas, con unos 73.000 empleos menos, en un contexto de paralización de la obra pública y una inversión privada insuficiente para compensar. La industria manufacturera recortó cerca de 58.000 puestos formales. En contraste, solo seis de los 19 sectores económicos mostraron aumentos netos de empleo, con el comercio y los servicios basados en el conocimiento como principales ganadores, aunque con un peso todavía limitado.

Aquí vuelve a cobrar vigencia la advertencia de Ricardo Arriazu, formulada hace casi un año: “La destrucción va a ser más rápida que la creación”. Lamentablemente, es exactamente lo que está ocurriendo en el mercado laboral.

Por otra parte, en el frente cambiario hay calma, pero una calma frágil. Parte de esa estabilidad se explica por el acceso al crédito, tanto externo como local. Sin embargo, la idea de otorgar créditos en dólares a quienes no generan dólares genuinos remite peligrosamente a experiencias del pasado. Empresas o personas que se endeudan en moneda extranjera contra ingresos en pesos recrean un riesgo conocido, que ya tuvo consecuencias graves en los años noventa.

La Argentina sigue mostrando debilidades estructurales: represión cambiaria, formas encubiertas de cepo, falta de reservas. Desde afuera, el país puede parecer que “hace las cosas bien”, pero la fragilidad es evidente. La confianza externa sigue siendo el punto más crítico.

El país parece, una vez más, atrapada entre grandes gestos y problemas cotidianos no resueltos. El acuerdo con Estados Unidos abre oportunidades reales, pero no reemplaza la necesidad de ordenar la macro, recuperar el empleo y reconstruir la confianza. La salida de Lavagna del INDEC fue un error evitable que reavivó dudas innecesarias.

Mientras tanto, la economía real sigue enviando señales de alerta. La historia muestra que ignorarlas siempre termina teniendo un costo. Y esta vez, como tantas otras, la pregunta no es si ese costo llegará, sino cuándo y cuán alto será.