El resultado es la derogación de 756 resoluciones. Este volumen no es menor y subraya la complejidad y el crecimiento orgánico de la legislación sectorial a lo largo del tiempo. Las resoluciones eliminadas incluyen, principalmente, aquellas de vigencia temporal—normas que cumplieron su ciclo al ligarse a una ventana específica de tiempo—y las que se emitieron para requerir información específica en respuesta a un contexto particular o una emergencia.
En este punto, la pregunta es: ¿La eliminación de estas 756 piezas normativas reduce, en efecto, la carga operativa de las bodegas y productores, o se trata fundamentalmente de una higienización del back-office estatal?
La finalidad declarada del INV es profundizar el proceso de desburocratización y modernización del Estado Nacional. Desde una perspectiva económica, la simplificación normativa disminuye la "carga regulatoria oculta", que se traduce en tiempo, esfuerzo y recursos que dedican las empresas a comprender, clasificar y asegurar el cumplimiento de un laberinto legal. Un cuerpo normativo más conciso, claro y vigente permite a los actores del mercado asignar más recursos a la producción e innovación y menos a la administración del cumplimiento.
Sin embargo, el valor real de esta acción se medirá en los próximos pasos. La derogación de normas muertas es un inicio, pero la modernización efectiva requiere una reingeniería de procesos, priorizando la digitalización, la automatización y la simplificación de los trámites que sí son vitales y recurrentes para el sector. Este "bisturí regulatorio" del INV puede verse como un indicador positivo de la voluntad política de ordenar el Estado, pero la expectativa del sector vitivinícola con conocimiento del detalle regulatorio es que esta poda sea el preludio de una simplificación funcional que se sienta en el bottom line del negocio.
