Reestructuración del INV: ¿Oportunidad o riesgo para el vino argentino?

El 8 de julio de 2025, el gobierno argentino, bajo el Decreto 462/2025, encendió la motosierra y reestructuró el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), entre otros entes vinculados al agro, incluyendo al INTA. A partir de la medida, el INV perdió su autonomía y quedó subordinado a la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía.

Esta medida, parte del "Plan Motosierra" de Javier Milei, busca reducir costos y burocracia en un organismo que, según el Ejecutivo, tenía una estructura sobredimensionada, con un presupuesto anual de $12,120 millones y 459 agentes, según datos oficiales de Argentina.gob.ar.

“Consultamos a muchos bodegueros y todos, sin excepción, marcaron el excesivo reglamentarismo del organismo que imponía cargas burocráticas, costos, y que dificultaba la innovación y experimentación. La complicación era tal que nos manifestaban que debían destinar empleados exclusivamente a cumplir con los trámites y exigencias del INV”, posteó Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado.

Sin embargo, la transformación desató un intenso debate en la industria vitivinícola, un sector que aporta $1,200 millones anuales en exportaciones y representa el 2.5% del PBI agroindustrial, según el Observatorio Vitivinícola Argentino.

Los cambios clave, uno por uno

De acuerdo al Decreto 462/2025, la reestructuración introduce modificaciones estructurales significativas:

• Pérdida de Autonomía: El INV ya no cuenta con Consejo Directivo ni Presidente propio, con funciones transferidas a la Secretaría de Agricultura.
• Certificación Relajada: La verificación de "genuineidad" (origen, cosecha, variedad) pasa a ser opcional, limitándose a la "aptitud para el consumo", según el Decreto 462/2025.
• Fiscalización Reducida: Los controles se concentran en la etapa final de la cadena, delegando tareas a terceros, lo que genera preocupaciones sobre trazabilidad.
• Eliminación de Fondos: Se suprimen recursos para promoción de exportaciones y subsidios a la investigación, afectando la competitividad global.

“Con esta medida se pone fin a un esquema regulatorio sobredimensionado, oneroso e ineficaz, que durante años perjudicó el desarrollo de una de nuestras principales economías regionales. A su vez, a partir de la centralización del organismo se generan ahorros por la eliminación de sus estructuras de apoyo administrativo:, explicó Sturzenegger. Y agregó: “El vino argentino no necesita más burocracia para crecer. Necesita libertad, reglas claras y eficiencia institucional”.

Impacto en el negocio

La industria vitivinícola, que en 2024 exportó 2.1 millones de hectolitros de vino por un valor de $1,200 millones (según el INV), enfrenta un panorama mixto. Por un lado, la desregulación simplifica trámites, como la resolución del 6 de junio de 2025, que agilizó controles en puertos, reduciendo costos operativos en un 15%, según estimaciones privadas. Esto podría beneficiar a pequeños productores, que representan el 60% de las 900 bodegas registradas en el país.

“Esta medida representa un verdadero alivio para miles de productores y bodegas de todo el país, y fortalece a una de las principales economías regionales de la Argentina”, aseguró Facundo Correa Llano, Diputado Nacional LLA.

Por otro lado, hay quienes afirman que la flexibilización de controles genera riesgos. La opcionalidad en la certificación de origen y variedad podría aumentar casos de adulteración, afectando la reputación del vino argentino, especialmente en mercados exigentes como EE.UU. y Europa, que absorben el 70% de las exportaciones.

Además, la eliminación de fondos para promoción internacional preocupa al sector, que ya enfrentaba una caída del 8% en exportaciones en el primer trimestre de 2025. "Sin inversión en promoción, competimos en desventaja con Chile y Australia", señaló un vocero de Bodegas de Argentina.

El sector vitivinícola muestra cautela. Si bien la reducción de burocracia es bienvenida, la pérdida de estándares podría impactar negativamente. Martín Hinojosa, exdirector del INV, advirtió que relajar controles de origen y variedad podría aumentar la informalidad y dañar la reputación del vino argentino en mercados globales, que absorben el 70% de las exportaciones. "La trazabilidad es nuestro sello de calidad", afirmó.

Por su parte, el gobierno defiende la medida, argumentando que los $12,120 millones del presupuesto del INV eran excesivos frente a su aporte al sector.

En este punto, la pregunta es: ¿Cuál es la perspectiva del negocio? La reestructuración del INV se alinea con la meta de reducir el gasto público en un 15% del PBI para 2025, según el Ministerio de Economía. Sin embargo, el impacto en la industria vitivinícola podría ser significativo si no se implementan salvaguardas.

La flexibilización de importaciones, habilitada por una resolución del 11 de junio de 2025, podría incrementar la competencia extranjera, con un aumento proyectado del 20% en importaciones de vinos. Esto, sumado a la falta de fondos para investigación, podría limitar la innovación en un sector que depende de la diferenciación.

La transformación del INV representa un punto de inflexión para la vitivinicultura argentina. Aunque la desregulación promete eficiencia, los riesgos para la calidad y la competitividad global son innegables. Con un sector que genera 150,000 empleos directos y un 2.5% del PBI agroindustrial, las decisiones futuras serán clave para balancear costos y estándares. La industria observa con atención, consciente de que el prestigio del vino argentino está en juego.